Noticias Nacionales
Luz Adriana Camargo se posesionó como nueva Fiscal General de la Nación
• La jefe de ente investigador indicó que su gestión frente a la entidad buscará una transición hacia una sociedad basada en el respeto, y la armonía, en la que el delito y la criminalidad no sean una alternativa.
• “Vamos a adelantar un proceso de transformación integral de la entidad apoyado en las nuevas tecnologías digitales, para adecuar las estrategias, los métodos, las técnicas y la toma de decisiones a los desafíos actuales”, recalcó la doctora Camargo en su posesión.
Luz Adriana Camargo Garzón tomó posesión ante el presidente de la República, Gustavo Petro, como la nueva Fiscal General de la Nación, para el período 2024 – 2028. “Pueden estar seguros de que seré una fiscal independiente e imparcial. Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos, y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad”, destacó la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
La jefe del ente investigador recalcó su compromiso claro con la justicia étnica, racial y de género, así como con los principios de diversidad, equidad e inclusión, en el trabajo integral de la institución.
“Asumo mi elección como el culmen de mi carrera al servicio de la rama judicial, pero ante todo como una gran responsabilidad y oportunidad para transformar de manera positiva la vida de millones de compatriotas que se ve afectada por el flagelo de la violencia, la criminalidad y la impunidad”, aseguró la Fiscal Adriana Camargo.
Los cinco pilares de la nueva administración En el marco de su posesión, la Fiscal General aseguró que su trabajo al frente del ente investigador estará basado en cinco pilares:
• Priorización de investigaciones: Aseguró que se adelantará con base en un enfoque territorial. “La clave está en la priorización, puede entenderse el país de una manera homogénea. La criminalidad y la violencia se manifiestan de manera diversa en función del territorio. Por eso debemos contar con modelos diferenciados de lucha contra la criminalidad según las regiones, las zonas rurales y las grandes ciudades, en los que se aborden los fenómenos criminales (…). La priorización se hará de la mano del personal de las 35 direcciones seccionales del país, para que cada una defina sus metas en función de los fenómenos criminales que más impactan a sus habitantes” manifestó la jefe del ente acusador.
• Fortalecimiento del análisis criminal: Señaló que este será un elemento básico de la investigación para generar contextos y diagnósticos útiles basados en la información que genera la propia Fiscalía. “El análisis financiero tendrá un lugar preponderante en esta tarea para seguir las rutas del dinero ilícito. Para apoyar la construcción de contextos y la investigación de casos, nos apoyaremos en la analítica de datos y en la inteligencia artificial, para encontrar relaciones entre bloques de denuncias en que coincidan hechos, modalidades de comisión de conductas, lugares, horarios, personas, bienes y un sistema de alertas tempranas que permitan anticipar fenómenos específicos de criminalidad”, indicó.
• Fortalecimiento de rutas de atención a las víctimas: Sobre este aspecto destacó que se fortalecerán las estructuras actuales con mecanismos sencillos de restablecimiento del derecho, que le brinden al ciudadano una pronta solución a los delitos que les afectan.
• Aplicación de las figuras premiales: Manifestó que se debe recuperar el uso de la justicia premial como vocación del sistema penal acusatorio.
“No podemos seguir estigmatizando el logro de preacuerdos y la aplicación de principios de oportunidad como ausencia de justicia, sino considerarlos como la materialización de un modelo distinto que le apunta a la efectividad en el desmantelamiento de la criminalidad organizada, pero también de la criminalidad individual y de la celeridad judicial”, aseguró la Fiscal General.
Señaló, además, que como parte de este proceso se replantearán las estrategias de negociación, tras una sólida investigación que favorezca la posición de la Fiscalía, en punto a lograr los acuerdos de colaboración para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el sometimiento de los imputados.
