Judicial
Cárcel para presuntos delincuentes en Guaviare
Asegurados en centro carcelario presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que estarían involucrados en ola de ataques terroristas en Guaviare
Las acciones violentas ocurrieron entre junio de 2024 y enero de 2025, en San José del Guaviare y Calamar. Fueron utilizados artefactos explosivos artesanales y drones para atentar contra sedes de la fuerza pública.
La Fiscalía General de la Nación, en articulación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación de Millán Arnulfo Barahona Gómez, alias Miller o Cuchillo; Maicol Stiven Coca Valencia, alias Michel Coca; y Luis Alejandro Aristizábal García, alias Colágeno o Quietico, en actos terroristas y otras conductas delincuenciales contra la población civil y la fuerza pública en Guaviare.
Los tres señalados integrantes del frente Armado Ríos de las disidencias de las Farc habrían desempeñado diferentes roles delictivos en varios eventos criminales ocurridos entre junio del 2024 y enero de 2025. ‘Michael Coca’ estaría implicado en el atentado con drones y explosivos al batallón Batallón de Inteligencia Militar 24 del Ejército Nacional y la estación de policía de Calamar (Guaviare), en enero de 2025.
Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y contratistas de la región.
Alias Miller sería el responsable de trasladar los explosivos a los puntos donde eran detonados. En uno de los casos, sucedido a finales de junio de 2024, alias Colágeno recibió uno de los artefactos y lo instaló en inmediaciones la sede de la Brigada 22 de Selva del Ejército Nacional, en San José del Guaviare, donde fue activada controladamente por las autoridades.
De otra parte, también se acreditó que ‘Miller’ presuntamente participó en el asesinato de una pareja en la vereda El Progreso, en jurisdicción de Calamar.
Las evidencias dan cuenta de que transportó a un grupo de sicarios a la casa de las víctimas, donde ocurrieron los hechos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a estas tres personas ante un juez de control de garantías; y, de acuerdo con sus posible responsabilidad, les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas, daño en bien ajeno, utilización de métodos de guerra ilícitos; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y extorsión.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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