Retirar el articulado significa perder la oportunidad de disminuir enfermedades
de salud pública. En 2019, aproximadamente 10.000 personas murieron
directamente por consumo de bebidas alcohólicas de las cuales cerca de 400
eran menores de edad y 66 tenían menos de 15 años. La eliminación del
impuesto sería la continuación de un tratamiento tributario preferencial hacía la
industria de bebidas alcohólicas, en específico a la cerveza.

Bogotá, septiembre 30 de 2025. La iniciativa que se radicó en el Congreso
por parte del gobierno nacional como parte de la Ley de Financiamiento, o
reforma tributaria, buscaba aumentar el precio de estos productos que son
nocivos para la salud con el fin de desestimular su consumo.
Según entidades como la OMS y PNUD, estos impuestos son una medida que,
no solo mejoran la salud de la población, sino que aumentan el recaudo del
gobierno y reduce las inequidades en salud.

Rechazamos la intención del gobierno nacional de excluir el impuesto. La salud
pública prima por encima de los intereses particulares. En Colombia, el alcohol
es la sustancia psicoactiva de mayor consumo. En el caso de niñas, niños y
adolescentes entre 12 y 18 años, la edad promedio de inicio de consumo
es de 13 años. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida por
esta población, lo anterior, según el Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas Colombia en población escolar 2022 del Observatorio de
Drogas de Colombia.

De acuerdo con lo expuesto por el Observatorio, en 2022 los departamentos con
mayor prevalencia de consumo de alcohol en población escolar durante el último
mes, y que están por encima del promedio nacional son Guaviare, Antioquia,
Caldas, Risaralda, Bogotá, Casanare, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Cauca y
Chocó.

El consumo de bebidas alcohólicas en Colombia se concentra principalmente en
la cerveza, que representa la mayor proporción dentro del total de 2,979 millones de litros de bebidas alcohólicas consumidas anualmente en el país, de acuerdo al estudio “Impuestos a bebidas alcohólicas en Colombia” de Proesa.

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Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papaz, explica que: “la
evidencia científica libre de conflictos de interés, es contundente al afirmar que
no existe un nivel de consumo de alcohol que sea seguro para la salud.
Existe un fuerte apoyo a la acción gubernamental: el 75% afirma que reducir los
daños del alcohol es tarea del gobierno, y una mayoría respalda impuestos más
altos, especialmente si los ingresos financian la educación, la salud o los
programas sociales. Idealmente, debemos buscar que estos impuestos sean
parte de la inversión en salud”.

Adicionalmente, el consumo está asociado con muertes por lesiones externas,
principalmente homicidios y siniestros viales. También a enfermedades no
transmisibles que afectan el corazón y el hígado, y con diferentes tipos de
cáncer. En 2019, aproximadamente 10.000 personas murieron directamente
por consumo de bebidas alcohólicas, de las cuales cerca de 400 eran
menores de edad y 66 tenían menos de 15 años.

Blanca Llorente, directora de Investigación de la Fundación Anáas, sostiene que:
“la cerveza ha tenido un tratamiento tributario preferencial que no responde a
criterios de salud pública y tampoco desde el punto de vista fiscal. Hay enormes
impuestos que se deberían estar cobrando. Hay enormes posibilidades de
nivelar el terreno para que la cerveza pague lo equiparable a las demás
bebidas alcohólicas. Tratamiento igual a productos iguales”.

Hacemos un llamado a que este tipo de discusiones se lleven a cabo con
una adecuada gestión de conflictos de intereses y sin la interferencia de
la industria del alcohol.

No en vano la cerveza ha patrocinado históricamente campañas políticas en el país.

