Judicial
Sobre el homicidio del líder universitario Lucas Villa Vásquez
Los hermanos Jonatan Stiven y John Alexander Mejía Hurtado deberán ir a juicio como presuntos responsables de los delitos de homicidio de agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los elementos de prueba obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contras las Violaciones de los Derechos Humanos permitieron acreditar que el grupo delincuencial ‘La Cordillera’ sería el responsable del homicidio del líder estudiantil, Lucas Villa Vásquez, y las heridas causadas a dos personas más, entre ellas un menor de edad, en mayo de 2021, en el viaducto que une a Pereira con Dosquebradas (Risaralda).
Dos de los presuntos integrantes de esta estructura, los hermanos Jonatan Stiven y John Alexander Mejía Hurtado, quienes fueron capturados y judicializados por estos hechos en julio y octubre de 2023, respectivamente; fueron presentados ante una juez penal especializada de Manizales (Caldas) y acusados formalmente por los delitos de homicidio de agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Estos dos hombres habrían participado en la planeación del crimen, la definición de la logística y la ubicación de los tres hombres que vigilaron los movimientos de la víctima y le dispararon la noche del 5 de mayo de 2023.
Luego del ataque, el líder estudiantil fue trasladado a un centro asistencial, donde murió cinco días después.
La investigación da cuenta de que Jonatan Stiven Mejíá, alias Truán, como posible jefe de sicarios; y su hermano, alias Carevieja, presunto articulador del tráfico de estupefacientes al menudeo en el barrio San Judas Tadeo de Dosquebradas, al parecer, recibieron la instrucción de asesinar a Villa Vásquez porque las movilizaciones que promovía sobre el viaducto impedían el paso de las sustancias ilícitas, situación que afectaba las rentas ilegales de ‘La Cordillera’.
La audiencia preparatoria de juicio se realizará el próximo 28 y 29 de octubre.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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