Gobierno Nacional
Víctimas de desplazamiento por fin están recibiendo su plata
Ante la Corte Constitucional, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, resaltó que, durante esta administración, la entidad ha indemnizado a 160.518 víctimas de este flagelo, representando el 18% del total del pago en esta materia.

El aumento significativo en el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, en especial a las del desplazamiento forzado, fue uno de los avances de este Gobierno que resaltó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en medio de la sesión técnica que desarrolló este lunes la Corte Constitucional para dialogar sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a este grupo de personas.
Esta fue la cuarta sesión realizada por el alto tribunal para hacerle seguimiento a las órdenes contempladas en la Sentencia T-025, en la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, vivido por 8.609.804 víctimas de este flagelo, según el Registro Único de Víctimas.

En el espacio, víctimas, delegados del Estado, expertas, académicos y representantes de la sociedad civil, hablaron sobre las medidas que han resultado insuficientes y las que sí han servido para garantizar los derechos de quienes tuvieron que salir de sus territorios por causa del conflicto armado.
También, se expresaron algunas recomendaciones para hacer más efectiva la política pública y que sea acorde de las necesidades actuales de las víctimas del desplazamiento en temas como: salud, atención psicosocial, generación de ingresos y acciones encaminadas a brindar soluciones duraderas.
¿Qué ha pasado con la indemnización?
Desde 1996, el Estado colombiano ha indemnizado administrativamente a casi 1,5 millones de víctimas, de las cuales 903.310 son víctimas del desplazamiento forzado, con una inversión acumulada de seis billones de pesos aproximadamente.
En su intervención, Tobón Yagarí destacó que las indemnizaciones pagadas por desplazamiento forzado en este Gobierno han sido históricas, pues representan el 18% del total para las personas incluidas por este hecho victimizante: “En un año y medio se ha avanzado de forma importante, debido a que se ha logrado aumentar anualmente el pago de esta medida, indemnizando a 160.518 personas desplazadas a través de 180.466 giros.
Solo en 2023, logramos la cifra más alta en la historia de víctimas de desplazamiento forzado indemnizadas, que fueron 137.880”.
Si se continúa con ese ritmo de pago de indemnización, se reduciría en 24 años el tiempo que deberían esperar las víctimas de desplazamiento forzado para ser indemnizadas.
Así lo afirmó la funcionaria luego de indicar que, con la regularidad de pagos en gobiernos anteriores: “Al Estado le tomaría por lo menos 74 años en indemnizar al universo de víctimas pendientes”.
Tras eso mencionó que, conscientes del reto, el Gobierno nacional se comprometió a superar esta brecha para reducir la espera de las víctimas y acelerar el pago de la indemnización tal como se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo para 2024.
En cuanto al componente de rehabilitación, la directora Tobón Yagarí resaltó la apuesta para ampliar la cobertura y promover el acceso a esta medida de un número mayor de víctimas en zonas de difícil acceso y víctimas residentes en el exterior.
Además, indicó que “desde la Unidad para las Víctimas estamos trabajando para poder avanzar en las unidades móviles de atención psicosocial y mejorar en las acciones para la recuperación emocional de las víctimas”.
Aún persisten los retos Luego de exponer los avances, la directora reconoció que, así como lo han expresado las víctimas, las organizaciones, los académicos, la Corte Constitucional y los expertos en esta materia, todavía persisten desafíos para superar las fallas estructurales en la implementación de la política pública e insistió en que un asunto fundamental para contribuir a la superación del rezago son las fuentes de financiación.
“A pesar de estos avances somos conscientes de que el reto persiste, porque para reparar al actual universo de 7,2 millones de víctimas susceptibles de ser indemnizadas se requieren más de 75 billones de pesos”, dijo tras indicar que para lograr este objetivo “se requiere un esfuerzo presupuestal sin precedentes”.
Por eso, sostuvo que la Unidad para las Víctimas trabaja con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda para construir un plan de aceleración del pago de indemnizaciones como estrategia para superar el ECI.
“Sí es importante poder responder cuáles son esas fuentes de financiación. En este Gobierno estamos haciendo ese trabajo de manera seria junto con Hacienda.
Tenemos una deuda pública muy grande y en este Gobierno tenemos toda la voluntad de encarar esta discusión para superar el déficit y que los programas puedan, en serio, contar con recursos. Tenemos toda la voluntad de garantizar esos derechos, pero para eso necesitamos los recursos”, enfatizó.
Por último, señaló que en la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, que presentó el Gobierno nacional ante el Congreso de la República, se incluyó la creación de una Comisión de Financiamiento para identificar nuevas fuentes de financiación: “Se trata de una estrategia que vincula a otra rama del poder porque el reto de atender y reparar a las víctimas es un asunto de Estado”.
Al finalizar el espacio, la Corte Constitucional instó a las entidades a seguir trabajando por la superación del ECI.
Es importante porque las reflexiones de estas audiencias servirán de insumo para impartir órdenes en medio de la Sentencia T-025.
Gobierno Nacional
Grupo Ecopetrol entrega ayudas humanitarias a más de 29 mil damnificados por ola invernal en el Caribe
• Estos aportes se entregan en 17 municipios de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y La Guajira.
• Hocol, filial del Grupo Ecopetrol dispuso un helicóptero MI-17 para actividades de apoyo logístico humanitario en la zona afectada por el fenómeno natural.