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o Al encuentro asistieron el embajador de la Unión Europea, François Roudié; el jefe adjunto de la delegación de la UE, Joerg Schreiber, y el líder de la misión exploratoria electoral de la UE, Jorge Miguel Gallego.

o El Registrador Nacional resaltó la importancia de la observación electoral de las misiones internacionales para garantizar la transparencia e integridad de las elecciones.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y su equipo directivo sostuvieron un encuentro con una misión exploratoria electoral de la Unión Europea con el objetivo de evaluar el posible acompañamiento técnico de este organismo internacional a las elecciones de Congreso y presidencia de 2026.

Los miembros de esta misión exploratoria, liderada por Jorge Miguel Gallego Lizón, conocieron de manera detallada cómo avanza la organización de estos procesos electorales, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la entidad en materia electoral, las estrategias para enfrentar el fenómeno de la desinformación en periodos electorales y las acciones que se implementarán para garantizar la integridad y transparencia de los comicios de 2026.

Dentro de esas acciones se destacan: la publicación de todas las actas electorales (formularios E-14) de cada una de las mesas de votación, la realización de auditorías electorales, el acompañamiento de misiones de observación electoral nacionales e internacionales, la implementación de la autenticación biométrica facial, además de la dactilar, para validar la plena identidad de los electores y evitar casos de suplantación, así como la activación de la comisión de seguimiento de delitos electorales.

El Registrador Nacional resaltó la importancia de la observación electoral de las misiones internacionales para garantizar la transparencia e integridad de las elecciones, ayudar a mejorar los procesos electorales, fortalecer la democracia colombiana y alcanzar los más altos niveles de confianza por parte de los ciudadanos en los certámenes democráticos y la Organización Electoral.

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Esta misión exploratoria también se reunirá en Cali con los delegados del Registrador Nacional en el Valle del Cauca mañana viernes, 26 de septiembre, y con los delegados departamentales de Cauca, el próximo sábado 27 de septiembre en Popayán.

Citas consulares: denuncias por pagos a terceros y falta de acceso golpean a colombianos fuera del país

Colombianos residentes en el exterior están manifestando crecientes dificultades para acceder a servicios consulares esenciales, como la renovación de pasaportes, la apostilla de documentos o la autenticación de poderes, debido a la dificultad para conseguir citas. La situación se agrava por denuncias de cobros a terceros para acceder a trámites gratuitos, prácticas que demandan una investigación urgente.

Un sistema colapsado y opaco

Según los testimonios de los afectados, la asignación de citas en los consulados es deficiente y poco transparente. “Muchos estamos siendo privados del acceso a servicios esenciales… han tenido que pagar a terceros para lograr una cita”, alertan colombianos en distintos países.

La voz de Omar Feijoo

Ante esta situación, el precandidato a la Cámara de Representantes por los Colombianos en el Exterior, Omar Feijoo Garzón, expresó: “Muchos compatriotas están siendo privados del acceso a servicios consulares esenciales. Esto no solo es una falla administrativa, sino una negación de derechos que afecta gravemente la vida de los colombianos en el exterior”. Feijoo hizo un llamado a las autoridades para garantizar servicios consulares eficientes, transparentes y democráticos, especialmente para quienes migraron en busca de oportunidades.

Detrás de este problema administrativo se encuentran miles de historias de personas que no pueden:

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          •         renovar documentos vitales,

          •         tramitar apostillas esenciales para empleo o estudios,

          •         gestionar poder para familiares o propiedades,

          •         o simplemente acceder a atención consular en condiciones dignas.

Una diáspora que no deja de crecer

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Más de cinco millones de colombianos viven fuera del país, cifra que representa cerca del 10 % de la población total del país. Los principales destinos incluyen Estados Unidos, España, Chile, Venezuela y Ecuador, donde la comunidad ha tenido un gran crecimiento en los últimos años.

Colombia cuenta con entre 63 embajadas y 94 consulados (más otras representaciones) en el mundo. En teoría, estas sedes deberían atender múltiples trámites consulares, pero los reclamos por atención demorada e irregular continúan en aumento, por lo que la creciente diáspora colombiana exige una respuesta efectiva del Estado.