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“Escuelas y colegios deben ser entornos seguros y no de violencia y abuso sexuales”

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Por esta razón, el Defensor del Pueblo le extiende un llamado al Gobierno Nacional: el Ministerio de Educación, en articulación con los territorios, debe trabajar en el fortalecimiento de las rutas de atención integral.

Entre enero y febrero de este año en Colombia, 70 menores habrían sido víctimas de delitos sexuales en entornos escolares. Carlos Camargo Assis se refirió al caso de un presunto abuso a una niña en la localidad Bosa, en el sur de Bogotá.

Para la Defensoría del Pueblo, continúa siendo preocupante el panorama relacionado con los casos de presunto abuso sexual reportados en entornos escolares y en otros escenarios que deben ser seguros para niñas, niños y adolescentes (NNA), como sus hogares.

“Es supremamente grave que entre enero y febrero de este año el Instituto de Medicina Legal haya reportado que 70 menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual en espacios educativos. Como también es grave que cada día de esos mismos meses fueron realizados 43 exámenes medicolegales por presunto abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”, manifiesta el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

De manera particular, la Defensoría rechaza los casos reportados durante los últimos días en colegios de Bogotá, en donde una niña de seis años habría sido víctima de acoso escolar y al parecer, posteriormente, de violencia sexual; y el caso de una niña de cinco años, que habría sido abusado sexualmente por otro compañero en un colegio en la localidad Bosa.

“A través de nuestra Delegada para la Infancia y la Juventud hicimos presencia en el colegio Ciudadela Educativa de Bosa, en donde solicitamos que sean adelantadas todas las acciones jurídicas y administrativas necesarias para investigar los hechos; precisamente conocimos sobre el retiro de la rectora y la docente a cargo del cuidado de los dos menores de edad relacionados en el caso”, dijo Camargo Assis.

La Defensoría ha acompañado y dispuesto de toda su capacidad institucional a los padres de la niña, y ha hecho presencia en el Puesto de Mando Unificado, con el fin de avanzar en un plan de acción para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. La entidad de derechos humanos, igualmente, acompaña a toda la comunidad educativa, sobre todo a los padres y estudiantes, para que las autoridades escuchen su pliego de peticiones.

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“Pedimos celeridad en las investigaciones de los casos, pero también, el llamado es a los padres, madres, cuidadores, docentes y directivas en instituciones educativas: refuercen las acciones de protección para que los centros educativos del país sean espacios seguros para la niñez y adolescencia”, señala el Defensor del Pueblo.

Carlos Camargo Assis, así mismo, hace un llamado al Ministerio de Educación “para que, de manera conjunta con los territorios, fortalezca las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”.

Centros educativos, determinantes en la prevención

Además, les pide a las instituciones educativas promover estrategias de educación permanentes que les permitan a NNA identificar comportamientos abusivos y anormales, con la finalidad de prevenir cualquier forma de violencia sexual en su contra.

El Defensor también dijo que es primordial revisar y analizar a tiempo los datos registrados en el ‘Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar’ (Siuce): “Porque es de suma importancia identificar y clasificar las situaciones que generan violencia escolar y ponen en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, con la cual se crea el ‘Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar’”.

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Familia, sociedad y Estado, claves en construcción de espacios seguros

La infancia y adolescencia tienen derecho a desarrollar su crecimiento en espacios seguros, con la plena garantía de sus derechos, es por ello que ante cualquier signo de alarma se debe actuar con rapidez y activar las rutas según corresponda.

“Prevenir, detectar y abordar este tipo de violencias permite aportar a una mayor garantía de derechos, y la familia, la sociedad y el Estado deben aunar esfuerzos para construir escenarios confiables para la infancia. Escuelas y colegios deben ser entornos seguros y no de violencia y abuso sexuales”, afirma el Defensor del Pueblo.

El informe de la Defensoría del Pueblo

En el informe ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, publicado el año anterior, la Defensoría les solicitó a diferentes entidades realizar acciones integrales con enfoque de género y territorial, ya que el fin es darles respuestas oportunas a los hechos de violencia sexual contra menores de edad.

