Judicial
Se aprovechaban de los jóvenes

En evidencia red delictiva señalada de explotar sexualmente a menores de edad en parques y lugares públicos de Bucaramanga.
11 de los presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados y privados de la libertad.
Entre las víctimas hay adolescentes trans cuya situación de vulnerabilidad fue aprovechada para inducirlas a ejercer actividad sexual paga.
En inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, quedó en evidencia un negocio ilícito que crecía a costa de la integridad y la formación física y sexual de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros.
Una red delictiva, con roles plenamente establecidos, contactaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a 11 de los presuntos involucrados en la actividad ilegal.
Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada.
Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Los elementos materiales probatorios indican que María José y Diana serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales.
En otros casos, la ciudadana venezolana Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad.
Los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes.
Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.
Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.
Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Judicial
A la cárcel un abusador

Asegurado en centro carcelario profesor de artes que habría abusado sexualmente de dos de sus alumnas menores de edad
Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García , profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.
Entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.
Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.
En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.
El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Judicial
Siguen destapándose las ollas podridas de Gestión del Riesgo Nacional

Pedro Rodríguez Melo será testigo en investigaciones por actos de corrupción en la UNGRD, direccionamiento de contrato de Licores en Nariño y proyecto de reconstrucción de Mocoa.
El exasesor jurídico, condenado por la apropiación de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en virtud de un principio de oportunidad se compromete a entregar información y evidencias en contra de 13 personas involucrados en cinco radicados.
Una juez penal de control garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor Jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, vinculado a dos investigaciones relacionadas con actos de corrupción en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en varios departamentos; y en el posible direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño.
Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público.
Asimismo, Rodríguez Melo se compromete a servir como testigo de cargo contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos relacionados con tres eventos delictivos: la apropiación de recursos y la contratación irregular en la UNGRD; el proceso de regulación del negocio de licores y su adjudicación en la Gobernación de Nariño; y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).
El pasado 8 de abril, el exfuncionario de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor propio y de terceros.
Judicial
Cayó una infiltrada del Clan del Golfo

Condenada articuladora del componente de corrupción del ‘Clan del Golfo’ en magdalena medio y sur de Bolívar
Teresa Jaramillo Giraldo sería la dinamizadora de un grupo de personas que contactaba a algunos integrantes de la fuerza pública y les pagaba determinadas sumas de dinero por información sobre operaciones militares y movimientos de las tropas.
Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, aceptó su participación en una red de corrupción al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’, que entregaba dádivas a algunos integrantes de las fuerzas militares a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas de la organización criminal evadir la acción de las autoridades.
En ese sentido, un juez penal especializado la condenó a 4 años y 15 días de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial dan cuenta de que la mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Por estos hechos, recientemente también fueron condenados el cabo primero en retiro del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, quien por orden de ‘La Tía’ le ofreció a un oficial 100 millones de pesos por datos privilegiados de su unidad militar; Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la hoy sentenciada, encargados de desembolsar cada uno 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín (Antioquia), entre octubre de 2024 y enero de 2025.
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