Judicial
Venezolana implicada en trata de personas
La mujer habría intentado manipular el testimonio de una menor víctima para impedir que cooperara con las autoridades y evitar el procesamiento de los otros integrantes de la banda.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de uniformados de la Octava Brigada del Ejército Nacional, capturaron el pasado 15 de agosto en Armenia a la ciudadana venezolana Daniela Cámara Perico, quien es requerida en extradición por el Tribunal Superior del condado de Mercer, Nueva Jersey de Estados Unidos.
La mujer deberá comparecer por los delitos de Crimen Organizado y trata de personas, promover la prostitución, poner en peligro el bienestar de un niño y facilitar económicamente una actividad delictiva.
Según el requerimiento internacional desde diciembre de 2021 y, al menos, hasta mayo de 2022 Cámara Perico habría hecho parte de una organización ilegal dedicada a la trata de personas.
Entre las víctimas habrían estado tres mujeres, una de ellas de 17 años, quienes fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a múltiples agresiones sexuales.
La acción coordinada por autoridades de ambos países evidenció que la persona requerida con circular roja se encargaría de contactar, mediante perfiles falsos en redes sociales, a las posibles víctimas.
Además, habría fingido ser víctima para acercarse a una menor que estaba colaborando con la investigación, y así entorpecer la acción judicial. Labores de policía judicial evidenciaron que la red ilegal usaba tres inmuebles ubicados en Trenton, el condado de Mercer y Nueva Jersey (Estados Unidos) para allí someter a las víctimas a vejámenes sexuales.
También se evidenció que la organización criminal contactaba hombres adultos a quienes, tras realizar pagos por servicios sexuales, les entregaban fichas de póker con las que se identificaban en los distintos lugares a los que llegaban para abusar sexualmente de las mujeres que allí se encontraban.
Esta operación fue realizada en trabajo articulado con el Grupo Transnacional de Trabajo de Investigación de Fugitivos (FIU-CTI) de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y hace parte del acuerdo de cooperación y ubicación de fugitivos internacionales suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Agencia U.S. Marshals del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la Embajada de los Estados Unidos para los fines de la formalización del pedido de extradición.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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