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Camargo Assis insiste en el llamado a las entidades responsables de la ruta de atención a niñas y niños víctimas de violencia sexual: “Atiendan adecuadamente los procesos de restablecimiento de derechos de las víctimas y el acceso a la justicia, y consideren a la niñez y adolescencia actores legítimos en relatos de violencia sexual en el país. Y a padres, madres y cuidadores, estén alertas ante cualquier signo de alarma y créanles a los menores de edad cuando les comenten cualquier riesgo o sospecha de algún hecho consumado”.

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Nuevos hallazgos en La Escombrera: La JEP encuentra dos cuerpos de víctimas de desaparición forzada

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🔹 En el marco de la búsqueda judicial, el equipo del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación de la JEP realizó el hallazgo de estructuras óseas que corresponderían, al menos, a dos víctimas de desaparición forzada.


🔹 Los hallazgos se dieron en la zona protegida por la medida cautelar, en el área ampliada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en abril de 2025, es decir, a pocos metros de donde fueron ubicadas las primeras cuatro víctimas.


🔹 De manera paralela los días 14 y 15 de julio, en Medellín, la JEP entregó de manera digna los cuerpos de dos víctimas encontradas en enero de 2025. Ambas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente en 2002.


🔹 A la fecha, seis víctimas han sido halladas en La Escombrera y tres han sido identificadas y entregadas a sus seres queridos para darles digna sepultura.
🔹 Estos hallazgos hacen parte del universo provisional de hechos del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares durante el conflicto armado.

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“Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y difunde los resultados electorales”: registrador nacional, Hernán Penagos

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o El segundo encuentro de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y promover un discurso responsable en época electoral se realizó en Manizales.
o Esta es una iniciativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en articulación con la MOE y Colombiacheck.
En Manizales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dio apertura al segundo encuentro realizado como resultado de la alianza interinstitucional para combatir la desinformación y fomentar un discurso respetuoso en el marco de las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.
Durante su intervención, el Registrador Nacional advirtió que el fenómeno de la desinformación representa hoy una amenaza global muy importante porque involucra las libertades y la integridad y tiene mucho que ver con la democracia de
los estados.
“Hoy en casi la totalidad de foros de autoridades electorales que se llevan a cabo en la región el principal tema es el de la desinformación. Los Estados, los gobiernos, pero en especial las autoridades electorales hemos entendido que el fenómeno de la desinformación es muy relevante para los procesos electorales y, por esta razón, hay que ocuparse de ello”, sostuvo.
Agregó que en el pasado Foro Económico Mundial se estableció la desinformación como uno de los elementos importantes de riesgo de la humanidad que, de la mano
de la polarización social, generan circunstancias muy complejas para los Estados.
“Hay datos que así lo evidencian, por ejemplo, 6 de cada 10 personas señalan que las noticias pueden influir de manera importante en su decisión de voto. Piensen ustedes si esas noticias son falsas o tienen que ver con desinformación. Luego, ¿cuánto es el porcentaje de personas que reciben hoy noticias falsas a diario? pero el problema no es que las reciban, sino que no sean capaces de identificar entre
una noticia falsa y una verdadera”, enfatizó.
El Registrador Nacional informó que una de las circunstancias que se han detectado en relación con la integridad de la información en materia electoral tiene que ver con
la falta de conocimiento o de información de la ciudadanía sobre el proceso electoral.
Sobre este tema, recordó que los principales actores del proceso electoral son los jurados de votación: “Los jurados son ciudadanas y ciudadanos que apoyan los procesos electorales en Colombia. Ellos cumplen las dos tareas más importantes
del proceso electoral: contar los votos y diligenciar de manera manual las actas electorales o formularios E-14”.
Luego de ese proceso, continúa la labor de otros actores, que tampoco son funcionarios de la entidad: “Son los jueces y notarios de Colombia que se encargan de validar esas actas y de declarar los resultados en cada uno de los municipios del
país”.
El Registrador Nacional destacó la eficiencia en la divulgación de los resultados electorales y la pluralidad de actores involucrados en el país, señalando que “Colombia puede ser el país de Latinoamérica que con mayor agilidad procesa y
difunde los resultados electorales, en comparación con países como México, Brasil y Argentina. Además, donde más actores participan del proceso electoral: ciudadanos y ciudadanas que son jurados, jueces de la República, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, magistrados del Consejo de Estado o de los tribunales”.
A su vez, resaltó la integridad del sistema electoral colombiano: “El proceso electoral en Colombia está tan diferenciado que es lo que precisamente garantiza que no
haya riesgos de fraudes informáticos. De hecho, la posibilidad de que en Colombia se vote de manera manual, de que las actas se diligencien también de manera manual, es lo que permite disuadir cualquier duda respecto de riesgos informáticos en la información. En el momento en que cualquier persona tenga dudas sobre los datos que transmite la Registraduría, solo tiene que revisar las actas electorales y
de ahí la garantía en la forma como está definido el proceso electoral en Colombia”.
De igual manera, dio a conocer algunas acciones que se implementarán para garantizar la integridad de las elecciones de 2026: la publicación de todas las actas electorales (formularios E-14) de cada una de las mesas de votación, las auditorías externas para hacer seguimiento no solo a las diferentes etapas del proceso electoral, sino a todos los sistemas de información; la observación electoral nacional
e internacional, con el fin de garantizar que las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año cuenten con acompañamiento y vigilancia; y la implementación de la autenticación biométrica facial, además de la dactilar, para
validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación.
Por su parte, el comisionado de la CRC, Sadi Contreras Fuset, afirmó que “es fundamental analizar y discutir los temas relativos al pluralismo informativo y la integridad de la información en una época compleja como es la época electoral, así como el compromiso de cada uno de los operadores de televisión, medios de comunicación y generadores de contenido pues desde nuestra labor diaria somos los mayores protectores y garantes de la integridad de la información”.
Finalmente, el Registrador Nacional sostuvo que iniciativas como esta alianza interinstitucional buscan contribuir a que la ciudadanía y los medios de comunicación del país estén muy bien informados y conozcan cómo funciona el proceso electoral en Colombia para garantizar la integridad del mismo.

