Las evidencias obtenidas dan cuenta de que presuntamente provocaron la caída de las víctimas, que también se movilizaban en motocicleta, y las arrollaron.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de Leonardo Marín Rubiano, Diego Andrés Cuéllar Durán y James Esteban Satoba Ávila, como presuntos responsables del delito de homicidio con dolo eventual, con ocasión de los hechos ocurridos el pasado 28 de junio, entre Sibaté y Soacha (Cundinamarca).

La evidencia técnica y los elementos de prueba recopilados por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cundinamarca indican que los tres hombres se movilizaban en motocicletas, a altas velocidades y realizando maniobras peligrosas de adelantamiento con un grupo numeroso de personas.

Durante el recorrido, al parecer, provocaron la caída de las víctimas, que también se trasladaban en motocicleta, y las embistieron, dejándolas abandonadas.

Una de las mujeres falleció en el sitio, la otra fue trasladada a un centro asistencial donde murió días después.

En criterio de la Fiscalía, los motociclistas no tenían la intención de ocasionarles daño a las víctimas; sin embargo, asumieron comportamientos irresponsables y riesgosos en la vía que desencadenaron su muerte.

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Actualmente los tres motociclistas permanecen privados de la libertad en sus lugares de residencia.

 -COLUMNA DOMINICAL-

Por: Juan Carlos Niño Niño –  Asesor Legislativo – Escritor.

El fallido Presupuesto en las Comisiones Económicas, deja inevitablemente muchas preocupaciones sobre la “informalidad” que está tomando el trámite legislativo, cuando la semana pasada las Comisiones Económicas siguieran  “Songo Sorongo” con la discusión de las ponencias –una favorable y otra alternativa- aun cuando el 15 de septiembre no se aprobó el monto total del mismo -como lo estipula el Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto- por lo que dejaba en el limbo jurídico la aprobación de este proyecto de ley.

Y no fue suficiente que el entonces Secretario General del Senado Gregorio Eljach -por solicitud de la Representante Katherine Miranda- confirmara que el Presupuesto efectivamente se había negado, al no aprobarse el monto total que fue propuesto inicialmente por el Gobierno Nacional, lo que a juicio de este Columnista fue un pronunciamiento en derecho, y por lo tanto debió ser acatado de inmediato por las mencionadas Comisiones, aún más cuándo el Secretario es ni más ni menos que el notario del trámite legislativo, y se le conoce por ser una de las personas más “doctas” en esta materia.

A nadie le pareció grave la negación del monto total, ni el Gobierno Nacional ni los ponentes de la iniciativa –ni a legisladores tan destacadas como Angélica Lozano y Oscar Darío Pérez-  mientras que el Presidente de las Económicas Jorge Eliécer Salazar, no dudó un instante en citar el pasado lunes, para el respectivo “anuncio” de las ponencias -siendo la primera vez que escucho que se “anuncian” las mismas- seguramente con el afán de legitimar el trámite –ante la inminente ilegalidad del trámite- en donde los Ministros parecían “llevarle la corriente” al caos, pensando tal vez “para sus adentros” que esto viciaría la iniciativa legislativa, lo que permitiría al Presidente Gustavo Petro expedirla por Decreto.

El dejar en “veremos” el monto del Presupuesto, y continuar discutiendo las ponencias y las “partidas” en los artículos, es el reflejo de un Congreso que se rebela cada vez más a la iniciativa fiscal del Gobierno -establecido en la Constitución  Política- y que de una u otra manera se las arregla para que el Ejecutivo termine por ceder a sus demandas fiscales –con mucho ingenio- lo que sin duda vuelve aún más interesante la discusión de la iniciativa, pero a la vez desconoce el Sistema Presidencialista en Colombia, aún más cuando ésta es una lucha desigual por la consecución de recursos –el “débil” Congreso frente al “todopoderoso” Ejecutivo- cuando lo ideal sería evolucionar a un Sistema Parlamentario –el Congreso tiene prioridad sobre el Ejecutivo- o por lo menos un conveniente Sistema Mixto, que permita a estos dos poderes “crear” conjuntamente el Presupuesto.

