Judicial
Un clan familiar involucrado en la producción de cocaína en Caquetá
Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico presentó ante un juez con función de control de garantías a cinco personas que habrían integrado una organización ilegal encargada de producir cocaína en Caquetá.
Se trata de Carlos Julio Cerquera Reyes, Aura Lidia Carlos Scalante, Emmerson Andrés Álzate Duque, Camila Cerquera Claros y Carla Vanessa Cerquera Claros.
Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en varios inmuebles de Florencia (Caquetá).
En el operativo, adelantado con el apoyo del grupo antinarcóticos de Policía Nacional, fueron incautados cuatro kilogramos de cocaína.
El material probatorio recolectado evidencia que estas personas se habrían coordinado para dinamizar la producción y comercio de las sustancias ilegales.
Para este fin contarían con sus propios cultivos y un laboratorio en zona rural de Florencia para el procesamiento de narcóticos.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía determinaron que los estupefacientes iban camuflados en electrodomésticos y encomiendas que eran enviados a través de una empresa de mensajería en Caquetá con destino a Bogotá.
Finalmente, en los lugares de destino distribuían a otras bandas ilegales las sustancias que eran comercializadas al menudeo.
Para este fin, Álzate Duque se aprovecharía de su condición de trabajadores de esa empresa de mensajería, su rol era recoger los estupefacientes y aforarlos mediante encomiendas con el fin de evadir los controles de las autoridades.
Además, sería el químico de la estructura, en su poder estaba el definir las sustancias controladas que debían ser adquiridas para el procesamiento de estupefacientes.
Información en poder del ente acusador evidenciaría que Cerquera Reyes sería el cabecilla de la red; además de ser quien velaba por las finanzas de la estructura, supervisaba el cultivo, la producción, y transporte de los alijos.
Por su parte, Carlos Scalante y las hermanas Cerquera Claros estarían encargadas de recibir los cargamentos en la capital del país, así como de entregarlos a los compradores habituales.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible grado de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados.
Por petición del ente acusador todos los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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