Gobierno Nacional
Víctimas de desplazamiento por fin están recibiendo su plata
Ante la Corte Constitucional, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, resaltó que, durante esta administración, la entidad ha indemnizado a 160.518 víctimas de este flagelo, representando el 18% del total del pago en esta materia.
El aumento significativo en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en especial a las del desplazamiento forzado, fue uno de los avances de este Gobierno que resaltó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en medio de la sesión técnica que desarrolló este lunes la Corte Constitucional para dialogar sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a este grupo de personas.
Esta fue la cuarta sesión realizada por el alto tribunal para hacerle seguimiento a las órdenes contempladas en la Sentencia T-025, en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, vivido por 8.609.804 víctimas de este flagelo, según el Registro Único de Víctimas.
En el espacio, víctimas, delegados del Estado, expertas, académicos y representantes de la sociedad civil, hablaron sobre las medidas que han resultado insuficientes y las que sí han servido para garantizar los derechos de quienes tuvieron que salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
También, se expresaron algunas recomendaciones para hacer más efectiva la política pública y que sea acorde de las necesidades actuales de las víctimas del desplazamiento en temas como: salud, atención psicosocial, generación de ingresos y acciones encaminadas a brindar soluciones duraderas.
¿Qué ha pasado con la indemnización?
Desde 1996, el Estado colombiano ha indemnizado administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas, de las cuales 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión acumulada de seis billones de pesos aproximadamente.
En su intervención, Tobón Yagarí destacó que las indemnizaciones pagadas por desplazamiento forzado en este Gobierno han sido históricas, pues representan el 18% del total para las personas incluidas por este hecho victimizante: “En un año y medio se ha avanzado de forma importante, debido a que se ha logrado aumentar anualmente el pago de esta medida, indemnizando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros.
Solo en 2023, logramos la cifra más alta en la historia de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, que fueron 137.880”.
Si se continúa con ese ritmo de pago de indemnización, se reduciría en 24 años el tiempo que deberían esperar las víctimas de desplazamiento forzado para ser indemnizadas.
Así lo afirmó la funcionaria luego de indicar que, con la regularidad de pagos en gobiernos anteriores: “Al Estado le tomaría por lo menos 74 años en indemnizar al universo de víctimas pendientes”.
Tras eso mencionó que, conscientes del reto, el Gobierno nacional se comprometió a superar esta brecha para reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo para 2024.
En cuanto al componente de rehabilitación, la directora Tobón Yagarí resaltó la apuesta para ampliar la cobertura y promover el acceso a esta medida de un número mayor de víctimas en zonas de difícil acceso y víctimas residentes en el exterior.
Además, indicó que “desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial y mejorar en las acciones para la recuperación emocional de las víctimas”.
Aún persisten los retos Luego de exponer los avances, la directora reconoció que, así como lo han expresado las víctimas, las organizaciones, los académicos, la Corte Constitucional y los expertos en esta materia, todavía persisten desafíos para superar las fallas estructurales en la implementación de la política pública e insistió en que un asunto fundamental para contribuir a la superación del rezago son las fuentes de financiación.
“A pesar de estos avances somos conscientes de que el reto persiste, porque para reparar al actual universo de 7,2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas se requieren más de 75 billones de pesos”, dijo tras indicar que para lograr este objetivo “se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes”.
Por eso, sostuvo que la Unidad para las Víctimas trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda para construir un plan de aceleración del pago de indemnizaciones como estrategia para superar el ECI.
“Sí es importante poder responder cuáles son esas fuentes de financiación. En este Gobierno estamos haciendo ese trabajo de manera seria junto con Hacienda.
Tenemos una deuda pública muy grande y en este Gobierno tenemos toda la voluntad de encarar esta discusión para superar el déficit y que los programas puedan, en serio, contar con recursos. Tenemos toda la voluntad de garantizar esos derechos, pero para eso necesitamos los recursos”, enfatizó.
Por último, señaló que en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, se incluyó la creación de una Comisión de Financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación: “Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado”.
Al finalizar el espacio, la Corte Constitucional instó a las entidades a seguir trabajando por la superación del ECI.
Es importante porque las reflexiones de estas audiencias servirán de insumo para impartir órdenes en medio de la Sentencia T-025.
El Invías y la gobernación de Boyacá suscribieron la incorporación de recursos al acuerdo pacto bicentenario por $33.663 millones, destinados a la intervención del corredor Vado Hondo- Labranzagrande – Yopal, en la vía que conecta a los departamentos de Boyacá y Casanare.
Este es el primer aporte que recibe el acuerdo por parte de los gobiernos regionales involucrados. Inicialmente, la Nación aportó cerca de $2,4 billones y los departamentos se comprometieron con $1,15 billones.
