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Minería ilegal es el nuevo ‘combustible’ para la expansión de los grupos armados ilegales

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La advertencia fue hecha por el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe ‘Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal’, en Pasto (Nariño).

La Defensoría está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como aporte para el análisis de la minería ilegal, pero también como punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad.

Campesinos y mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos por el Estado, que debe hacer todo lo posible para salvaguardarlos del avance de los actores armados al margen de la ley, pues siguen atentando contra su vida e integridad, es el llamado de Carlos Camargo Assis.

La disminución de los cultivos está trasladando a las estructuras criminales hacia negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo ‘combustible’ de la expansión de los grupos armados ilegales, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe ‘Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal’.

El documento pone de manifiesto la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, pues son los escenarios donde están los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

“A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro”, explicó Carlos Camargo Assis.

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La Defensoría del Pueblo está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial. Adicionalmente, este esfuerzo se complementará con el reciente fortalecimiento de las capacidades analíticas de datos de la entidad de derechos humanos.

La disputa por el territorio y su riqueza natural, y el aprovechamiento del cese al fuego

La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 sobre la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.

“El cese al fuego ha sido la patente de corso y el principal motor para las vulneraciones de derechos humanos de la ciudadanía en el último año y medio. Y todo porque ha generado un incremento en la extorsión, lo cual afecta a los más pobres del país. Ha habido, además, un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, “para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas”.

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Campesinos y mineros deben ser protegidos

“Mi mensaje es claro y contundente: los campesinos y los mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos, sus derechos tienen el mismo valor que los de cualquier otro ciudadano. Es deber del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlos del avance de los grupos armados, que siguen atentando contra su vida e integridad”, enfatizó Carlos Camargo Assis.  

El desplazamiento, que convierte a Nariño en el principal generador de víctimas, da cuenta de la expansión de los grupos al margen de la ley, razón por la que es necesario actuar con contundencia, para que no sigan acabando con la vida ni con la economía de la población.

Integración de sistemas de información, crucial para analizar riesgos

El Defensor también hizo un llamado a la articulación institucional. Es clave integrar los sistemas de información disponibles que vinculen datos, cifras y fuentes relacionados con el seguimiento a las actividades económicas, como la minería, para hacer el debido análisis de riesgos sobre los derechos humanos de la población en los territorios.

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Las Alertas Tempranas dan cuenta de la crítica situación

De las 39 Alertas Tempranas emitidas el año pasado por la entidad en el país, 16 advierten riesgos asociados a la minería ilegal, y en lo corrido de este año, de las 10 alertas emitidas, cuatro advierten los mismos riesgos.

“No vamos a bajar la voz frente a tales desafueros. En las últimas dos semanas emitimos cuatro Alertas Tempranas para varias regiones del territorio nacional. La situación de las comunidades en materia de vulneración de derechos, aunque es crítica, debe ser remediada”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

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La Corte exhorta a que la Policía Nacional reconozca sin dilaciones las pensiones de sobrevivientes a hijos en condición de discapacidad  

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La Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela de Felipe, una persona en condición de discapacidad visual desde que contaba 27 años de edad y quien, tras el fallecimiento de su padre, solicitó la sustitución pensional, sin que la Policía Nacional accediera a su otorgamiento, por considerar que carecía de las pruebas para demostrar su condición de invalidez, entre ellas el dictamen de la Junta Médica de esa institución, y por entender que no era posible realizársela por no ser beneficiario de esta.

Felipe consideró que las accionadas vulneraban sus derechos al impedirle acceder efectivamente a dicha calificación, pese a que contaba con un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo que le impedía el disfrute de la pensión que en vida le fue otorgada a su padre, quien velaba por su apoyo económico y emocional. En su criterio, las barreras administrativas que le fueron impuestas lesionaban injustamente sus garantías constitucionales, entre ellas al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social.

La Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, protegió los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Felipe.

Al efecto recordó que el hijo inválido que reclame la sustitución de una pensión reconocida por la Policía Nacional sólo debe acreditar

  1. el parentesco con el causante
  2. la situación de invalidez anterior a la fecha del fallecimiento de aquel
  3. su dependencia económica

En criterio de la Sala, la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional no debió negarse a realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral a partir de las normas que regulan la calidad de beneficiarios del subsistema de salud, pues el subsistema pensional de los miembros de la Policía Nacional no impide que los eventuales beneficiarios de la sustitución pensional soliciten dicha calificación después de superar los 25 años.

También la Sala de Revisión consideró que el Grupo de Pensiones de la Policía Nacional no debió negarse al reconocimiento pensional y que le correspondía acoger el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación de invalidez, aportado por Felipe, pues los dictámenes de la Junta Médica de aquella institución no son una prueba solemne ni única para el efecto.

