Opinión
Reforma Laboral: ¿Una oportunidad para reconciliar al país?

Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.
Lo que podría ser uno de los acuerdos más importantes del País -tan solo comparable con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991- se podría venir abajo con la actitud desaforada del Presidente Gustavo Petro, en imponer a toda costa –al precio que sea- una incierta Consulta Popular, incluso con el agravante de convocarla por Decreto –sin contar con la aprobación del Senado- lo que conduciría a la sujeción del Congreso al Poder Ejecutivo, lo que en otra palabras significa un “Golpe de Estado”.
La insistencia de Petro vendría a coincidir con lo que se cuestiona a la izquierda, en el sentido de que están más prestos a la deliberación, a la constante oposición, a mantenerse vigente con llevar la contraria -sin reconocer nada al “establecimiento”- quedando atónitos cuando en la Comisión Cuarta de Senado no solo se descarta el archivo de la Reforma Laboral, sino que además se aprueba sin mayores contratiempos el articulado de la misma, acabando entonces con el “caballito de batalla” de los “espadachines” del Gobierno, aún más cuando el ponente John Jairo Roldán reveló que la iniciativa legislativa aborda alrededor de diez (10) de la doce (12) preguntas de la Consulta Popular.
No es la intención de esta Columna explicar los ajustes de la Comisión Cuarta, sino más bien enfatizar en la importancia de un acuerdo nacional, que no solo saque avante esta Reforma, sino que sea el primer paso para reconciliar al País –acabando con esta alarmante polarización- en donde todos los sectores de la Nación –incluidas las bancadas del Congreso- aporten su parte para que el final de la “era petrista” el año entrante termine sin mayores traumatismos, así la estrategia gubernamental pareciera que apunta a la generación de conflicto, como lo reconoció el Exministro Juan Fernando Cristo, incluso mucho antes de ser designado en la Cartera del Interior por el presidente Petro.
La intervención del ponente Juan Felipe Lemos demuestra que si es posible alcanzar ese acuerdo nacional, al aclarar de entrada que siguen intactos 39 artículos de Cámara, se modifican “solo” en redacción 28, se eliminan 14 y se fusionan 5, lo que sin duda significa que se acerca a la propuesta inicial del Gobierno, dentro de esa compleja pero constructiva discusión en el Congreso, en donde la técnica legislativa inicia un proceso de destilación y mejoramiento, que puede ir logrando el concurso de todas las bancadas –que de hecho aportaron en la construcción de la ponencia mayoritaria- siempre y cuando el Presidente Petro deje de pensar en la rentabilidad política a última hora de una Consulta.
Y no es para menos: Lemos explica entonces que se fija el recargo nocturno de 7 PM a 6 AM, esperando en la Plenaria del Senado –como debe ser- si acoge o no la excepción de este horario para micro y pequeñas empresas, porque su aplicación –argumenta el Ponente- significaría ni más ni menos que una quiebra o por lo menos el debacle económico para las mismas, lo que torna aún más interesante los ajustes a este Artículo en la Plenaria del Senado y posteriormente al conciliar los textos de cada una de la Cámaras.
Y fíjese –estimado lector- cómo el trámite legislativo va delineando los límites de la concertación, porque ratifica el recargo dominical del ciento por ciento, acogiendo lo aprobado en Cámara, en el sentido de hacerlo de manera gradual; pero tomando otro camino al mantener el recargo de los festivos con el 75 por ciento –la cámara lo aprobó con el ciento por ciento- explicando Lemos que Colombia tiene el mayor número de festivos en Latinoamérica.
Y definitivamente lo “revolucionario” de esta ponencia mayoritaria, es el establecimiento de una prima adicional por aumento de utilidades de las empresas –entre el 20 y 40 por ciento de un salario mínimo- no sin antes de anotar Lemos que esta medida es viable siempre y cuando el Gobierno Nacional impulse una serie de incentivos tributarios para las mismas; mientras que el Contrato de Aprendizaje necesitará de un duro empuje en la Plenaria para su consolidación, y que se sintetiza en una mayor formalización del mismo, con un pago entre el 60 y 100 por ciento del salario mínimo, más la inclusión del practicante en la respectiva seguridad social.
