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Muertes por desnutrición en La Guajira no se resuelven con discursos de buena voluntad, advierte el Defensor del Pueblo

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Ante el más reciente caso, relacionado con el fallecimiento de un bebé de dos meses a causa de desnutrición en La Guajira, el Defensor del Pueblo le solicita al ICBF informar con detalle la situación actual de la prestación de los servicios a la primera infancia en el departamento.

Acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas deben ser puestas en funcionamiento con carácter urgente, es uno de los llamados de Carlos Camargo Assis, sobre todo porque son cerca de 650 casos de desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años los que fueron reportados en los tres primeros meses del año en esa zona del norte del país.

El Gobierno Nacional debe poner en marcha acciones integrales, contundentes y prontas, puesto que la grave situación de inseguridad alimentaria en La Guajira sigue cobrando vidas de niñas y niños. El más reciente caso tuvo lugar en Riohacha, capital del departamento, donde murió un bebé de dos meses a causa de desnutrición severa, y a ello se suman las quejas relacionadas con la inoperancia y falta de cobertura de los programas para la primera infancia.

“Le solicitamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informar detalladamente la situación actual de la prestación de los servicios a la primera infancia en La Guajira. También es necesario conocer el número de niñas y niños que hasta la fecha han sido atendidos bajo cada modalidad de atención”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Entre enero y marzo del 2024, según información del Instituto Nacional de Salud, en La Guajira fueron notificados 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de cinco años. El 84% de los casos correspondió a población indígena; en la misma línea fueron reportadas diez muertes por desnutrición y causas asociadas, dos de ellas confirmadas y ocho en estudio.

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“La vida, salud y seguridad alimentaria son derechos no susceptibles de espera o demora por cuestiones administrativas. Por ello insto a los órganos de control a identificar, investigar e implementar las acciones necesarias para que las entidades con responsabilidades en la actual situación actúen conforme a sus obligaciones”, expresa el Defensor del Pueblo. 

La preocupación crece, añade Camargo Assis, “pues pese a los discursos y anuncios del Gobierno Nacional para mitigar los casos y muertes por desnutrición, en La Guajira siguen falleciendo las niñas y los niños por esa causa. Lo que está sucediendo no se resuelve con discursos de voluntad; las acciones integrales, eficaces, estructurales y coordinadas se deben desarrollar y poner en marcha de manera urgente”.

Si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está adelantando estudios para implementar una modalidad propia que tenga en cuenta el enfoque étnico diferencial, no puede ser excusa para desatender la situación de inseguridad alimentaria en el territorio.

“Además de los estudios y pilotajes que se realizan en La Guajira, se debe dar respuesta a las problemáticas estructurales y no afectar la continuidad de las modalidades para la primera infancia, se deben lograr acciones que permitan garantizar el derecho a la alimentación de la niñez”, afirma Carlos Camargo Assis.

Es importante, así mismo, adelantar acciones y programas que tengan en cuenta el enfoque étnico y territorial, los usos y costumbres de las poblaciones; sin embargo, mientras se surten los procesos y estudios pertinentes, las niñas y los niños de La Guajira deben estar vinculados a los diferentes servicios y modalidades de atención.

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Los programas dirigidos a la primera infancia, prestados por el ICBF, resultan esenciales porque niñas y niños entre los 0 y 5 años cuentan con una atención integral: refrigerios en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, con el objetivo de contribuir al 70% de los requerimientos nutricionales.

Lo anterior es solo una de las acciones que deben ser garantizadas, no obstante, no es suficiente, deben ser atacadas las causas estructurales que por años han cobrado vidas de niñas y niños de La Guajira. Es necesario una mayor cobertura de acceso al agua, lograr que la población cuente con alimentos de calidad y ricos en nutrientes, además de la continua búsqueda activa de casos, con el objetivo de identificar de manera oportuna cuándo una niña o niño padece desnutrición.

“Lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el eje transformador del derecho fundamental a la alimentación no puede quedarse en el papel, la desnutrición en la niñez debe ser una prioridad en la agenda nacional”, finalizó el Defensor del Pueblo.

Fotografía tomada del portal: Las Dos Orillas

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Nuevos hallazgos en La Escombrera: La JEP encuentra dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada

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🔹 En el marco de la búsqueda judicial, el equipo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación de la JEP realizó el hallazgo de estructuras óseas que corresponderían, al menos, a dos víctimas de desaparición forzada.


🔹 Los hallazgos se dieron en la zona protegida por la medida cautelar, en el área ampliada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en abril de 2025, es decir, a pocos metros de donde fueron ubicadas las primeras cuatro víctimas.


🔹 De manera paralela los días 14 y 15 de julio, en Medellín, la JEP entregó de manera digna los cuerpos de dos víctimas encontradas en enero de 2025. Ambas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente en 2002.


🔹 A la fecha, seis víctimas han sido halladas en La Escombrera y tres han sido identificadas y entregadas a sus seres queridos para darles digna sepultura.
🔹 Estos hallazgos hacen parte del universo provisional de hechos del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares durante el conflicto armado.

