Judicial
Incautan bienes de empresa petrolera francesa por apoyar al paramilitarismo en Casanare
La Fiscalía obtuvo medidas cautelares sobre bienes de petrolera internacional de origen francés para reparación de víctimas del paramilitarismo
Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen internacional, señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo ante un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional.
Estos bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para su administración con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.
Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen un valor comercial estimado de $41.318.400.000 de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares.
Para lograr su identificación, la Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia hace parte.
Igualmente, fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.
Asimismo, se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa.
Con este material probatorio se solicitaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá.
Postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.
Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Frank Alberto Delgado Patria, Geovanny Martínez Trujillo y Cristian Mauricio Rodríguez Castillo; presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Mensajeros, que, al parecer, trasladaban estupefacientes desde Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander hacia Mitú (Vaupés).
Un fiscal de la Seccional Vaupés les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad personal.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2023, estos hombres, al parecer se concertaron para contactar proveedores de estupefacientes en Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.
Después, presuntamente, trasladaban las sustancias ilícitas ocultas en electrodomésticos y panelas de jabón hasta la capital de Vaupés.
Para el transporte de los estupefacientes, al parecer, utilizaban empresas de carga y mensajería. Una vez en Mitú, eran reclamados por personas, que simulaban ser los remitentes de la mercancía. En Mitú, los hoy procesados se encargarían de la dosificación, distribución y venta de las sustancias ilícitas.
Hombres señalados de caza ilegal de fauna silvestre en Neiva fueron asegurados en centro carcelario.
Los procesados, al parecer, transportaban a un ave muerta, cuatro perros adiestrados para cazar, una escopeta y munición.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeferson Sánchez Perea, Hugo Fernely Sánchez Perea e Isauro Claros Oviedo, quienes estarían involucrados en la muerte de animales silvestres en Neiva (Huila), mediante la caza ilegal.
El pasado 10 de julio, en una vía del corregimiento de Vegalarga en Neiva (Huila), los procesados fueron requeridos por las autoridades en un puesto de control instalado en el momento que se desplazaban en un motocarro.
Al adelantar la inspección del automotor, habrían sido encontradas un ave guacharaca muerta, cuatro caninos entrenados para labores de caza, una escopeta y tres cartuchos. Los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila, les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y por disposición del juez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Golpe a red de apoyo de las disidencias de las FARC que se encargaría de captar información confidencial sobre operativos de las fuerzas militares en Meta y Boyacá.
Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.
En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.
Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.
A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.
El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.
Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.
Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.
El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.
En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.
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