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Además, la Sala de Revisión estimó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban el parentesco entre Felipe y su padre, que la patología fue anterior a su muerte y que dependía económicamente de este. En consecuencia, la Corte le ordenó a una de las accionadas reconocer la sustitución pensional a favor de Felipe, incluyendo el pago del retroactivo, con la respectiva inclusión en nómina.

La Corte exhortó a la Policía Nacional a que, para los efectos de las solicitudes pensionales por parte de los posibles beneficiarios de prestaciones de sustitución que señala el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, tenga en cuenta la calificación de invalidez realizada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan la determinación de dicho estado. Asimismo, le indicó que no puede rechazar una solicitud de valoración de pérdida de capacidad laboral bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la invalidez debe ser anterior a los 25 años de edad del solicitante.

Sentencia T-451 de 2025

M.P. Juan Carlos Cortés González

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¿Por qué el 15 de enero es la fecha clave de SINIGAN V6?

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En los últimos días, productores y ganaderos han recibido información sobre el registro en SINIGAN V6 y la fecha del 15 de enero. Desde el sistema, es importante aclarar con precisión qué representa esta fecha y por qué es fundamental actuar oportunamente.

Es importante señalar que, después del 15 de enero, los productores y transportadores podrán continuar registrándose en SINIGAN V6. No obstante, esta fecha marca el cierre de la etapa de registro prioritario, un periodo clave para garantizar que la información de los predios y los datos de vacunación migren de manera más rápida, ordenada y oportuna al nuevo sistema.

A partir del 15 de enero iniciará la etapa de validación de predios. Durante esta fase, los productores y ganaderos podrán consultar en el sistema cuáles son los predios que tienen cargados y asociados a su información, datos que alimentan directamente el ciclo de vacunación. Es importante precisar que únicamente en el caso de que un predio previamente registrado no aparezca reflejado en la plataforma, el productor deberá acercarse a la oficina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para realizar la verificación correspondiente. Fuera de esta situación puntual, no es necesario acudir a las oficinas, ya que el proceso se gestiona directamente a través del sistema.

SINIGAN V6 representa un avance significativo en la gestión de la información ganadera del país. Esta nueva versión fue desarrollada para ofrecer una plataforma más intuitiva, ágil y eficiente, que simplifica los procesos administrativos y mejora la experiencia de los usuarios. Entre sus principales beneficios se destacan la actualización en tiempo real de la información de los predios, una mayor estabilidad del sistema y la optimización de los tiempos de respuesta en trámites clave para el sector.

Realizar el registro durante esta etapa prioritaria facilita los procesos posteriores, permite contar con información actualizada y contribuye a que los trámites se desarrollen con mayor agilidad y eficiencia, tanto para los usuarios como para las entidades responsables de la gestión sanitaria y productiva del país.

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Por esta razón, se invita a los productores y ganaderos a realizar su registro en SINIGAN V6 lo antes posible. Hacerlo a tiempo no solo beneficia al productor de manera individual, sino que fortalece el funcionamiento del sistema en su conjunto, al garantizar datos confiables y procesos más fluidos para todos los actores del sector.

SINIGAN V6 fue diseñado para ser un sistema más fácil, más rápido y más eficiente, pensado para acompañar al sector agropecuario con herramientas que respondan a sus necesidades y aporten a una mejor gestión de la información ganadera en Colombia.

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Ecopetrol fortalece la producción láctea en la vereda Manoguía de Aguazul

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Ecopetrol entregó equipamiento para fortalecer la producción artesanal de lácteos en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul, beneficiando a 22 productores ganaderos que desarrollan esta actividad a escala familiar.

La dotación incluyó 330 elementos, entre ellos: baldes de ordeño, calderos, cantinas lecheras, coladores, utensilios en acero inoxidables y mesones de trabajo; los cuales permiten mejorar los procesos de transformación, higiene e inocuidad de los productos lácteos.

Para Wilmar Cuevas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Manoguía, el proyecto es una oportunidad de transformación productiva: “Hoy estamos contentos: la comunidad, los finqueros, este es un proyecto para mejorar la calidad de vida de la gente. Es como cambiar el chip petrolero por el sector agropecuario”.

Esta entrega hace parte del proyecto “Soluciones integrales ganaderas en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul del departamento de Casanare, como parte del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) de Ecopetrol 2021- 2022, convenio de exploración y producción de hidrocarburos Área Santiago de las Atalayas”, que contempla una inversión de $682 millones.

“El objetivo es fortalecer la producción ganadera familiar y generar valor agregado en el territorio, a través de acompañamiento técnico, formación y dotación adecuada”, señaló Jorge Martín Camargo, jefe Territorial Ambiental de Ecopetrol para Casanare.

El proyecto se ejecuta mediante un acuerdo de cooperación con la Asociación de Municipios del Meta (Asmeta) e incluye acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades productivas, entrega de insumos, transferencia de conocimientos y mejora genética para incrementar la calidad y producción de leche en sistemas ganaderos familiares.

Con el avance de estas iniciativas, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades del área de influencia de sus operaciones.

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