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A juicio en Colombia Papá Pitufo, el zar del contrabando

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Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.

Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.

La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).

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Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.

El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.

Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Judicial

Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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