El trabajo adelantado por la Senadora Angélica Lozano en la Presidencia de la Comisión Cuarta, facilitó la discusión con todas las garantías de la Reforma Laboral, por lo que no tiene perdón de Dios que algunos sectores Petristas pretendan cuestionar no solo su trabajo sino su integridad como persona, cuando ha sido siempre una legisladora estructurada, coherente, fiel a su principios – con una extraordinaria sencillez- que además tiene la suficiente sapiencia en el trámite legislativo, dada su experiencia inicial como asistente y asesora del Congreso.
Coletilla: En medio de ese consenso entre todas las bancadas, el Senador José Vicente Carreño radicará en la Plenaria una proposición para ampliar la estabilidad laboral entre tres (3) a seis (6) años para un prepensionado en situación de discapacidad –dependiendo el tipo de la misma- teniendo en cuenta que actualmente a cualquier colombiano, no se le puede despedir de su trabajo tres (3) años antes de pensionarse.
Opinión
Deudas con el Icetex: ¿una salida al final del túnel?

Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.
Uno de los aspectos que más me ha sorprendido del actual Gobierno Nacional- dado su supuesto énfasis social- es que en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, rechazó de manera tajante -al lado de los ponentes- una proposición del Senador José Vicente Carreño Castro, para una eventual condonación de los créditos del ICETEX.
Lo interesante de la proposición del Senador Carreño, es que la condonación dependía de un aporte concreto y eficaz del beneficiario a su región, que incidiera en su desarrollo integral socioeconómico, con base en las aptitudes cognitivas, académicas y prácticas del mismo, y en conformidad con las necesidades más sentidas de la comunidad.
Una iniciativa legislativa del Senador Alirio Barrera y con ponencia del Senador Esteban Quintero –que fue aprobada en la Comisión VI, y esta semana se discute en la Plenaria- pretende conceder una “amnistía y alivios económicos a los deudores” del ICETEX, convirtiéndose no solo en una salida viable para éstos, sino en una invaluable oportunidad para la recuperación de cartera, que vendría a amortiguar la preocupante crisis financiera de la entidad.
La amnistía y los alivios económicos están dirigidos a deudores del ICETEX, que “tengan pendiente el pago de sus obligaciones”, o en otro caso que “estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago”, con el fin de “obtener un descuento del hasta un cincuenta por ciento (50%) del total de su deuda y hasta el ciento por ciento (100%) de sus respectivos intereses”, haciendo énfasis en aquellas personas con una condición de vulnerabilidad.
El Senador Carreño fue más allá y radicó una proposición a este proyecto de ley –basada parcialmente en la que presentó al Plan Nacional de Desarrollo- en el sentido de condonar o perdonar entre el cincuenta (50) y setenta y cinco (75) por ciento del crédito, “para deudores que residen en zonas vulnerables y de difícil acceso, incluidas” aquellas zonas en condición de frontera, porque al liberar de estos empréstitos a esos profesionales de geografías inhóspitas –asegura Carreño- les da una mayor disponibilidad a los mismos, para aportar en cada uno de los renglones claves de su región.
Opinión
El Partido Llanero

Por: Carlos Cárdenas Ortiz – Ex Senador de la República
EL PARTIDO LLANERO ES EL INSTRUMENTO POLÍTICO VIABLE PARA EL DESARROLLO DEL LLANO Y EL PAÍS
Para esta época, hace 22 años, en un “toldo” en plenas fiestas patronales de San José en Pore, Casanare, unos llaneros poreños de a caballo, con mi padre Miguel Cárdenas lanzamos la idea de fundar el Partido Político Llanero.
