Gobierno Nacional
Víctimas de desplazamiento por fin están recibiendo su plata
Ante la Corte Constitucional, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, resaltó que, durante esta administración, la entidad ha indemnizado a 160.518 víctimas de este flagelo, representando el 18% del total del pago en esta materia.

El aumento significativo en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en especial a las del desplazamiento forzado, fue uno de los avances de este Gobierno que resaltó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en medio de la sesión técnica que desarrolló este lunes la Corte Constitucional para dialogar sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a este grupo de personas.
Esta fue la cuarta sesión realizada por el alto tribunal para hacerle seguimiento a las órdenes contempladas en la Sentencia T-025, en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, vivido por 8.609.804 víctimas de este flagelo, según el Registro Único de Víctimas.

En el espacio, víctimas, delegados del Estado, expertas, académicos y representantes de la sociedad civil, hablaron sobre las medidas que han resultado insuficientes y las que sí han servido para garantizar los derechos de quienes tuvieron que salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
También, se expresaron algunas recomendaciones para hacer más efectiva la política pública y que sea acorde de las necesidades actuales de las víctimas del desplazamiento en temas como: salud, atención psicosocial, generación de ingresos y acciones encaminadas a brindar soluciones duraderas.
¿Qué ha pasado con la indemnización?
Desde 1996, el Estado colombiano ha indemnizado administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas, de las cuales 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión acumulada de seis billones de pesos aproximadamente.
En su intervención, Tobón Yagarí destacó que las indemnizaciones pagadas por desplazamiento forzado en este Gobierno han sido históricas, pues representan el 18% del total para las personas incluidas por este hecho victimizante: “En un año y medio se ha avanzado de forma importante, debido a que se ha logrado aumentar anualmente el pago de esta medida, indemnizando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros.
Solo en 2023, logramos la cifra más alta en la historia de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, que fueron 137.880”.
Si se continúa con ese ritmo de pago de indemnización, se reduciría en 24 años el tiempo que deberían esperar las víctimas de desplazamiento forzado para ser indemnizadas.
Así lo afirmó la funcionaria luego de indicar que, con la regularidad de pagos en gobiernos anteriores: “Al Estado le tomaría por lo menos 74 años en indemnizar al universo de víctimas pendientes”.
Tras eso mencionó que, conscientes del reto, el Gobierno nacional se comprometió a superar esta brecha para reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo para 2024.
En cuanto al componente de rehabilitación, la directora Tobón Yagarí resaltó la apuesta para ampliar la cobertura y promover el acceso a esta medida de un número mayor de víctimas en zonas de difícil acceso y víctimas residentes en el exterior.
Además, indicó que “desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial y mejorar en las acciones para la recuperación emocional de las víctimas”.
Aún persisten los retos Luego de exponer los avances, la directora reconoció que, así como lo han expresado las víctimas, las organizaciones, los académicos, la Corte Constitucional y los expertos en esta materia, todavía persisten desafíos para superar las fallas estructurales en la implementación de la política pública e insistió en que un asunto fundamental para contribuir a la superación del rezago son las fuentes de financiación.
“A pesar de estos avances somos conscientes de que el reto persiste, porque para reparar al actual universo de 7,2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas se requieren más de 75 billones de pesos”, dijo tras indicar que para lograr este objetivo “se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes”.
Por eso, sostuvo que la Unidad para las Víctimas trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda para construir un plan de aceleración del pago de indemnizaciones como estrategia para superar el ECI.
“Sí es importante poder responder cuáles son esas fuentes de financiación. En este Gobierno estamos haciendo ese trabajo de manera seria junto con Hacienda.
Tenemos una deuda pública muy grande y en este Gobierno tenemos toda la voluntad de encarar esta discusión para superar el déficit y que los programas puedan, en serio, contar con recursos. Tenemos toda la voluntad de garantizar esos derechos, pero para eso necesitamos los recursos”, enfatizó.
Por último, señaló que en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, se incluyó la creación de una Comisión de Financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación: “Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado”.
Al finalizar el espacio, la Corte Constitucional instó a las entidades a seguir trabajando por la superación del ECI.
Es importante porque las reflexiones de estas audiencias servirán de insumo para impartir órdenes en medio de la Sentencia T-025.
Gobierno Nacional
Superintendencia Nacional de Salud activa Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos.
Bogotá, 1 de diciembre de 2025.
Ante el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional que busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.
Este Plan, con una duración inicial de nueve (9) meses y alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.
Objetivos centrales del Plan de Choque:
- Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
- Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio.
- Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.
Acciones inmediatas en territorio:
- Visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario.
- Mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias.
- Revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas, retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación oportuna de medicamentos.
- Activación prioritaria de mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
Fase de seguimiento y medidas de control:
La Superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos.
Cierre y evaluación:
El Plan culminará con una evaluación integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento.
Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su función constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la destinación exclusiva y transparente de los recursos del sistema y asegurar que ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.
El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.
Gobierno Nacional
UNGRD entrega Papa a familias damnificadas por las lluvias en Casanare
• La entrega de papa como parte de Asistencia Humanitaria de Emergencia beneficia a más de 59.000 familias damnificadas.
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores para evitar la pérdida de sus cosechas.
• Con la estrategia “Buena Papa”, la UNGRD lleva alimentos del campo colombiano a los hogares más afectados por las emergencias, uniendo la solidaridad del Estado con el trabajo y esfuerzo del campesino colombiano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.
Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.
Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.
“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa.
Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.
Con la estrategia “Buena Papa”, el Gobierno nacional fortalece la atención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano, demostrando que cada acción humanitaria puede convertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.
Gobierno Nacional
Cerca de 11.000 firmantes de paz siguen adelante en su proceso de reincorporación
- Más del 84% de las personas que dejaron las armas en 2016 han ratificado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización su compromiso con la construcción de paz.
- En los planes de reincorporación individual, el 77% de las y los firmantes priorizaron el acceso o mejoramiento de vivienda y el 76% se inclinó por participar en campañas de divulgación sobre el acompañamiento psicosocial.