• Diseño de indicadores de gestión: En esta materia afirmó que se avanzará hacia unos indicadores que reflejen la efectividad de la entidad. “Nuestro propósito es ampliar el indicador de las acciones que constituyen (…) la actividad de los fiscales, preacuerdos, negociaciones, principio de oportunidad, mediación, conciliación, acusaciones y participación de los fiscales en juicio. En todo caso, el ejercicio de medirnos tiene que validarse verificando en los territorios si tiene el efecto que nosotros creemos está teniendo en el desmantelamiento de organizaciones criminales y en las labores de persecución penal. Esa validación en territorios es indispensable para que sepamos si vamos por el camino correcto”, puntualizó la Fiscal General de la Nación. Para cerrar su discurso, la Fiscal General recalcó:
“ninguna de las anteriores líneas de acción será posibles sin que se impulse en la entidad un modelo de gerencia respetuoso de las calidades y aptitudes de sus funcionarios, que reconozca sus méritos y apoye los procesos de formación y de capacitación indispensables. La mía será una Fiscalía que tendrá en cuenta las necesidades y las expectativas de un equipo humano íntegro, comprometido y profesional, pero será también implacable con los funcionarios que se involucren en actos de corrupción o desvíos de poder. La nuestra será una misión humana, una misión por la dignidad y el bienestar de nuestra gente”.
Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:
Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.
Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.
Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.
Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.
De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.
Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:
● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.
● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.
● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.
Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.
• Quedan alrededor de 70 pozos por explorar entre 2026 y 2030, sin nuevos incentivos a la exploración se pondría fin a esta actividad en el país en el mediano plazo. En 2025, la inversión exploratoria caería 18%, alcanzando su nivel más bajo en los últimos cuatro años.
• La inversión en producción crecería un 15% en 2025, con foco en mantener la producción de campos maduros. Sin nuevas exploraciones este impulso sería temporal y cada vez más costoso.
• La conflictividad social en las regiones donde se opera aumentó un 151% en 2024, impactando el desarrollo de los proyectos y sus contribuciones a los territorios y la seguridad energética del país.
• Las medidas propuestas por la ACP buscan revertir la caída exploratoria, aumentar la producción y garantizar la autosuficiencia energética, basada en inversión, competitividad y adición de fuentes.
Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2025. La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el informe económico anual ‘Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico’. Este análisis revela señales preocupantes sobre el agotamiento de la actividad exploratoria si no se cambia el rumbo, el deterioro del entorno operativo y un riesgo creciente para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de los hogares colombianos.
Ante este escenario, el gremio propone medidas para recuperar la competitividad y la autosuficiencia energética del país.
Exploración: actividad en cuenta regresiva El informe, basado en datos oficiales y de empresas que representan el 95% de la producción nacional de petróleo y el 96% de la de gas natural, advierte que, solo restan alrededor de 70 pozos exploratorios comprometidos contractualmente para ser perforados entre 2026 y 2030.
Si no se toman medidas de impulso, Colombia agotará su actividad exploratoria al final de esta década, lo cual pondría al país en una situación crítica, sin nuevos descubrimientos que garanticen la reposición de reservas ni una base sólida para la sostenibilidad energética futura.
En 2025, la inversión en exploración caería un 18%, su nivel más bajo en los últimos cuatro años. Esta reducción ocurre en un contexto en el que las reservas probadas de gas han caído un 57% en los últimos diez años y se vislumbra una caída acelerada de la producción de petróleo a partir de 2027.
PRODUCCIÓN: MÁS INVERSIÓN PARA MANTENER VOLÚMENES
Si bien la inversión en producción crecería un 15% en 2025, este impulso será transitorio si no se desarrollan nuevos proyectos.
Para 2025, en petróleo se estima una producción de entre 760 y 770 mil barriles promedio día (kbpd), similar a los 772 kbpd de 2024. Y en gas, para 2025 una producción comercializada de gas nacional de 905 millones de pies cúbicos día (MPCD), frente a 958 MPCD de 2024.
“Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas, esto es un doble desafío para la autosuficiencia energética”, señaló Frank Pearl, presidente de la ACP.
Entorno territorial y presión fiscal En 2024, los bloqueos a las operaciones del sector aumentaron un 151%, en un entorno de creciente conflictividad social y deterioro del orden público en las regiones donde se opera, afectando tanto el desarrollo de los proyectos como sus contribuciones a los territorios y a la seguridad energética del país.
A esta situación se suma el déficit fiscal proyectado de $40 billones como consecuencia de la reducción en la producción de petróleo en el mediano plazo, el posible incremento de entre 15% y 46% en las tarifas de gas si se llega a importar la mitad de la demanda por falta de nueva oferta, y la necesidad identificada de aumentar las importaciones de crudo para mantener la operación de las refinerías, principalmente, en el interior del país, lo que encarecería la producción de combustibles líquidos.
MEDIDAS PROPUESTAS: condiciones para invertir y producir La ACP propone una serie de medidas para reactivar el sector que combinan estabilidad fiscal y regulatoria, viabilidad a proyectos clave e impulso a nuevas oportunidades de inversión.
