En la vereda Mata Palo, municipio de Trinidad, se interviene uno de los puntos más críticos por desbordamientos del río Pauto, que durante los últimos años ha generado afectaciones en predios y viviendas de más de 400 familias de sectores como Guamal, El Milagro, Pozo Petrolero, El Valle y la misma Mata Palo.

La intervención, la realiza el gobierno de César Ortiz Zorro a través de la Dirección de Gestión del Riesgo, y contempla la construcción de un dique de 750 metros de longitud, con una altura cercana a los dos metros. La estructura contará con una corona de 10 metros de ancho y una base que alcanza los 16 metros. Uno de los componentes más importantes de la obra es el recubrimiento con manto geotextil en la cara que da hacia el río, material que permite reforzar la estabilidad del dique, evitar la erosión causada por la corriente y aumentar su vida útil frente a crecientes e inundaciones. Esto último, con el apoyo de la alcaldesa Damaris Abril.

José Manuel García, campesino habitante de la vereda Mata Palo, describió el panorama que han enfrentado durante años, señalando que las inundaciones han dejado pérdidas de cultivos, daños en viviendas, afectación de vías y muerte de animales, lo que ha impedido llevar una vida tranquila. Indicó que la zozobra es constante, ante el temor de que el río en cualquier momento se les mete a las casas.

Por su parte, el ingeniero Wilson Porra, director de Gestión del Riesgo, explicó que se trata de un dique construido en la parte externa del afluente, diseñado para contener inundaciones una vez el afluente ha superado su cota, lo que permite retener las aguas y retornarlas a su cauce natural, disminuyendo así el impacto sobre las comunidades.

Asegurados en centro carcelario presuntos articuladores de red de corrupción señalada de favorecer las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago

Los procesados, un excandidato al Senado de la República y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, fueron imputados de acuerdo con su posible responsabilidad individual por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particulares.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para al excandidato al Senado de la República, Freddy Camilo Gómez Castro; a los exintegrantes de la Policía Nacional, capitán en retiro Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros (r) José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.

Estas personas son señaladas de hacer parte de una red de corrupción que favoreció las actividades de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’, ejerciendo diferentes roles ilícitos, contactando a servidores de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que podrían beneficiar el ingreso irregular de mercancía por los puertos del Caribe, a cambio de dádivas o ‘cachetadas’, como eran denominadas por la organización delictiva, que ascendían hasta 300 millones de pesos mensuales.

En ese sentido, Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago.

Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos. De otra parte, Salazar Piñeros, como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena (Bolívar), estaría implicado en el direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Adicionalmente, se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido aprehendida, en momentos en los que era trasladada en dos camiones por carreteras de Atlántico; y de pagar el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo en Cartagena para que se hospedara un mayor que pertenecería a la red de corrupción.

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Entre tanto, Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la estructura de Marín Buitrago.

Asimismo, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados y en algunos casos trasladó dinero a Bogotá con destino a otros funcionarios. De igual manera, Édgar Humberto Bacca Sánchez Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando de cacharrería y cigarrillos por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos.

Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto.

Finalmente, Juan Manuel Jaramillo Mora, conocido como Zorro, sería el encargado de dinamizar la entrega mensual de dinero a los servidores captados.

La investigación da cuenta que presuntamente llevó 34 millones de pesos a un uniformado que también realizaba labores investigativas como agente encubierto.

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Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

A Salazar Piñeros se le adicionó el delito de influencias de servidor público y a Gómez Castro tráfico el de tráfico de influencias de particulares. Los cargos no fueron aceptados.

Judicializados presuntos responsables de facilitar el transporte por vía marítima de migrantes que zarparon de San Andrés y desaparecieron.

Estarían involucrados en dos eventos ocurridos en octubre de 2023 y julio de 2024, en los que dos embarcaciones zozobraron en altamar por sobrecupo y ausencia de medidas de seguridad.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar, capturar y judicializar a cinco personas señaladas de facilitar la salida ilegal por vía marítima de migrantes que llegaban a San Andrés Islas para tomar camino hacia países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Se trata de Rick Allen Bent Duffis, Arnold Sebastián Bernard Valencia, Steve Stenley Walters Reales, Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins, quienes habrían garantizado hospedaje, manutención y traslado en embarcaciones de pesca artesanal a dos grupos de ciudadanos extranjeros que desaparecieron en aguas del Caribe.

El primer evento conocido ocurrió el 21 de octubre de 2023. Una lancha de nombre ‘IAS II’ con 40 pasajeros, 2 de nacionalidad China y 38 de Venezuela (12 menores de edad), y 2 tripulantes partió de San Andrés y a la fecha se desconoce su paradero.

Aquí, Walters Reales, Muñoz Reeves y Faiquare Hawkins presuntamente captaron y aseguraron un cupo en la embarcación a 7 extranjeros, 2 menores de edad.

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Entre tanto, Bent Duffis y Bernard Valencia estarían involucrados en un segundo caso sucedido entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2024.

Las evidencias indican que, al parecer, contactaron y garantizaron que 5 de 18 migrantes de Kazajistan, Venezuela, Colombia, Irán y Chile abordaran una lancha, la cual zarpó con dos tripulantes rumbo a Nicaragua y naufragó en altamar.

En este suceso hubo 2 muertos, 3 desaparecidos y 15 rescatados, entre ellos 5 niños. Por todo lo anterior, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los cinco implicados el delito de tráfico de migrantes agravado. Adicionalmente, a Bent Duffis le fue imputado el delito de homicidio culposo. Uno de los procesados, Bernard Valencia, aceptó los cargos en su contra.

La labor investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación contó el trabajo de policía judicial del CTI y el apoyo la Dijin de la Policía Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Migración Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Armada Nacional.

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