El Grupo Ecopetrol, en alianza con la Cruz Roja Colombiana y la Fundación GE comenzaron a entregar ayudas humanitarias a 29.750 habitantes de 17 municipios de Córdoba, Bolívar, Sucre y La Guajira, donde se registran las mayores afectaciones por las inundaciones que han impactado en los últimos días a la región Caribe.
La distribución de estas ayudas se concentra en Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, Tierralta, Montería, Cereté y Lorica (Córdoba); Cartagena, Calamar, Montecristo y San Jacinto del Cauca (Bolívar); Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia (La Guajira).

Estas contribuciones, que incluyen kits de alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas, frazadas y dos motobombas, fueron aportadas en conjunto por Ecopetrol, Refinería de Cartagena SAS y la Fundación GE.
Además, Ocensa y Hocol, filiales del Grupo Ecopetrol, dispusieron de maquinaria amarilla para la remoción de escombros en zonas de derrumbe y facilitaron el transporte aéreo de las ayudas humanitarias.
Esta gestión obedece a la activación de un esquema de atención que se articula junto con las gobernaciones y las alcaldías, como parte de la gestión integral del territorio y en respuesta a la crisis humanitaria generada por las condiciones adversas.
Desde este lunes se iniciaron las entregas por vía fluvial y terrestre, que se extenderán hasta el próximo fin de semana, con el apoyo de las entidades locales y regionales.
Adicional a la entrega de estas ayudas, Hocol, filial del Grupo Ecopetrol dispuso un helicóptero tipo MI-17 para las actividades de apoyo logístico humanitario, que ha permitido transportar y suministrar, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, más de 18 toneladas de provisiones de emergencia y kits humanitarios.
Con esta labor, Ecopetrol avanza en su compromiso con el desarrollo sostenible, la gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de relaciones de confianza con las comunidades y las autoridades regionales.
Gobierno Nacional
Superintendencia Nacional de Salud activa Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos.
Bogotá, 1 de diciembre de 2025.
Ante el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional que busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.
Este Plan, con una duración inicial de nueve (9) meses y alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.
Objetivos centrales del Plan de Choque:
- Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
- Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio.
- Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.
Acciones inmediatas en territorio:
- Visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario.
- Mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias.
- Revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas, retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación oportuna de medicamentos.
- Activación prioritaria de mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
Fase de seguimiento y medidas de control:
La Superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos.
Cierre y evaluación:
El Plan culminará con una evaluación integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento.
Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su función constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la destinación exclusiva y transparente de los recursos del sistema y asegurar que ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.
El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.
Gobierno Nacional
UNGRD entrega Papa a familias damnificadas por las lluvias en Casanare
• La entrega de papa como parte de Asistencia Humanitaria de Emergencia beneficia a más de 59.000 familias damnificadas.
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores para evitar la pérdida de sus cosechas.
• Con la estrategia “Buena Papa”, la UNGRD lleva alimentos del campo colombiano a los hogares más afectados por las emergencias, uniendo la solidaridad del Estado con el trabajo y esfuerzo del campesino colombiano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.
Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.
Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.
“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa.
Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.
Con la estrategia “Buena Papa”, el Gobierno nacional fortalece la atención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano, demostrando que cada acción humanitaria puede convertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.
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