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Cuando la justicia le cae a la justicia
Condenada exsecretaria de la sala penal del tribunal superior de Santa Marta por ocultar una sentencia que ordenaba la captura de un procesado.
Ilse Paulina Martínez Visbal impidió que se hiciera efectiva una decisión de segunda instancia que condenó a un abogado y dispuso que se hiciera efectiva la pena.
Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral, un juez penal de conocimiento condenó a la exsecretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (Magdalena), Ilse Paulina Martínez Visbal, a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
Los hechos que motivaron el fallo están relacionados con una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Santa Marta, el 12 de octubre de 2011, en la que ratificó la condena a 45 meses de prisión en contra de un abogado que participó en la defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Posteriormente, el expediente quedó a disposición de la entonces secretaria de la Sala Penal de la alta corporación, quien ocultó y desapareció el cuaderno que contenía el fallo que dispuso la detención del abogado, y omitió los procedimientos establecidos por ley al remitir el proceso incompleto y directamente a un juzgado de ejecución de penas.
De esta manera, la exfuncionaria judicial favoreció al abogado para que no se conociera ni aplicara la condena en su contra.
La sentencia de Martínez Visbal es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Además de la pena conocida, que deberá cumplirse en el lugar de residencia, contiene una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.
Judicializados presuntos responsables de facilitar el transporte por vía marítima de migrantes que zarparon de San Andrés y desaparecieron.
Estarían involucrados en dos eventos ocurridos en octubre de 2023 y julio de 2024, en los que dos embarcaciones zozobraron en altamar por sobrecupo y ausencia de medidas de seguridad.
Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar, capturar y judicializar a cinco personas señaladas de facilitar la salida ilegal por vía marítima de migrantes que llegaban a San Andrés Islas para tomar camino hacia países de Centroamérica con destino a Estados Unidos.
Se trata de Rick Allen Bent Duffis, Arnold Sebastián Bernard Valencia, Steve Stenley Walters Reales, Esteban Muñoz Reeves y Jayson Faiquare Hawkins, quienes habrían garantizado hospedaje, manutención y traslado en embarcaciones de pesca artesanal a dos grupos de ciudadanos extranjeros que desaparecieron en aguas del Caribe.
El primer evento conocido ocurrió el 21 de octubre de 2023. Una lancha de nombre ‘IAS II’ con 40 pasajeros, 2 de nacionalidad China y 38 de Venezuela (12 menores de edad), y 2 tripulantes partió de San Andrés y a la fecha se desconoce su paradero.
Aquí, Walters Reales, Muñoz Reeves y Faiquare Hawkins presuntamente captaron y aseguraron un cupo en la embarcación a 7 extranjeros, 2 menores de edad.
Entre tanto, Bent Duffis y Bernard Valencia estarían involucrados en un segundo caso sucedido entre el 27 de junio y el 8 de julio de 2024.
Las evidencias indican que, al parecer, contactaron y garantizaron que 5 de 18 migrantes de Kazajistan, Venezuela, Colombia, Irán y Chile abordaran una lancha, la cual zarpó con dos tripulantes rumbo a Nicaragua y naufragó en altamar.
En este suceso hubo 2 muertos, 3 desaparecidos y 15 rescatados, entre ellos 5 niños. Por todo lo anterior, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los cinco implicados el delito de tráfico de migrantes agravado. Adicionalmente, a Bent Duffis le fue imputado el delito de homicidio culposo. Uno de los procesados, Bernard Valencia, aceptó los cargos en su contra.
La labor investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación contó el trabajo de policía judicial del CTI y el apoyo la Dijin de la Policía Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Migración Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Armada Nacional.
Condenado a más de 13 años de prisión hombre responsable de acceder sexualmente a una menor en Casanare.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento condenara a la pena de 13 años y 4 meses a Víctor Alfonso Mora, por abusar sexualmente a una menor de edad, de 14 años, en Aguazul (Casanare).
Este hombre es responsable del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir.
La Fiscalía demostró que en una vivienda ubicada en el barrio El Porvenir del citado municipio, el agresor aprovechó que la adolescente había ingerido bebidas alcohólicas y la accedió carnalmente, mientras dormía.
El juzgado, además condenó a Alfonso Mora pagar la condena en establecimiento penitenciario y no podrá ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.
Esta sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Medidas jurídicas a 35 bienes de empresas ligadas al lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior
• Los bienes avaluados en cerca de 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos o utilizados para ocultar operaciones ilícitas en varias regiones del país.
• Las investigaciones fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y evidenciaron que las empresas importaban mercancía de Estados Unidos y China.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles, que estarían vinculados a una red criminal dedicada al lavado de activos por medio de operaciones de comercio exterior.
La medida busca afectar el músculo financiero de la organización y evitar que los activos sean negociados, transferidos o reutilizados en actividades ilícitas.
El valor de los bienes se aproxima a los 7.000 millones de pesos y están ubicados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia), Cartagena y Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas).
Las investigaciones adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenciaron que las empresas involucradas habrían importado equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China, mediante estructuras contables, financieras y sociedades comunes.
Estas operaciones generaron alertas por inconsistencias tributarias, incrementos patrimoniales no justificados y vínculos familiares entre sus representantes legales. Además, se identificó una red delictiva que desde 2016, habría consolidado una infraestructura económica y societaria orientada a la defraudación tributaria y el lavado de activos.
Las investigaciones y análisis patrimoniales, económicos y financieros evidencian que las empresas y sus representantes legales no tenían la capacidad económica, financiera y operativa para soportar el origen legal del dinero.
Las medidas se adoptan después de que seis presuntos integrantes de la red ilegal fueran judicializados por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
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