Judicial
A responder Hugo Aguilar por los regalos de Navidad que no entregó
Fiscalía imputa a exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por irregularidades en un contrato de compra de regalos navideños para los niños del departamento.
El exfuncionario como ordenador del gasto habría omitido sus funciones de vigilancia, control y seguimiento, y delegó la contratación a una secretaría.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, como posible responsable de los delitos de contrato sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los cargos no fueron aceptados.
Los hechos que se le atribuyen están relacionados con las irregularidades detectadas en la planeación y celebración del contrato 1724 del 13 de agosto de 2007, que ascendió en valor a 650 millones de pesos y tenía por objeto garantizar la adquisición de juguetes para niños y niñas de escasos recursos, durante la temporada navideña.
Durante la audiencia realizada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que el exmandatario omitió su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública, y delegó el desarrollo del proceso contractual cuestionado a la Secretaría de Desarrollo Social.
En el curso de la investigación fueron identificadas anomalías en la fase precontractual e inconsistencias en los estudios previos.
Por ejemplo, la administración departamental no realizó un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían, tampoco argumentó con claridad la necesidad de avanzar el proyecto ni abrió licitación pública.
Finalmente, el contrato fue suscrito con una fundación que no tenía la idoneidad ni capacidad para cumplir con las actividades previstas.
En la fase de ejecución debía comprar 130.000 juguetes, pero solo entregó 36.000. Adicionalmente, se estableció que al valor total se le hizo un modificatorio para aumentar el costo de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos.
En medio de los cambios presupuestales y el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la fundación, la Gobernación de Santander pagó la totalidad de los recursos.
Esto representó que el contratista se quedara con 416 millones de pesos.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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