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La llegada de la izquierda al poder, ha agudizado esa “informalidad” en el trámite legislativo, en donde pareciera que no solo es con el ánimo de modificar el aspecto procedimental, sino como una manera de desconocer y desvirtuar al “establecimiento”, casi sin tomarse la molestia de revisar la línea constitucional, legal y jurisprudencial en este tipo de trámite, teniendo además una actitud permanente de “ideologizar” la discusión de las iniciativas, como si esto justificara la terquedad del Gobierno Nacional, al radicar por ejemplo la fallida Reforma a la Salud como un proyecto de ley ordinario, cuando a todas luces era una iniciativa de índole estatutario, y que por lo tanto requería discutir y aprobar en las Comisiones Primeras de Cámara y Senado.

Esto parece haber contagiado a gran parte de los legisladores, porque cada vez éstos radican más proyectos de ley o proyectos de acto legislativo con impacto fiscal, que de ninguna manera es cuestionable -al contrario se debe aplaudir esta tendencia- aún más cuando la Corte Constitucional ha venido filtrando algunas concesiones para este fin, como iniciar el trámite de un proyecto sin el aval fiscal, o conceder cierta autonomía al Congreso para legislar en el tema tributario.

Y retomando el Presupuesto para el año entrante -que se hundió la semana pasada en las Comisiones Económicas- se evidenció aún más la “informalidad” legislativa, al radicar las diferentes bancadas proposiciones para reducir el monto del Presupuesto, cuando se sobreentiende que la iniciativa del gasto –reitero- la tiene el Gobierno Nacional, y el Congreso se debe limitar a aprobar o improbar, o máximo los ponentes pueden convencer al Gobierno de reducir su monto total propuesto (523 billones), para que finalmente en las sesiones de las “Económicas”, se le dé trámite al nuevo monto presupuestal, y posteriormente si pasar a discutir las ponencias y el articulado.

El “circo romano” en que se convirtió la fallida discusión del Presupuesto, es una evidencia de la “informalidad” que ha tomado el trámite legislativo, aún más cuando el mismo se ha “ideologizado”, en donde las “buenas” y “altruistas” intenciones de la izquierda, estarían justificando ignorar los principios constitucionales y legales para discutir y aprobar las iniciativas, que sin duda son el fruto de doscientos (200) años de trabajo legislativo –enriquecedor y valioso-desde la “simbólica” Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, en donde nació el primer “bebé” mico de nuestra historia, en donde reconocía la autoridad del Rey de España, siempre y cuando viniera personalmente a gobernar a las Américas.

Era obvio: Su Majestad nunca lo haría.

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Coletilla: A la hora de la verdad, no es mucha la diferencia entre un Presupuesto aprobado por el Congreso, con uno expedido por el Presidente de la República, en el entendido que la discusión de este proyecto de ley, es uno de los más inequitativos y excluyentes, que termina por definir el Gobierno Nacional y los ponentes -aún más los coordinadores ponentes- dejando “viendo un chispero” a los demás legisladores en las Plenarias de Cámara y Senado –quienes no pertenecen a esas Comisiones- en donde la totalidad de sus proposiciones les son dejadas como constancias –en el olvido total- con el argumento “dantesco” que ya todo fue “cuadrado” en Comisiones Económicas.

Bogotá D.C., domingo 29 de septiembre de 2024.

A la cárcel señalado cabecilla y otros presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por secuestros y otras conductas delictivas en Chocó.

Serían los responsables de la retención y tortura de un hombre, en hechos ocurridos en enero del año en curso.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los Mexicanos’, como presuntos responsables de secuestros y otras conductas delictivas ocurridas en Chocó.

Se trata de Miguel Moreno Chaverra, alias Neneguetto, señalado cabecilla del grupo ilegal; Vladimir Moreno Salazar y Dilson Tunay Tape.

A estos hombres, la Fiscalía les imputó los delitos de secuestro agravado, tortura y desplazamiento forzado. Los cargos no fueron aceptados, y los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las investigaciones dan cuenta de que estas personas habrían participado en la retención de un ciudadano, el 26 de enero del año en curso, en Quibdó (Chocó).

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La víctima fue obligada a salir de su lugar de residencia, en el barrio El Caraño; trasladada a zona rural y sometida a tratos degradantes, los cuales fueron grabados en video con los teléfonos celulares.

Simultáneamente, la familia era intimidada para que pagara una suma de dinero por su liberación. Finalmente, el secuestrado quedó libre; sin embargo, junto a sus seres queridos, tuvo que abandonar el predio en el que habitaba y salir de la ciudad para evitar un nuevo ataque en su contra.