Actualmente, con una inversión de $173.084 millones, el Invías adelanta las obras de mejoramiento y mantenimiento del corredor Vado Hondo- Labranzagrande – Yopal, las cuales registran un avance del 25% en su ejecución.
“Esta firma nos permite honrar el acuerdo Pacto Bicentenario destinado a mejorar las vías de los territorios que facilitaron y generaron la gesta libertadora de nuestro país. Hoy, cumpliendo el compromiso, el Instituto Nacional de Vías y la gobernación de Boyacá establecen la incorporación de estos recursos, $33.063 millones producto del aporte de la Gobernación y $600 millones que son producto del aporte del Instituto Nacional de Vías en lo que representa el trabajo de nuestros funcionarios y nuestros contratistas”, expresó el director General del Invías, Juan Carlos Montenegro Arjona.
Con una inversión de $173.084 millones, el Instituto Nacional de Vías, Invías, adelanta las obras de mejoramiento y mantenimiento de este corredor que actualmente presentan un avance del 25% con la pavimentación de 3,1 km y la construcción de 7 muros de contención, 22 alcantarillas y 7 box culvert. Durante su ejecución, este proyecto ha generado más de 1.690 empleos, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la región y mejorando la calidad de vida de 200.000 personas.
Con los recursos incorporados por la gobernación de Boyacá, se prevé la intervención de dos nuevos tramos en jurisdicción del municipio de Labranzagrande. “Esta vía, Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal, será la vía que, en 10 años, esperemos tenga más alto tráfico de vehículos livianos de transporte y de carga liviana y que mueva la economía de los dos departamentos. Esperamos sea una vía trascendental para el desarrollo del país y que por allí pueda moverse el turismo entre Casanare y Boyacá, que es un turismo que está creciendo”, afirmó el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
El Pacto Bicentenario, es un acuerdo marco de voluntades que busca la consolidación de inversiones en corredores viales estratégicos y en la competitividad turística de la región, en donde la Nación inicialmente aportó cerca de $2,4 billones y los departamentos de la campaña libertadora: Arauca, Boyacá, Casanare, Santander y Cundinamarca, se comprometieron con $1,15 billones.
Estos son los proyectos que hacen parte del Pacto Bicentenario:
– Ruta de Los Comuneros: Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa. Inversión: $557.000 millones. Avance: 48%.
– Transversal de Boyacá: Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Tunja. Inversión: $434.000 millones. Avance: 43%.
– Vía de la Soberanía: La Lejía – Saravena. Inversión: $426.550 millones. Avance: 18%.
– Ruta de los Libertadores: Belén – Sácama – La Cabuya- Paz de Ariporo. Inversión: $370.249 millones. Avance: 28%.
– Duitama – Charalá – San Gil: Inversión: $353.225 millones. Avance: 24%.
– Vado Hondo – Labranzagrande – Yopal: Inversión: $173.084 millones. Avance: 25%.
Este es el primer aporte que recibe el acuerdo por parte de los gobiernos regionales. Actualmente, los proyectos en ejecución están siendo financiados con recursos de la Nación bajo el modelo de vigencias futuras.
Gobierno Nacional
Supersalud posibilita acuerdo entre Nueva EPS y Audifarma para restablecer la dispensación de medicamentos en 13 departamentos
La Superintendencia Nacional de Salud facilitó en las últimas horas la suscripción de un acuerdo entre la Nueva EPS y el gestor farmacéutico Audifarma, con el cual se viabilizará y normalizará la dispensación de medicamentos para los usuarios de 13 departamentos.
Al arreglo se llegó luego de 3 mesas de trabajo desarrolladas en la Delegatura de Gestores Farmacéuticos de la Superintendencia, al cabo de las cuales ambas partes se comprometieron ante la Supersalud a restablecer sus relaciones y garantizar la gestión permanente de flujo de recursos y la entrega de medicamentos.
Los departamentos y territorios cobijados por el acuerdo son aquellos donde Audifarma tiene convenio de dispensación con la Nueva EPS, es decir Bogotá, Valle, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Caldas, Cesar, Córdoba, Chocó, Tolima, Nariño, Guaviare, Amazonas y Cauca.
En las reuniones de trabajo participó el equipo directivo de Audifarma, encabezado por tres de sus principales directivos, así como el interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, quienes concluyeron exitosamente las negociaciones y sellaron el acuerdo en presencia de la Superintendente Delegada para Gestores Farmacéuticos de la Supersalud, Yahel Bibiana Bueno.
“Desde la Superintendencia destacamos la buena voluntad expresada por las partes y su decisión de trabajar en restablecer y mejorar la entrega de medicamentos a la población afiliada a Nueva EPS en los departamentos acordados. Seguiremos vigilantes en el cumplimiento de los acuerdos suscritos, confiamos en que repercutan en la reducción progresiva de los reclamos y de esta manera seguimos caminando rumbo a la oportuna e integral entrega de medicamentos y tecnologías en salud para los pacientes pues la humanización de la salud es nuestra prioridad”, señaló el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García.
