Judicial
Cayeron victimarios de dos hombres a los que le quitaron la vida en Arauca
Judicializados presuntos integrantes del ELN que estarían involucrados en el secuestro y posterior homicidio de dos comerciantes en Arauca
Son señalados de contactar y citar a las víctimas para concretar la supuesta venta de maquinaria amarilla, retenerlas y hacerles exigencias económicas a las familias por una liberación que nunca ocurriría.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de seis presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN y de dos adolescentes que estarían implicados en el secuestro y posterior asesinato de dos comerciantes en Tame (Arauca), en hechos ocurridos entre el 15 y 24 de noviembre de 2024.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la estructura armada, mediante ofertas falsas de venta de maquinaria amarilla publicadas por redes sociales, contactó a las víctimas y las convenció de viajar de Valledupar (Cesar) a Tame para cerrar el negocio.
Al llegar a la vereda Mapoy, el punto que había sido pactado con los aparentes vendedores, los dos hombres fueron retenidos en contra de su voluntad, y uno de ellos obligado a llamar a sus familiares para pedir que consignarán 60 millones de pesos a dos cuentas bancarias para supuestamente cubrir el valor de la maquinaria adquirida.
Posteriormente, un cabecilla del ELN se comunicó con las familias de los dos comerciantes y les exigió 100 millones de pesos para dejarlos en libertad; sin embargo, fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en una zona rural, donde las autoridades los encontraron el 24 de noviembre de 2024.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Arauca imputó a seis de los señalados partícipes de la acción criminal los delitos de secuestro extorsivo, homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.
Por su parte, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son: Shirley Patricia Contreras Guzmán, alias Chuky; Yeimi Tatiana Soler, alias Madrina; Natalia Moreno Cuéllar alias Chiqui; Jaisver Rojas Medina, Jhon Alexi Díaz Chaparro, alias JJ; y Nelson Eduardo Díaz Chaparro, alias Motosierra.
A los menores de edad les fueron imputados los mismos cargos por una fiscal de Tame y deberán cumplir medida de internamiento preventivo.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar, capturaron a los seis procesados y aprehendieron a los dos adolescentes en diligencias realizadas en Bogotá, Cali (Valle del Cauca), Arauca y Tame (Arauca), y Suaita (Santander).
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
Fiscalía identificó a mujer señalada de engañar a jóvenes con falsas ofertas laborales para inducirlas a viajar a México y explotarlas sexualmente.
Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales en Villavicencio (Meta) y convencidas de trasladarse a Cancún, donde trabajarían en un hotel. Sin embargo, al llegar eran despojadas de sus documentos, retenidas y obligadas a ejercer actividades sexuales.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una mujer que sería el principal enlace en Colombia de una red criminal señalada de engañar jóvenes con falsas ofertas laborales y convencerlas de viajar a México para explotarlas sexualmente en ese país.
A la presunta involucrada, identificada como Lix Verónica Novoa Montenegro, un fiscal especializado de la Seccional Meta le imputó el delito de trata de personas, cargo que no fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios indican que la hoy procesada, al parecer, ubicaba a las víctimas por redes sociales, les hacía ofrecimientos de trabajo en un hotel cinco estrellas de Cancún (México); y les tramitaba documentación, tiquetes aéreos y dinero para que pudieran trasladarse al extranjero.
Las jóvenes que aceptaban y llegaban a México eran recibidas por un grupo de personas que las movilizaba al sector de Playa del Carmen, en zona costera del estado Quintana Roo; las despojaba de sus papeles, las retenía y las obligaba a ejercer actividades sexuales en un establecimiento nocturno para cumplir el pago de multas impuestas para cubrir su manutención, alimentación y otros gastos.
Una de las víctimas de esta red ilegal escapó del lugar en el que era explotada sexualmente, acudió ante las autoridades y denunció.
En su declaración señaló que viajó a México en marzo de 2024, junto a otras tres víctimas. Con los detalles entregados y otras evidencias recopiladas en investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Novoa Montenegro, la cual fue materializada en Villavicencio por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
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