1. Viabilidad operacional: – Optimización de consultas previas con acompañamiento institucional en las operaciones. – Estabilidad en requisitos ambientales. – Coordinación estatal para gestionar conflictividad y asegurar el orden público.
2. Seguridad jurídica, fiscal y confianza inversionista: – Definir una carga tributaria competitiva para el sector. – Reducir la tarifa de autorretención de gas en escenario de déficit como el actual. – Mesas técnicas para la nueva resolución de telemetría de la ANH.
3. Impulso a proyectos de gas y desarrollo costa afuera: – Acompañar y viabilizar los proyectos asegurando sus trámites socioambientales. – Priorización de 116 consultas previas para construcción de gasoducto submarino. – Expedición de licencia ambiental para infraestructura submarina y terrestre. – Optimización de la capacidad del sistema de transporte de gas (ejecución obras del Plan de Abastecimiento de Gas Natural y metodología de remuneración).
4. Eficiencia operativa: – Expedición de la nueva metodología tarifaria de transporte por oleoductos que refleje costos de reposición depreciados. – Aplazamiento de la entrada en vigor (3 de junio) del SICETAC para carga líquida.
5. Estímulo a producción incremental: – Expedición de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía con incentivos a recobro mejorado y producción incremental. – Prórroga del período de producción de los contratos existentes y regreso del principio de autonomía de la voluntad de las partes (Acuerdo 03 de la ANH de 2025)
6. Adición de fuentes de energía: – Asegurar la complementariedad entre renovables y convencionales. – Gradualidad en la transición.
7. Competitividad para impulsar exploración y producción: ronda permanente de asignación de áreas por iniciativa privada.
8. Yacimientos No Convencionales: reactivación del desarrollo de los proyectos aprovechando que Colombia cuenta con un marco regulatorio vigente robusto que permite monitorear y mitigar los riesgos medio ambientales.
“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos: Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado, la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, finalizó el presidente de ACP.
Minsalud y Supersalud emiten circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios trámites administrativos y autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud.
• La medida es de obligatorio cumplimiento por parte de entidades territoriales, EPS, prestadores y proveedores de tecnologías en salud para los servicios de urgencias, atención de cáncer en niños y adultos, atención de VIH/SIDA, para la prestación o provisión de servicios de salud y tecnologías en las Rutas de Atención Integral, RIAS, y poblaciones con condiciones de salud priorizadas por su situación en salud o por definición de política pública.
Bogotá, 29 de mayo de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud emitieron circular conjunta que prohíbe trasladar a los usuarios del sistema de salud la carga de autorizaciones, en la atención de enfermedades crónicas y de alto costo como por ejemplo el cáncer y el VIH/SIDA.
La medida es reiterativa y busca el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto Ley 019 de 2012 y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a la prohibición de trasladar al usuario del sistema de salud el trámite de autorizaciones para acceder a servicios y tecnologías en salud para la atención de urgencias, de cáncer, VIH/SIDA y poblaciones priorizadas por la política pública.
En el último año, según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, se presentaron 76.404 reclamaciones a EPS por autorizaciones de servicios de salud a pacientes crónicos y de alto costo, 26,445 casos correspondieron a pacientes enfermos de cáncer, lo que representa el 34.61% de los reclamos, y 21.896 a pacientes con enfermedades cardiovasculares, que equivalen al 28,67% de las quejas por esta causa.
El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, dijo: “la circular conjunta reitera a actores del sistema de salud que no debe haber dificultades, ni procesos administrativos que generen barreras de acceso a los usuarios del sistema de salud, ni a los pacientes”.
-
Meta3 días agoCapturados por atentado contra Olimpo Castillo Sastoque
-
Judicial2 semanas agoCayó alias El Flaco, uno de los señalados responsables del denominado ‘plan pistola’ contra la Fuerza Pública
-
Meta4 semanas agoNada que aparecen los secuestrados
-
Judicial4 semanas agoPrestaron sus cuentas personales para hurto por 1.400 millones de pesos
-
Judicial4 semanas agoLa estrategia de los narcotraficantes
-
Noticias Nacionales7 días agoACP propone medidas para frenar la cuenta regresiva energética del país
-
Judicial2 semanas agoJudicializado hombre señalado de agredir y ejercer actos discriminatorios contra un agente de tránsito en Cali
-
Judicial4 días agoCaen bienes de red criminal