Otros puntos relevantes del acuerdo, además del relacionado con el flujo de recursos, son:
• Audifarma y Nueva EPS priorizarán la entrega de pendientes, atención a fallos de tutelas, enfermedades huérfanas y anticonvulsivantes, entre otras cohortes.
• La entrega de pendientes obedecerá atendiendo el umbral racional terapéutico y en caso de tener alguna circunstancia especial, será la Nueva EPS quien deba resolver de manera oportuna con el paciente.
• Audifarma implementará con sus usuarios una campaña educativa sobre su página web para que conozcan consultar el estado del pendiente al tiempo que mejorará las calidades humanas y sus políticas de Gobierno Corporativo en la atención a sus usuarios.
• Admitido por la Superintendencia de Sociedades el Plan de Reorganización Empresarial, las partes mantendrán y honrarán lo pactado, y este acuerdo será presentado ante el promotor designado para este caso.
• A partir del 11 de diciembre de 2024, y en un plazo de dos semanas, Audifarma implementará los procesos logísticos y de abastecimiento necesarios, de manera progresiva en los 13 departamentos acordados y en los puntos farmacéuticos escogidos por la Nueva EPS.
Gobierno Nacional
Hospitales intervenidos por parte de la Supersalud exponen logros de 2024 y retos a corto plazo
Los representantes legales de las 13 instituciones prestadoras de salud que se encuentran intervenidas o bajo medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud se dieron cita en Bogotá para exponer el balance del 2024, logros alcanzados, los retos planteados para 2025 y algunas de las problemáticas que afrontan; fueron algunos de los temas que se desarrollaron durante este encuentro.
La apertura de esta rendición de cuentas estuvo a cargo del Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, quien recalcó la voluntad del Gobierno del Cambio por el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y el cubrimiento en materia de salud de todo el territorio nacional.
El Supersalud afirmó que a lo largo de la historia se había creído que las intervenciones no servían para nada, pero que en este gobierno se demostraría que las intervenciones sí sirven, y que para ello se debe trabajar día y noche con el fin de lograr el cambio que la salud requiere.
Por su parte, los agentes interventores coincidieron en que, si bien los avances han sido notorios, la deuda por parte de las EPS aún es grande, por lo que se propuso entablar cuanto antes una reunión entre las entidades promotoras intervenidas con el fin de llegar a acuerdos reales de pago y de esa forma sanear la cartera de estas instituciones.
A la fecha, la Superintendencia Nacional de Salud mantiene medida de intervención forzosa administrativa para administrar a 12 ESE y una en medida de vigilancia especial, las cuales de acuerdo con sus agentes interventores han venido recuperándose para el beneficio de millones de colombianos que acceden a diario a sus servicios.
En la primera parte de la jornada expusieron los gerentes de las ESE: San José de Maicao; San Andrés de Tumaco; San Andrés de Chiriguaná; San Rafael de Leticia; San Francisco de Asís, de Quibdó; La Misericordia, de Calarcá, y el Rosario Pumarejo de López, de Valledupar.
Allí se destacó el fortalecimiento de los equipos básicos de salud, la apertura y reapertura de servicios en cada uno de los hospitales, así como la inversión en su infraestructura.
Sin embargo, insistieron en la necesidad de un seguimiento más eficiente respecto al flujo de recursos para alcanzar el saneamiento de la cartera.
En la tarde se hizo presente el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aprovechó la asistencia de todos los interventores para recomendarles una conexión más cercana con la comunidad, y los invitó a satisfacer las necesidades de la gente como principal función.
El evento finalizó con las exposiciones de las ESE, Luis Ablanque de la Plata, de Buenaventura; Alfonso Jaramillo Salazar, del Líbano; la Subred Centro Oriente, de Bogotá, el hospital regional Magdalena Medio, de Barrancabermeja; el Centro de Salud Giovani Cristini, de El Carmen de Bolívar y el Hospital María Inmaculada, ubicado en la capital caqueteña.
Estos Hospitales presentaron sus avances en materia de ejecución presupuestal, fortalecimiento de los Equipos Básicos en Salud y la forma cómo se ha hecho extensiva la presencia de los profesionales de la salud en los territorios más apartados de la geografía nacional, así mismo, la implementación de un modelo de salud preventivo y predictivo en beneficio de todos los colombianos.
El evento culminó con la intervención de la Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, Beatriz Gómez, quien resumió el encuentro como algo provechoso, no solo por los resultados expuestos, sino por el intercambio de logros y experiencias por parte de quienes dirigen actualmente estas medidas de intervención.
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