Judicial
Servidores públicos que son una vergüenza
Condenado a siete años de prisión funcionario judicial que ordenó la libertad de un hombre que habría asesinado a una mujer
El servidor público omitió elementos materiales probatorios durante una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en el marco de un proceso judicial por homicidio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, demostró en juicio que el exfiscal tercero de la Seccional Caquetá, Diego Francisco Mosquera Rodríguez, actuó contrario a la ley al solicitar la libertad de un hombre capturado por causarle la muerte a una mujer el 25 de junio de 2017, en el barrio Las Avenidas, en Florencia (Caquetá).
Durante las audiencias preliminares el servidor judicial incurrió en distintas actuaciones contrarias a su deber y no presentó al juez de control de garantías elementos materiales probatorios que daban cuenta de la configuración del delito de homicidio agravado.
En ese sentido, retiró la solicitud de imposición de la medida privativa de la libertad en contra del procesado. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá) sentenció a Mosquera Rodríguez a 7 años de prisión y lo declaró responsable del delito de prevaricato por acción agravado.
Asimismo, le impuso una multa equivalente a 149.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y una inhabilidad de 9 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El fallo decretó como pena accesoria de pérdida del cargo como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Florencia.
La decisión conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Capturado exalcalde de Segovia (Antioquia) que estaría implicado en homicidio de líder sindical.
El crimen fue ejecutado por integrantes del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), por las continuas denuncias que realizaba en contra de la extracción ilegal de minerales.
Ante la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición el exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, capturado por unidades de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla (Atlántico), para atender una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por la presunta participación en el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, en Segovia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Los elementos materiales probatorios indican que Rodríguez Luján estaría implicado en la planeación del ataque sicarial en contra de Olarte Gaviria.
Integrantes de una estructura armada del denominado Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta y le dispararon hasta causarle la muerte.
El líder social habría sido atacado en retaliación por las continuas denuncias que hacía sobre minería ilegal en el nordeste antioqueño, en su condición de excabildante y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica) Seccional Segovia.
Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.
Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a Erik Stiven Socha Galvis y Duber Arley Ramírez Barón, por su presunta participación en el hurto a una mujer, bajo la modalidad de raponazo, en Yopal (Casanare).
Un fiscal de la Seccional Casanare, les imputó el delito de hurto agravado, luego de que fueran capturados en flagrancia por parte de personal de la Policía Nacional, el pasado 31 de diciembre.
Los hechos ocurrieron en una vía pública, cuando los procesados que se movilizaban en una motocicleta se apoderaron del bolso y sus pertenencias, entre ellas un celular y dinero en efectivo.
Las autoridades incautaron el vehículo que habría sido utilizada para el ilícito.
Por decisión del juez, los hoy imputados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía impacta a ‘Los del sur’, la red delictiva señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico.
Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de Poporro fueron notificados en centros carcelarios.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas ocho personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga.
En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), fueron incautados celulares, armas de fuego y 160 millones de pesos.
Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas 10 personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación.
Los elementos materiales probatorios indican que alias Poporro habría constituido un entramado que le permitió dar apariencia de legalidad a algo más de 6.000 millones de pesos, mediante inversiones en bienes raíces, compra de inmuebles y adquisición de vehículos de gama alta, entre otras actividades financieras.
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