Así lo dio a conocer mediante un Pronunciamiento sobre situación en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo:

Nuevamente, el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos que hemos advertido en los últimos meses: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá, hechos que ya habían sido advertidos en la AT 001 de enero de este año.

Hacemos un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas Farc, Bloque Jorge Suárez Briceño al mando de alias Calarcá Córdoba y Bloque Amazonas al mando de alias Ivàn Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que están poniendo en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes del corregimiento Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y demás veredas del municipio aledañas de San José del Guaviare.

Desde el pasado 26 de mayo de 2025, la comunidad que habita y transita por la conocida “Trocha Ganadera”, que conecta a cerca de 60 veredas y aproximadamente 10.000 personas, ha sido víctima de confinamiento, derivado de la imposición de un bloqueo armado por parte de estas estructuras ilegales.

Esta situación ha impedido la circulación de misiones médicas y generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes.

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De manera alarmante, la presencia armada y las confrontaciones entre estos dos grupos armados continúan recrudeciéndose, aumentando el riesgo para la comunidad, que permanece incomunicada y expuesta a nuevas vulneraciones de sus derechos.

Estos hechos están consumando los riesgos advertidos por la Alerta Temprana 001 de 2025. En comunicación del sábado 31 de mayo dirigida al Ministerio del Interior, le pedimos al Gobierno Nacional:

● La convocatoria inmediata de un CIPRAT extraordinario con enfoque territorial y la instalación urgente de un Puesto de Mando Unificado por la Vida – PMUV en San José del Guaviare para coordinar acciones de respuesta humanitaria.

● La activación de mecanismos humanitarios y de diálogo que garanticen el levantamiento del confinamiento y el restablecimiento de la libre circulación y acceso a bienes básicos para las comunidades afectadas.

● La adopción de medidas de prevención efectivas para evitar la repetición de estos hechos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, docentes y estudiantes. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las comunidades y de seguir denunciando cualquier acto que vulnere sus derechos fundamentales.

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Exigimos que se respete la vida y la dignidad de todas las personas afectadas por esta situación.

Con el objetivo de brindar apoyo digno a los casanareños que deben desplazarse a Bogotá por motivos médicos, la Gobernación de Casanare puso en funcionamiento el hogar de paso MiCasaNare, una iniciativa gestionada sin contratos, y con profundo sentido social y humano.

El inmueble, entregado en comodato por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuenta inicialmente con 30 camas habilitadas y todas las comodidades necesarias: cocina equipada, comedor, lavadora, nevera, salas de televisión, entre otros espacios acondicionados para ofrecer bienestar a pacientes y acompañantes durante su estadía en la capital.

Este logro fue posible gracias al compromiso de la gestora social del departamento, Diana Soler, quien lideró el diseño interior y articuló esfuerzos con las secretarías de Infraestructura, Integración, Desarrollo Social y Mujer. A este trabajo conjunto se sumaron empresarios y ciudadanos que participaron en la cena solidaria y subasta benéfica, eventos que permitieron reunir los fondos para dotar completamente la casa con muebles y electrodomésticos.

“No se trata solo de infraestructura, sino de dignidad. Hoy las familias vulnerables de Casanare que viajan por salud tienen un techo, una cama caliente y un lugar donde preparar sus alimentos. Este es un sueño de años que hoy se materializa con gestión, voluntad y amor por nuestro pueblo”, expresó el gobernador César Ortiz Zorro.

Gran parte de las adecuaciones se realizaron con mano de obra de trabajadores de la misma Gobernación, lo que demuestra que, con gestión y sentido de pertenencia, también se pueden lograr iniciativas de alto impacto para quienes más lo necesitan.

El hogar de paso MiCasaNare estará disponible en el transcurso de la próxima semana para recibir a pacientes casanareños de escasos recursos que requieran atención médica en Bogotá, acompañados por un familiar o cuidador.

Condenada exsecretaria de la sala penal del tribunal superior de Santa Marta por ocultar una sentencia que ordenaba la captura de un procesado.

Ilse Paulina Martínez Visbal impidió que se hiciera efectiva una decisión de segunda instancia que condenó a un abogado y dispuso que se hiciera efectiva la pena.

Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en juicio oral, un juez penal de conocimiento condenó a la exsecretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta (Magdalena), Ilse Paulina Martínez Visbal, a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Los hechos que motivaron el fallo están relacionados con una decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior Santa Marta, el 12 de octubre de 2011, en la que ratificó la condena a 45 meses de prisión en contra de un abogado que participó en la defraudación al Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Posteriormente, el expediente quedó a disposición de la entonces secretaria de la Sala Penal de la alta corporación, quien ocultó y desapareció el cuaderno que contenía el fallo que dispuso la detención del abogado, y omitió los procedimientos establecidos por ley al remitir el proceso incompleto y directamente a un juzgado de ejecución de penas.

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De esta manera, la exfuncionaria judicial favoreció al abogado para que no se conociera ni aplicara la condena en su contra.

La sentencia de Martínez Visbal es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Además de la pena conocida, que deberá cumplirse en el lugar de residencia, contiene una inhabilidad de 65 meses para ejercer funciones públicas.