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“Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y difunde los resultados electorales”: registrador nacional, Hernán Penagos

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o El segundo encuentro de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y promover un discurso responsable en época electoral se realizó en Manizales.
o Esta es una iniciativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en articulación con la MOE y Colombiacheck.
En Manizales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura al segundo encuentro realizado como resultado de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y fomentar un discurso respetuoso en el marco de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.
Durante su intervención, el Registrador Nacional advirtió que el fenómeno de la desinformación representa hoy una amenaza global muy importante porque involucra las libertades y la integridad y tiene mucho que ver con la democracia de
los estados.
“Hoy en casi la totalidad de foros de autoridades electorales que se llevan a cabo en la región el principal tema es el de la desinformación. Los Estados, los gobiernos, pero en especial las autoridades electorales hemos entendido que el fenómeno de la desinformación es muy relevante para los procesos electorales y, por esta razón, hay que ocuparse de ello”, sostuvo.
Agregó que en el pasado Foro Económico Mundial se estableció la desinformación como uno de los elementos importantes de riesgo de la humanidad que, de la mano
de la polarización social, generan circunstancias muy complejas para los Estados.
“Hay datos que así lo evidencian, por ejemplo, 6 de cada 10 personas señalan que las noticias pueden influir de manera importante en su decisión de voto. Piensen ustedes si esas noticias son falsas o tienen que ver con desinformación. Luego, ¿cuánto es el porcentaje de personas que reciben hoy noticias falsas a diario? pero el problema no es que las reciban, sino que no sean capaces de identificar entre
una noticia falsa y una verdadera”, enfatizó.
El Registrador Nacional informó que una de las circunstancias que se han detectado en relación con la integridad de la información en materia electoral tiene que ver con
la falta de conocimiento o de información de la ciudadanía sobre el proceso electoral.
Sobre este tema, recordó que los principales actores del proceso electoral son los jurados de votación: “Los jurados son ciudadanas y ciudadanos que apoyan los procesos electorales en Colombia. Ellos cumplen las dos tareas más importantes
del proceso electoral: contar los votos y diligenciar de manera manual las actas electorales o formularios E-14”.
Luego de ese proceso, continúa la labor de otros actores, que tampoco son funcionarios de la entidad: “Son los jueces y notarios de Colombia que se encargan de validar esas actas y de declarar los resultados en cada uno de los municipios del
país”.
El Registrador Nacional destacó la eficiencia en la divulgación de los resultados electorales y la pluralidad de actores involucrados en el país, señalando que “Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y
difunde los resultados electorales, en comparación con países como México, Brasil y Argentina. Además, donde más actores participan del proceso electoral: ciudadanos y ciudadanas que son jurados, jueces de la República, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Consejo de Estado o de los tribunales”.
A su vez, resaltó la integridad del sistema electoral colombiano: “El proceso electoral en Colombia está tan diferenciado que es lo que precisamente garantiza que no
haya riesgos de fraudes informáticos. De hecho, la posibilidad de que en Colombia se vote de manera manual, de que las actas se diligencien también de manera manual, es lo que permite disuadir cualquier duda respecto de riesgos informáticos en la información. En el momento en que cualquier persona tenga dudas sobre los datos que transmite la Registraduría, solo tiene que revisar las actas electorales y
de ahí la garantía en la forma como está definido el proceso electoral en Colombia”.
De igual manera, dio a conocer algunas acciones que se implementarán para garantizar la integridad de las elecciones de 2026: la publicación de todas las actas electorales (formularios E-14) de cada una de las mesas de votación, las auditorías externas para hacer seguimiento no solo a las diferentes etapas del proceso electoral, sino a todos los sistemas de información; la observación electoral nacional
e internacional, con el fin de garantizar que las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año cuenten con acompañamiento y vigilancia; y la implementación de la autenticación biométrica facial, además de la dactilar, para
validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación.
Por su parte, el comisionado de la CRC, Sadi Contreras Fuset, afirmó que “es fundamental analizar y discutir los temas relativos al pluralismo informativo y la integridad de la información en una época compleja como es la época electoral, así como el compromiso de cada uno de los operadores de televisión, medios de comunicación y generadores de contenido pues desde nuestra labor diaria somos los mayores protectores y garantes de la integridad de la información”.
Finalmente, el Registrador Nacional sostuvo que iniciativas como esta alianza interinstitucional buscan contribuir a que la ciudadanía y los medios de comunicación del país estén muy bien informados y conozcan cómo funciona el proceso electoral en Colombia para garantizar la integridad del mismo.

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Al servicio de la ciudadanía nuevo sitio web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB)

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En este espacio se encontrará información sobre bienes disponibles para venta o arrendamiento, requisitos para participar en subastas y convocatorias, entre otros.

Como un avance hacia la modernización y la transparencia institucional, la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la ciudadanía la página web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB).

Este nuevo espacio digital permitirá a la ciudadanía acceder fácilmente a información clave sobre:

· Los bienes disponibles para venta o arrendamiento.

· Los procesos, requisitos y modalidades para participar en subastas o convocatorias.

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· El Registro Público Nacional de Bienes, herramienta que garantiza trazabilidad, transparencia y control ciudadano.

Actualmente, el FEAB administra más de 60.000 bienes, entre los que se incluyen automotores, bicicletas, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, joyas, apartamentos, casas, lotes, fincas. empresas y activos digitales.

Estos bienes han sido decretados con medida cautelar con fines de comiso o en comiso definitivo a favor del FEAB, en el marco de investigaciones penales.

Estos bienes están jurídica y administrativamente disponibles, adicionalmente libres de gravámenes.

Los recursos recaudados se destinan exclusivamente al fortalecimiento de la política criminal, al acceso a la administración de justicia y a los proyectos estratégicos de inversión de la Fiscalía.

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Para comparar o arrendar un bien del FEAB, solo debe ingresar al enlace

https://feab.fiscalia.gov.co/feab/ y enviar un correo a feab.fgn@fiscalia.gov.co solicitando información sobre el bien de su interés y seguir las instrucciones.

Es importante resaltar que no podrán rentar ni comprar bienes las personas que tengan conflictos de interés, incluidos los funcionarios públicos, los contratistas que trabajen para el FEAB y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Además, esta restricción aplica también para cualquier persona natural o jurídica, colombiana o extranjera, que se encuentre incursa en causales de inhabilidad.

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