En Pore, municipio de Casanare, Capital de la Nueva Granada, tierra del Presidente Llanero Juan Nepomuceno Moreno, punto estratégico de la campaña libertadora al mando del Libertador Simón Bolívar, nació hace 22 años la idea de iniciar la segunda campaña libertadora, desde Pore para llegar a la capital nuevamente, esta vez, pisando fuerte con el estandarte del Partido Político Llanero.
Y se fundamentaba la idea en la misma realidad que hoy vivimos: el abandono y poco interés que tienen desde Bogotá, para el desarrollo de esta provincia. Una región rica en agua, oxígeno, fauna, flora y que en los últimos decenios descubrió su riqueza minero energética y además mejor territorio para garantizar la seguridad alimentaria y en el nuevo polo de desarrollo de esta región, como lo es el turismo en sus diferentes modalidades. Este comentario tiene su fuente en costosos y numerosos estudios, investigaciones de las grandes universidades internacionales y el país, consultorías del Banco de la Republica, DNP, Fedesarrollo, Corporinoquia, entre otros. Con decirles que, llevo 30 años leyéndolas y dicen lo mismo y así quedaron: en escritos de buenas intenciones. De sólo lectura porque, de la “ejecución”, ya este cincuentón, no cree que alcanzará a verlas ni mucho menos disfrutarlas.
Y es que, en éste estado Colombiano, organizado como República Unitaria, las decisiones de las políticas públicas, la repartición del billete para las obras nacionales que escojan en Bogotá y que se construirán cada año y de las personas que se nombrarán en las 450 altas entidades nacionales, están centralizadas y depende de sendas reuniones en “Palacio de Nariño”, entre el Presidente de la República de turno y los directivos de los Partidos Políticos, que luego, repercuten en sus “bancadas” para la correspondiente aprobación en el Congreso de la República. Y el desarrollo se hace con dinero y con personas que desde los Ministerios y entidades nacionales sientan su región.
No he visto, un partido político que defienda al llano, con una obra regional de impacto nacional o promueva una hoja de vida de un profesional llanero, para ser nombrado ministro, Magistrado, Procurador, Contralor o en otros de las 450 entidades nacionales.
De otra parte, los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales muy poco o nada, tienen que ver en estas decisiones del dinero para el desarrollo regional, pero si son la caja de resonancia de la crítica local por la falta de recursos, de obras, de seguridad de los ciudadanos. Todo depende del Vo. Bo. de Bogotá. Afortunadamente aparecieron las regalías petroleras si no, no me imagino como estuviéramos.
De ahí y como respuesta es la iniciativa de crear el Partido Político Llanero, que lleva 5 intentos en la búsqueda de la personería jurídica. Aprovecho para saludar a los 20 mil afiliados fundadores que han aportado a crecer este proyecto en estos años, en los 6 departamentos llaneros y se espera que este año 2025, logre el reconocimiento de su personería jurídica. Para el año 2022, cuando fue, su quinto intento, registró su lista al Senado con 100 líderes -67 llaneros y 33 llaneras oriundos de los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Bogotá, entre otros, respaldados por 100 mil firmas de llaneros y colombianos que los impulsaron.
Nadie es profeta en su tierra dice el adagio popular, pero se espera que pronto los MILLÓN QUINIENTOS MIL llaneros en el censo electoral regional, evalúen y analicen que las 13 credenciales en la Cámara de Representantes y los posibles 12 senadores llaneros que podríamos tener en el Congreso, cumplirían mejor su labor congresional con el Partido Político Llanero, en beneficio de la región y el país.
¡Y el llano está preparado también para que podamos elegir un presidente de la República llanero o llanera!
La tarea continúa y se espera que usted amigo lector se vincule. De mi parte seguiré asesorando este proyecto hasta que Dios lo permita.
Entérese mejor y solicite información al correo: llaneromipartido@gmail.com o redes sociales: Partido Político Llanero.
Opinión
Congreso pondría en cintura encuestas electorales

Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor
En dos (2) elecciones presidenciales -una en Estados Unidos y otra en Colombia- las encuestas electorales fueron un absoluto fracaso, sus mediciones estaban en la dirección opuesta a los resultados finales de los comicios.
