Judicial
Delincuentes del internet en casa por cárcel
Judicializados presuntos integrantes de red delictiva señalada de suplantar entidades públicas para enviar correos electrónicos con software maliciosos
Son señalados de generar hasta 10.000 correos y mensajes de texto diarios con virus, haciéndose pasar como la DIAN y secretarías de tránsito municipal, entre otras autoridades.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, identifico a tres presuntos integrantes de una red señalada de suplantar entidades públicas para enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos, que copiaban información personal y financiera que las víctimas almacenaban en sus computadores o celulares.
Los señalados ciberdelincuentes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Valledupar (Cesar). En los procedimientos fueron incautados 40 dispositivos electrónicos, 4 memorias USB, 2 discos duros, 6 simcards y 6 routers.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.
Esta organización ilegal, al parecer, remitía correos electrónicos a nombre de dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de diferentes secretarías municipales de tránsito y de movilidad, entre otras autoridades.
Los mensajes contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas.
Con los datos obtenidos de manera ilegal se habrían realizado hurtos y otros hechos fraudulentos. Los elementos de prueba indican que también estaría implicada en un intento de ataque cibernético a la página del CAI virtual de la Policía Nacional.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
Los afectados con la decisión son: Jair Enrique Velásquez Bohórquez, Juan Carlos Fernández Navarro, y Hernán Alonso Trejos.
Capturado exalcalde de Segovia (Antioquia) que estaría implicado en homicidio de líder sindical.
El crimen fue ejecutado por integrantes del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), por las continuas denuncias que realizaba en contra de la extracción ilegal de minerales.
Ante la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición el exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, capturado por unidades de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla (Atlántico), para atender una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por la presunta participación en el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, en Segovia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Los elementos materiales probatorios indican que Rodríguez Luján estaría implicado en la planeación del ataque sicarial en contra de Olarte Gaviria.
Integrantes de una estructura armada del denominado Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta y le dispararon hasta causarle la muerte.
El líder social habría sido atacado en retaliación por las continuas denuncias que hacía sobre minería ilegal en el nordeste antioqueño, en su condición de excabildante y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica) Seccional Segovia.
Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.
Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a Erik Stiven Socha Galvis y Duber Arley Ramírez Barón, por su presunta participación en el hurto a una mujer, bajo la modalidad de raponazo, en Yopal (Casanare).
Un fiscal de la Seccional Casanare, les imputó el delito de hurto agravado, luego de que fueran capturados en flagrancia por parte de personal de la Policía Nacional, el pasado 31 de diciembre.
Los hechos ocurrieron en una vía pública, cuando los procesados que se movilizaban en una motocicleta se apoderaron del bolso y sus pertenencias, entre ellas un celular y dinero en efectivo.
Las autoridades incautaron el vehículo que habría sido utilizada para el ilícito.
Por decisión del juez, los hoy imputados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Condenado a siete años de prisión funcionario judicial que ordenó la libertad de un hombre que habría asesinado a una mujer
El servidor público omitió elementos materiales probatorios durante una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en el marco de un proceso judicial por homicidio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, demostró en juicio que el exfiscal tercero de la Seccional Caquetá, Diego Francisco Mosquera Rodríguez, actuó contrario a la ley al solicitar la libertad de un hombre capturado por causarle la muerte a una mujer el 25 de junio de 2017, en el barrio Las Avenidas, en Florencia (Caquetá).
Durante las audiencias preliminares el servidor judicial incurrió en distintas actuaciones contrarias a su deber y no presentó al juez de control de garantías elementos materiales probatorios que daban cuenta de la configuración del delito de homicidio agravado.
En ese sentido, retiró la solicitud de imposición de la medida privativa de la libertad en contra del procesado. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá) sentenció a Mosquera Rodríguez a 7 años de prisión y lo declaró responsable del delito de prevaricato por acción agravado.
Asimismo, le impuso una multa equivalente a 149.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y una inhabilidad de 9 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El fallo decretó como pena accesoria de pérdida del cargo como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Florencia.
La decisión conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
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