Judicial
Apenas pagará 27 años por 36 víctimas
Jaider Poveda Méndez, conocido como alias Jhonny Getial, fue condenado a 27 años y 20 días de prisión por su responsabilidad en una serie de crímenes que dejaron 36 víctimas de homicidio en el departamento de Valle del Cauca entre 2020 y 2022.
Alias Jhonny Getial ordenó los crímenes como parte de una directriz del grupo armado ilegal para ejercer control sobre las rentas ilícitas y generar zozobra entre la población civil.
Una ola de violencia desatada en Valle del Cauca, que dejó 36 víctimas de homicidio entre 2020 y 2022, tiene a uno de sus determinadores principales privado de la libertad en centro carcelario en atención a una condena de 27 años y 20 días de prisión que le acaba de ser impuesta.
Jaider Poveda Méndez, alias Jhonny Getial, cabecilla de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, aceptó mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación haber ordenado 19 crímenes en los corregimientos Timba, Guachinte, Ampudia, Villa Colombia y Potrerito, en Jamundí; y 17 más en Dagua, Buenaventura y Restrepo (Valle del Cauca).
Un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y emitió sentencia en su contra como responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, estas tres conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
En el curso de la investigación liderada por fiscales de la Dirección de Apoyo Territorial y de la Seccional Valle del Cauca se estableció que alias Jhonny Getial ordenó asesinatos selectivos como parte de una directriz definida por el grupo armado ilegal para ejercer control sobre las rentas ilícitas en el departamento, silenciar a quienes señalaban de ser colaboradores de la fuerza pública y generar zozobra entre la población civil.
Esta persona fue capturada el 7 de marzo del 2022, en el corregimiento Triana, en Buenaventura (Valle del Cauca).
En su momento fue judicializada por el homicidio de seis personas en zona rural de Restrepo (Valle del Cauca), el 3 de mayo de 2021.
Desde entonces permanece privado de la libertad. La condena en su contra, además de negar cualquier beneficio o subrogado penal, fijo una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
Foto: Infobae
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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