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Privado de la libertad 7 años

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Sancionado adolescente que disparó y le causó la muerte al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

El joven, de 15 años, aceptó durante la audiencia de acusación su participación en el ataque armado.

Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada.

En el curso de la investigación se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado.

En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi.

Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó.

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En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato, y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Dos meses y siete días después el senador y precandidato Uribe Turbay murió.

La sanción conocida es primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Este proceso se siguió de acuerdo con los parámetros definidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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A la cárcel un abusador

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Asegurado en centro carcelario profesor de artes que habría abusado sexualmente de dos de sus alumnas menores de edad

Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual.

En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Nel García , profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá) quien habría abusado sexualmente de dos de sus estudiantes de cinco y seis años.

Entre enero de 2020 y agosto de 2023, el docente presuntamente agredió a las niñas aprovechando que asistían a las clases sin sus padres y las intimidó para que no reportaran lo que sucedía.

Finalmente, las víctimas pusieron la situación en conocimiento de los profesores y orientadores del colegio en el que estudiaban, quienes activaron los protocolos de protección y denunciaron ante la Fiscalía.

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En ese sentido, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a García en Moniquirá.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó el cargo y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Siguen destapándose las ollas podridas de Gestión del Riesgo Nacional

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Pedro Rodríguez Melo será testigo en investigaciones por actos de corrupción en la UNGRD, direccionamiento de contrato de Licores en Nariño y proyecto de reconstrucción de Mocoa.

El exasesor jurídico, condenado por la apropiación de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en virtud de un principio de oportunidad se compromete a entregar información y evidencias en contra de 13 personas involucrados en cinco radicados.

Una juez penal de control garantías de Bogotá impartió legalidad al principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el exasesor Jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Andrés Rodríguez Melo, vinculado a dos investigaciones relacionadas con actos de corrupción en la contratación de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en varios departamentos; y en el posible direccionamiento irregular de un contrato de comercialización de licores en Nariño.

Con esta decisión se suspende la acción penal en contra del procesado, por el término de un año, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo; falsedad en documento privado; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y falsedad material en documento público.

Asimismo, Rodríguez Melo se compromete a servir como testigo de cargo contra 13 personas investigadas en cinco radicados distintos relacionados con tres eventos delictivos: la apropiación de recursos y la contratación irregular en la UNGRD; el proceso de regulación del negocio de licores y su adjudicación en la Gobernación de Nariño; y el proyecto de reconstrucción de Mocoa (Putumayo).

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El pasado 8 de abril, el exfuncionario de la UNGRD fue condenado mediante preacuerdo a 4 años, 10 meses y 19 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado en favor propio y de terceros.

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Judicial

Cayó una infiltrada del Clan del Golfo

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Condenada articuladora del componente de corrupción del ‘Clan del Golfo’ en magdalena medio y sur de Bolívar

Teresa Jaramillo Giraldo sería la dinamizadora de un grupo de personas que contactaba a algunos integrantes de la fuerza pública y les pagaba determinadas sumas de dinero por información sobre operaciones militares y movimientos de las tropas.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Teresa Jaramillo Giraldo, alias La Tía, aceptó su participación en una red de corrupción al servicio de la subestructura Arístides Mesa Páez del ‘Clan del Golfo’, que entregaba dádivas a algunos integrantes de las fuerzas militares a cambio de información confidencial que permitiera a los cabecillas de la organización criminal evadir la acción de las autoridades.

En ese sentido, un juez penal especializado la condenó a 4 años y 15 días de prisión, como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial dan cuenta de que la mujer articulaba a un grupo de personas que contactaba a militares y les pagaba determinadas sumas de dinero a cambio de detalles sobre los movimientos de las tropas y las operaciones contra el ‘Clan del Golfo’ en las regiones del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Por estos hechos, recientemente también fueron condenados el cabo primero en retiro del Ejército Nacional Juan David Caicedo Lucumí, quien por orden de ‘La Tía’ le ofreció a un oficial 100 millones de pesos por datos privilegiados de su unidad militar; Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de la hoy sentenciada, encargados de desembolsar cada uno 25 millones de pesos a otro uniformado en Medellín (Antioquia), entre octubre de 2024 y enero de 2025.

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