Lo curioso es nadie las cuestionó, ni mucho menos fue un escándalo, cuando lo que se debió fue abrir un debate a nivel nacional -por lo menos en Colombia- para revisar la veracidad incluso la legitimidad de las encuestas, pero al contrario ese desacierto fue arrojado al cesto de la basura, sin que el Consejo Nacional Electoral ni demás autoridades competentes tomaran cartas en el asunto, y procedieran a imponer las necesarias y correspondientes sanciones.
Y lo más sorprendente: las encuestadoras regresaron campantes en las siguientes elecciones, llenas de brío, totalmente renovadas, con más ímpetu y con su credibilidad intacta para realzar o descartar candidatos, como si nada hubiera pasado, hasta tal punto que actualmente en Colombia las mismas son definitivas para definir tendencias en una recta final a la Presidencia.
Esa así como la Plenaria del Senado aprobó -la semana pasada- un proyecto de ley para regular la realización y publicación de las encuestas para cargos de “elección popular y opinión pública”, que permita garantizar la veracidad de los datos, mediciones y resultados, estableciendo los debidos términos y procedimientos para las técnicas de investigación (Artículo 1).
La iniciativa legislativa –que tiene como autora y ponente respectivamente a las senadoras Angélica Lozano y Clara López- delimita estos estudios cuantitativos a las “preferencias, opinión o tendencias políticas y electorales”, en donde se incluye “la intención de voto y la imagen de los personajes o candidatos” (Artículo 2), siendo interesante la diferencia entre encuesta y sondeo, en donde la primera es una medición técnica y científica, que entrevista a un grupo representativo, para “obtener una información estadística”; mientras que el sondeo recopila “opiniones y actitudes” dentro de un grupo poblacional, que de todos modos –advierte- no se considera representativo, sino que simplemente estable una percepción (Artículo 3).
La Plenaria acogió entonces una proposición del Senador José Vicente Carreño, para que en la divulgación o publicación de los resultados del sondeo, se aclare que de todos modos no es una muestra representativa, porque por ejemplo un desaparecido noticiero de televisión, anunciaba con bombos y platillos los resultados de su sondeo sobre la imagen de los gobernadores, en donde se daba como un hecho la “excelente” o “pésima” gestión del primero y el último, sin aclarar que ese sondeo no tenía el rigor estadístico de la encuesta, perjudicando no solo al que no le fuera tan bien en el sondeo, sino además presentado una información errónea y de alguna manera sesgada al ciudadano.
Este Proyecto de Ley –que ahora pasa a Comisión Primera y Plenaria de Cámara- va más allá al fijar como margen de error máximo el tres (3) por ciento, lo que significa que el resultado real está entre tres puntos por encima y por debajo, buscando entonces el legislador hacer aún más eficaces estos resultados, como también la conveniente exigencia de mínimo un noventa y cinco (95) por ciento de nivel de confiabilidad.
La iniciativa es todavía más audaz al establecer que para encuestas nacionales, se deben adelantar en ciudades con poblaciones no inferiores a ochocientos (800) mil habitantes, y en una medida audaz para garantizar la igualdad y equidad en el ámbito departamental, la encuesta se debe adelantar en la Capital y el veinte (20) por ciento del resto de municipios.
Coletilla: Una de las medidas más contundentes de esta iniciativa, es sin duda aquella que prohíbe la publicación en medios de comunicación masivos, resultados de encuestas falsas o que no cumplan con los requerimientos técnicos y legales, a lo que se acogió en Plenaria una proposición del Senador Carreño, para que tampoco se publiquen estas encuestas distorsionadas en las redes sociales (Artículo 9).
En otras palabras, se acaba la “guachafita” de convocar y publicar de manera informal encuestas o sondes –un internauta que espontáneamente se le ocurra, o cualquier grupo político interesado- por cuanto no cumplen con los requisitos del caso, y que termina incidiendo de manera errónea en la intención de voto de los ciudadanos.
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