Judicial
‘Los Viajeros’, perdieron sus bienes.
Fiscalía ocupó bienes de ‘Los Viajeros’, red ilegal dedicada a ingresar al país millonarias sumas de dinero provenientes de Panamá
● Los 13 predios afectados con medidas cautelares superarían los 4.067 millones de pesos.
● La organización ilegal enviaba a sus integrantes a Panamá de donde retornaban a Colombia con millonarias sumas que ingresaban en la modalidad de ‘Pitufeo’.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino, ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización ilegal denominada ‘Los Viajeros’, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.
Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067’415.504 de pesos.
El trabajo coordinado entre la fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.
Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.
Labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días.
La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los 10 millones de pesos.
Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.
La fiscalía determinó que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.
En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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