Gobierno Nacional
Víctimas de desplazamiento por fin están recibiendo su plata
Ante la Corte Constitucional, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, resaltó que, durante esta administración, la entidad ha indemnizado a 160.518 víctimas de este flagelo, representando el 18% del total del pago en esta materia.
El aumento significativo en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en especial a las del desplazamiento forzado, fue uno de los avances de este Gobierno que resaltó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en medio de la sesión técnica que desarrolló este lunes la Corte Constitucional para dialogar sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a este grupo de personas.
Esta fue la cuarta sesión realizada por el alto tribunal para hacerle seguimiento a las órdenes contempladas en la Sentencia T-025, en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, vivido por 8.609.804 víctimas de este flagelo, según el Registro Único de Víctimas.
En el espacio, víctimas, delegados del Estado, expertas, académicos y representantes de la sociedad civil, hablaron sobre las medidas que han resultado insuficientes y las que sí han servido para garantizar los derechos de quienes tuvieron que salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
También, se expresaron algunas recomendaciones para hacer más efectiva la política pública y que sea acorde de las necesidades actuales de las víctimas del desplazamiento en temas como: salud, atención psicosocial, generación de ingresos y acciones encaminadas a brindar soluciones duraderas.
¿Qué ha pasado con la indemnización?
Desde 1996, el Estado colombiano ha indemnizado administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas, de las cuales 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión acumulada de seis billones de pesos aproximadamente.
En su intervención, Tobón Yagarí destacó que las indemnizaciones pagadas por desplazamiento forzado en este Gobierno han sido históricas, pues representan el 18% del total para las personas incluidas por este hecho victimizante: “En un año y medio se ha avanzado de forma importante, debido a que se ha logrado aumentar anualmente el pago de esta medida, indemnizando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros.
Solo en 2023, logramos la cifra más alta en la historia de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, que fueron 137.880”.
Si se continúa con ese ritmo de pago de indemnización, se reduciría en 24 años el tiempo que deberían esperar las víctimas de desplazamiento forzado para ser indemnizadas.
Así lo afirmó la funcionaria luego de indicar que, con la regularidad de pagos en gobiernos anteriores: “Al Estado le tomaría por lo menos 74 años en indemnizar al universo de víctimas pendientes”.
Tras eso mencionó que, conscientes del reto, el Gobierno nacional se comprometió a superar esta brecha para reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo para 2024.
En cuanto al componente de rehabilitación, la directora Tobón Yagarí resaltó la apuesta para ampliar la cobertura y promover el acceso a esta medida de un número mayor de víctimas en zonas de difícil acceso y víctimas residentes en el exterior.
Además, indicó que “desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial y mejorar en las acciones para la recuperación emocional de las víctimas”.
Aún persisten los retos Luego de exponer los avances, la directora reconoció que, así como lo han expresado las víctimas, las organizaciones, los académicos, la Corte Constitucional y los expertos en esta materia, todavía persisten desafíos para superar las fallas estructurales en la implementación de la política pública e insistió en que un asunto fundamental para contribuir a la superación del rezago son las fuentes de financiación.
“A pesar de estos avances somos conscientes de que el reto persiste, porque para reparar al actual universo de 7,2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas se requieren más de 75 billones de pesos”, dijo tras indicar que para lograr este objetivo “se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes”.
Por eso, sostuvo que la Unidad para las Víctimas trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda para construir un plan de aceleración del pago de indemnizaciones como estrategia para superar el ECI.
“Sí es importante poder responder cuáles son esas fuentes de financiación. En este Gobierno estamos haciendo ese trabajo de manera seria junto con Hacienda.
Tenemos una deuda pública muy grande y en este Gobierno tenemos toda la voluntad de encarar esta discusión para superar el déficit y que los programas puedan, en serio, contar con recursos. Tenemos toda la voluntad de garantizar esos derechos, pero para eso necesitamos los recursos”, enfatizó.
Por último, señaló que en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, se incluyó la creación de una Comisión de Financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación: “Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado”.
Al finalizar el espacio, la Corte Constitucional instó a las entidades a seguir trabajando por la superación del ECI.
Es importante porque las reflexiones de estas audiencias servirán de insumo para impartir órdenes en medio de la Sentencia T-025.
El Gobierno Nacional de Colombia ha emitido el Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025, mediante el cual se aumentan las tarifas de retención en la fuente para varios sectores económicos. Esta medida busca incrementar el recaudo tributario durante el año gravable 2025, lo que podría generarle al Gobierno Nacional recaudos por $13,9 billones, según Fedesarrollo.
SECTORES Y ACTIVIDADES AFECTADAS:
Sector agrícola y pecuario: café, cacao, tabaco, caña de azúcar, frutas, palma de aceite, plátano, arroz, hortalizas, ganado bovino, equino, ovino, caprino y aves de corral, peces.
Sector minero: extracción de carbón, petróleo, gas natural, oro, arena, piedra, arcilla y otros minerales.
Sector industrial: productos con procesamiento como panela, lácteos, harinas, aceites, grasas, chocolates, pastas, bebidas alcohólicas, textiles, artículos de cuero, calzado, plásticos, pinturas, jabones, detergentes, vidrio, llantas, cemento, hierro, equipos médicos, ópticos, fotográficos, eléctricos, electrodomésticos y vehículos.