A un año de que el Gobierno Nacional creara el Programa de Reincorporación Integral (PRI), 11.130 firmantes de paz, de un total de 13.216 personas, se encuentran vinculados activamente a este programa. Esto demuestra que un gran porcentaje de quienes dejaron las armas hace casi 9 años continúa apostándole a la paz y a la no repetición.
De la cifra de 11.130 firmantes, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha logrado la formulación de 10.724 Planes de Reincorporación Individual, que son la hoja de ruta definida por cada firmante en su proceso de reincorporación social, económica, política y comunitaria.
El PRI fue creado en julio de 2024, con el decreto 0846, con el objetivo de generar y fortalecer capacidades de personas y colectivos en proceso de reincorporación, sus grupos familiares y comunidades. Contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, garantizando los enfoques diferenciales y territorial.
Por eso, el PRI se adapta a las particularidades de los firmantes, y actualmente incluye a 828 jóvenes (18 a 28 años), 971 personas mayores de 60 años y a 1.901 personas con discapacidad, quienes representan el 17% de los ingresados al Programa, en respuesta al enfoque inclusivo y diferencial en la construcción de la paz.
Presencia territorial y proyectos de vida priorizados
La reincorporación integral es un proceso que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los 11.123 firmantes activos en el PRI se ubican estratégicamente en 33 departamentos, con mayor concentración en Meta (1.456), Antioquia (1.262), Cauca (1.029), Caquetá (690) y Tolima (672). Bogotá D.C. también registra una alta presencia con 666 firmantes. Esto evidencia la amplitud geográfica del proceso.
En los Planes de Reincorporación Individual, en los que los firmantes seleccionan qué acciones priorizan, se destacan:
• Reincorporación Social: el 77% de los firmantes priorizan el acceso o mejoramiento de vivienda, y el 76% se inclina por la realización de campañas de divulgación del proceso de acompañamiento psicosocial, lo que demuestra un fuerte interés en el bienestar personal y comunitario.
• Reincorporación Económica: la asignación mensual es la acción más seleccionada por el 85% de los firmantes, seguida por la implementación de un programa de acceso a tierras (72%), lo que subraya la búsqueda de estabilidad financiera y productiva.
• Reincorporación Comunitaria: el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de acciones de reconciliación y la construcción de paz territorial (58%) lidera esta área, complementado por acciones de pedagogía de paz sobre el Acuerdo de Paz (49%). Esto muestra compromiso con la reconstrucción del tejido social.
• Reincorporación Política: la sensibilización sobre el alcance y funcionamiento de las veedurías ciudadanas (44%) y la formación para el liderazgo político (34%) al ser las acciones más elegidas reflejan el interés en la participación democrática y la construcción cívica.
Estos avances cuantitativos y cualitativos subrayan la solidez del Programa de Reincorporación Integral de la ARN como un pilar fundamental para la consolidación de la paz en Colombia, y demuestra la voluntad y el esfuerzo de miles de firmantes por construir un futuro sostenible y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
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