Judicial
‘Los Viajeros’, perdieron sus bienes.
Fiscalía ocupó bienes de ‘Los Viajeros’, red ilegal dedicada a ingresar al país millonarias sumas de dinero provenientes de Panamá
● Los 13 predios afectados con medidas cautelares superarían los 4.067 millones de pesos.
● La organización ilegal enviaba a sus integrantes a Panamá de donde retornaban a Colombia con millonarias sumas que ingresaban en la modalidad de ‘Pitufeo’.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino, ocupó 13 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización ilegal denominada ‘Los Viajeros’, que entre 2010 y 2019 ingresó al país millonarios capitales mediante la modalidad de fraccionamiento o ‘Pitufeo’.
Se trata de 2 inmuebles rurales, 7 urbanos, 2 vehículos, 1 sociedad y 1 establecimiento de comercio ubicados en Medellín y San Jerónimo (Antioquia), y Palmira (Valle del Cauca) cuyo valor alcanza los 4.067’415.504 de pesos.
El trabajo coordinado entre la fiscalía, la Dijín de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Interior de Francia evidenció cómo los integrantes de la estructura ilegal viajaban constantemente a Panamá y regresaban a Colombia con elevadas sumas de dinero en efectivo, sin que las mismas superaran los topes para tener que ser declaradas.
Una vez en Colombia los presuntos integrantes de la organización ilegal realizaban depósitos en efectivo a cuentas bancarias de quien sería la cabecilla de la red criminal, al igual que a las de una sociedad fachada dispuesta para dar apariencia de legalidad a dichos recursos.
Labores de policía judicial evidenciaron que las consignaciones eran realizadas en una misma sede bancaria o en sus sucursales durante varios días.
La norma trazada por los cabecillas de la red ilegal determinaba que los depósitos no podían superar los 10 millones de pesos.
Así eludían el diligenciamiento de formatos relacionados con la declaración de operaciones, y de paso evitar explicar el origen de los recursos.
La fiscalía determinó que parte de las sumas que ingresaban al territorio nacional de manera irregular, eran usadas en la compra de bienes muebles e inmuebles, al igual que para la creación de empresas con lo cual se configuraría el blanqueo de capitales.
En desarrollo de las investigaciones respectivas, las autoridades capturaron en 2023 a cinco presuntos integrantes de esta organización, a quienes les fue imputado el delito de lavado de activos. Uno de los procesados tenía empresas en Londres.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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