Sector de servicios: transporte de carga, generación de energía eléctrica, comercialización de energía eléctrica, producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías, captación, tratamiento y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recolección de desechos no peligrosos.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y LOS CIUDADANOS:
El aumento en las tarifas de retención en la fuente podría generar un incremento en los costos logísticos de los productos, lo que podría llevar a una mayor inflación y afectar al consumidor final.
Los trabajadores independientes y pequeños empresarios también se verán afectados por el aumento en las tarifas de retención en la fuente.
Algunos expertos consideran que esta medida es una “reforma tributaria encubierta” que podría generar problemas de caja en las empresas y afectar la inversión y el empleo.
REACCIONES POLÍTICAS:
El expresidente Álvaro Uribe ha criticado la medida, afirmando que “el decreto para anticipar 7 billones de pesos en impuestos es otra indicación que el Gobierno quiere el exterminio del sector privado”.
El precandidato presidencial David Luna ha anunciado que interpondrá una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión inmediata del decreto.
Otros políticos y gremios también han expresado su rechazo a la medida, argumentando que podría afectar la economía y el empleo.
Gobierno Nacional
Parteras y parteros en Nariño y autoridades indígenas del Amazonas, Magdalena y La Guajira podrán certificar nacimientos
* La autorización fue otorgada por la Registraduría Nacional y el DANE, atendiendo la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los nacimientos.
* “Mediante estas autorizaciones eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil”: directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante las circulares conjuntas 001, 002 y 003 de 2025, autorizaron a parteras y parteros en algunos municipios de Nariño, así como a autoridades indígenas de ciertas comunidades del Amazonas, Magdalena y La Guajira para certificar los nacimientos ocurridos en sus territorios.
Esta decisión tiene como objetivo continuar garantizando el derecho a la identidad de personas pertenecientes a grupos étnicos, salvaguardar los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico y reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del país.
En Nariño, las parteras y los parteros inscritos en la Asociación de Parteras La Cigüeña, de las veredas y comunidades de los municipios de Tumaco, La Tola, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco, podrán certificar los nacimientos que atiendan utilizando el formato de notificación de nacimiento para personas pertenecientes a grupos étnicos, expedido por el DANE con fines estadísticos y registrales.
En Amazonas, la autorización fue otorgada a las autoridades indígenas de las comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas (CITMA): Santa Isabel, Jariyé, Mamura, Bellavista, Puerto Libre, Wakaya, Puerto Guayabo, Puerto Nuevo, Oiyacá, Puerto Castaño, Villanueva, Quebrada Negra y Puerto Lago, habitadas por las etnias indígenas yukuna, matapi, tikuna, letuama, tanimuka, makuna cabillari y yauna.
Asimismo, las autoridades indígenas de la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona, de los departamentos de Magdalena y La Guajira, podrán certificar los nacimientos que tengan lugar en la comunidad a través del mencionado formato. Este documento acredita el nacimiento de una persona viva y sirve como antecedente para la inscripción en el registro civil durante los dos años siguientes al hecho.
“Mediante estas autorizaciones otorgadas por la Registraduría Nacional y el DANE, atendemos la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los hechos vitales que allí ocurren y eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil.
De esta manera, estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”, afirmó la directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará adelantando todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la identidad de las comunidades étnicas, en especial de aquellas que habitan en los territorios más apartados del país y que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de registro civil e identificación.
Gobierno Nacional
Colombia inicia distribución de más de cinco millones de vacunas contra la influenza estacional
El Ministerio de Salud y Protección Social dio inicio el lunes 21 de abril a la distribución de dosis de la vacuna contra la influenza estacional. Las dosis pediátricas y para adultos serán entregadas a lo largo del territorio nacional como parte de la estrategia anual de protección contra enfermedades respiratorias causadas por los virus de influenza.
La distribución se realiza a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que lidera las acciones del país en la prevención de enfermedades transmisibles. Esta medida toma especial relevancia ante la llegada de la temporada de alta circulación de virus respiratorios y el incremento de brotes en la región.
“La vacunación es una de las herramientas más efectivas para proteger la vida y la salud pública. Con esta vacuna buscamos llegar a toda la población y fortalecer la cultura del cuidado en cada rincón del país” afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La influenza es una enfermedad estacional, es decir, que ocurre en una estación específica del año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) monitorea continuamente la influenza para identificar las cepas del virus que circulan durante el año en cada hemisferio (sur y norte). Con esta información, se desarrolla una nueva vacuna cada año para proteger contra los virus de la influenza que puedan causar la enfermedad.
¿Quiénes pueden vacunarse contra la influenza?
La vacuna estacional está dirigida a los siguientes grupos priorizados:
- Niñas y niños entre 6 y 23 meses de edad.
- Personas mayores de 36 meses con enfermedades de riesgo.
- Convivientes de menores de 18 años con cáncer.
- Gestantes a partir de la semana 14 de embarazo.
- Adultos mayores de 60 años.
- Talento humano en salud.
La vacunación en Colombia es gratuita, segura y sin restricciones. Solo se requiere acudir con el carné al punto más cercano y el personal de salud se encargará del resto
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