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Capturados por delitos ambientales

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Acciones investigativas de la Fiscalía en defensa de las áreas de protección ambiental en inmediaciones del Páramo de Santurbán.

Seis personas señaladas de coordinar la explotación ilegal de oro fueron judicializadas. Con su actuar ilegal habrían promovido el deterioro de los ecosistemas y recursos de la región.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis personas que harían parte de una organización delictiva dedicada a la extracción ilegal de oro en una zona de conservación y protección ambiental, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán, en jurisdicción de Lebrija (Santander).

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, daños en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los hoy procesados son señalados de coordinar el uso de equipos mecanizados como malacantes y taladros eléctricos; además de explosivos y sustancias químicas peligrosas, entre estas mercurio y cianuro, para obtener el metal precioso en las bocaminas denominadas El Túnel, Vetabarrro, El Indio y La Perezosa.

Estas actividades las auspiciaban de manera clandestina, sin títulos mineros y permisos de ley. En el lugar se constató que ocasionaron graves afectaciones a los recursos naturales del área protegida.

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Además, se identificó una red de trabajadores en mina y de los denominados ‘campaneros’, que se encargaban de alertar sobre la cercanía de las autoridades o procedimientos que se desarrollaban en el sector.

Los investigados fueron identificados como Fredy Chaparro Lizcano, Cristian Alberto Vera Solano, Luis Enrique Vera Solano, Fredy Rico Suárez, Kenner Daza Calvo y Robinson Vega Acevedo.

Todos seguirán vinculados a la investigación.

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Judicial

Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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Exalcalde en líos por millonario contrato

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Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.

Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.

Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.

Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.

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A la cárcel un degenerado

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Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.

En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).

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En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.

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