Judicial
Se aprovechaban de los jóvenes
En evidencia red delictiva señalada de explotar sexualmente a menores de edad en parques y lugares públicos de Bucaramanga.
11 de los presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados y privados de la libertad.
Entre las víctimas hay adolescentes trans cuya situación de vulnerabilidad fue aprovechada para inducirlas a ejercer actividad sexual paga.
En inmediaciones de los parques Centenario y Santander, en el centro de Bucaramanga, quedó en evidencia un negocio ilícito que crecía a costa de la integridad y la formación física y sexual de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros.
Una red delictiva, con roles plenamente establecidos, contactaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad, les proporcionaban transporte y las inducían a ejercer actos sexuales en residencias, hoteles y bares con disponibilidad permanente y a cambio de determinadas sumas que eran administradas por las señaladas articuladoras principales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a 11 de los presuntos involucrados en la actividad ilegal.
Se trata de las mujeres trans Diana Chinchilla y Barón Correa María José; los propietarios o administradores de hoteles o residencias, Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño; el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto; los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas; y Leonela Milagros Carreño Palencia.
Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron el delito de trata de personas agravada.
Adicionalmente, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto les formularon cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Los elementos materiales probatorios indican que María José y Diana serían las encargadas de exponer a las adolescentes para concertar los servicios sexuales.
En otros casos, la ciudadana venezolana Carreño Palencia presuntamente captaba a las víctimas y les proporcionaba cédulas para ocultar sus identidades y hacerlas pasar como mayores de edad.
Los propietarios y administradores de residencias, hoteles y bares son señalados de permitir que las adolescentes ingresaran a sus establecimientos y ejercieran las actividades sexuales, sin dejar registros en los libros de control de los huéspedes.
Entre tanto, los taxistas facilitaban los trasladados de las menores de edad.
Las evidencias indican que Carreño Palencia también habría explotado sexualmente a algunas de sus familiares menores de edad.
Por disposición de los jueces de control de garantías, 10 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Judicial
Capturados con fines de extradición presuntos integrantes de red narcotraficante con nexos con el ELN y el ‘Clan del Golfo’
Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.
De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.
La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.
Judicial
Por crimen de dos policías en el suroeste antioqueño fue judicializado presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Argiro Cossio, alias Guajiro, señalado cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del ‘Clan del Golfo’, por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos integrantes de la Policía Nacional ocurridos en el suroeste antioqueño durante el año 2025.
De acuerdo con el material probatorio, alias Guajiro habría participado en la activación de un artefacto explosivo el 16 de abril de 2025 en zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). En este ataque perdió la vida el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona.
Posteriormente, el 10 de julio de 2025, al parecer, ejecutó el asesinato del patrullero Luis Carlos González Bejarano en el corregimiento Santa Rita, municipio de Andes (Antioquia). Según la investigación, el uniformado fue atacado en varias oportunidades con arma de fuego y el agresor huyó del lugar.
Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
Durante las audiencias preliminares, el acusado no se allanó a los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias Guajiro fue capturado tras un enfrentamiento armado entre el grupo ilegal y la Policía Nacional, procedimiento en el que se incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicación y otros elementos de interés para la investigación.
Fiscalía adiciona nuevos hechos a imputación de tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos en Medellín sin tener la idoneidad.
En audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera voluntaria su presunta participación en todos los hechos atribuidos.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, presuntas responsables de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia), sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
En el desarrollo de la audiencia de adición de imputación las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, entre abril de 2023 y mayo de 2024, las tres procesadas y otras personas, habrían realizado numerosos procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas, en su mayoría por redes sociales, para practicarse una intervención denominada ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.
Las investigadas, al parecer, participaron directamente en los procedimientos estéticos en labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
El material probatorio recopilado estableció que cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, trasladaban su operación a otros barrios.
La Fiscalía determinó que 55 personas serían víctimas de estos procedimientos invasivos por parte del personal. Más de 40 mujeres a raíz de las intervenciones sufrieron lesiones como deformidades, limitaciones, dolores crónicos y otras complicaciones físicas.
Estas mujeres permaneces privadas de la libertad en establecimiento carcelario desde octubre de 2025.
Por estos hechos, la Fiscalía también judicializó de Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, las dos señaladas articuladoras de la actividad delincuencial.
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