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Al servicio de la ciudadanía nuevo sitio web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB)

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En este espacio se encontrará información sobre bienes disponibles para venta o arrendamiento, requisitos para participar en subastas y convocatorias, entre otros.

Como un avance hacia la modernización y la transparencia institucional, la Fiscalía General de la Nación puso a disposición de la ciudadanía la página web del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB).

Este nuevo espacio digital permitirá a la ciudadanía acceder fácilmente a información clave sobre:

· Los bienes disponibles para venta o arrendamiento.

· Los procesos, requisitos y modalidades para participar en subastas o convocatorias.

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· El Registro Público Nacional de Bienes, herramienta que garantiza trazabilidad, transparencia y control ciudadano.

Actualmente, el FEAB administra más de 60.000 bienes, entre los que se incluyen automotores, bicicletas, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, joyas, apartamentos, casas, lotes, fincas. empresas y activos digitales.

Estos bienes han sido decretados con medida cautelar con fines de comiso o en comiso definitivo a favor del FEAB, en el marco de investigaciones penales.

Estos bienes están jurídica y administrativamente disponibles, adicionalmente libres de gravámenes.

Los recursos recaudados se destinan exclusivamente al fortalecimiento de la política criminal, al acceso a la administración de justicia y a los proyectos estratégicos de inversión de la Fiscalía.

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Para comparar o arrendar un bien del FEAB, solo debe ingresar al enlace

https://feab.fiscalia.gov.co/feab/ y enviar un correo a feab.fgn@fiscalia.gov.co solicitando información sobre el bien de su interés y seguir las instrucciones.

Es importante resaltar que no podrán rentar ni comprar bienes las personas que tengan conflictos de interés, incluidos los funcionarios públicos, los contratistas que trabajen para el FEAB y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Además, esta restricción aplica también para cualquier persona natural o jurídica, colombiana o extranjera, que se encuentre incursa en causales de inhabilidad.

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