En evidencia grupo delincuencial señalado de facilitar el ingreso y salida de migrantes por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

La red estaría conformada por particulares y cuatro funcionarios de Migración Colombia señalados de facilitar el tránsito de los extranjeros por la terminal aérea sin pasar por los filtros migratorios.

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), puso en evidencia a un grupo delincuencial que sería el responsable de facilitar el ingreso y la salida irregular de ciudadanos chinos, mexicanos y vietnamitas por el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Cuatros de los presuntos integrantes de la red ilegal fueron capturados y judicializados. Se trata de los agentes de Migración Colombia Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero.

Estas personas son señaladas de aprovechar sus cargos para trasladar a los extranjeros por la terminal aérea sin cruzar los filtros de migración o llevarlos hasta los puestos de Migración Colombia y permitirles el tránsito diligenciando información falsa en los sistemas misionales de la entidad, eliminando filtros para validar el paso u omitiendo caprichosamente la verificación de la información.

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Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios también habrían utilizado pasaportes de otros ciudadanos para registrar a los migrantes sin que estuvieran presentes físicamente en los módulos.

En el curso de la investigación fueron acreditados 11 eventos delictivos en los que los agentes, al parecer, actuaron sin estar de turno ni habilitados para ejercer funciones, y permitieron el tránsito de extranjeros que salían del país con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica.

Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público.

Adicionalmente, a Cerón Reyes se le formuló el cargo de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en el entendido de que le fue encontrada munición para pistola sin autorización para su tenencia durante el procedimiento de captura realizado en un inmueble de Bogotá.

Por disposición del juez penal de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

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Condenado intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay

Simeón Pérez Marroquín fue contactado para organizar todo lo relacionado con el atentado y entregó el arma con la que se ejecutó el crimen.

En atención a las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la organización y coordinación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

Una juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 22 años y 4 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En el curso de la investigación se conoció que esta persona fue contactada para planear el ataque. En ese sentido, encomendó la articulación del plan criminal a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien habría definido la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

 Adicionalmente, alias El Viejo realizó labores de seguimiento a la víctima, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

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Asimismo, fue el encargado de entregar a Katherine Andrea Martínez Martínez el arma de fuego utilizada en el hecho, la cual fue modificada para aumentar su letalidad.

Posteriormente, una semana después del ataque, el hoy sentenciado le suministró dinero y un celular a Martínez Martínez, y facilitó su huida a Caquetá, donde sería entrenada en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc.

Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).

Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.

Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.

Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.

Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.

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Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.

Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

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La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.