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Torturaban, asesinaban y embolsaban a sus víctimas

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Condenados cinco integrantes de ‘Los Luisitos’ o ‘Satanás’ por homicidios en los que las víctimas fueron torturadas, envueltas en bolsas y abandonadas en vía pública.

Entre los sentenciados está uno de los cabecillas de la organización, quien deberá cumplir una pena superior a los 47 años de prisión.

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado de Bogotá condenó a cinco ciudadanos extranjeros, integrantes del grupo delictivo ‘Satanás’ o ‘Los Luisitos’, por homicidios selectivos en los que las víctimas fueron torturadas y envueltas en bolsas plásticas, en la localidad de Kennedy, en el sur occidente de Bogotá.

Los sentenciados son: Luis Fernando Mallarino Villarte, alias Luisito, uno de los cabecillas de la organización ilegal, quien deberá cumplir una pena de 47 años y 5 meses de prisión; y Ted Wayak Mendoza Machado, alias Guya; Yorkendy José Montero Gutiérrez, alias Cejas; Eduardo Santamaría, alias el Flaco; y José Javier Herrera Ramírez, alias Guri, condenados a 45 años y 8 meses de prisión.

Estas cinco personas fueron declaradas responsables de los delitos de homicidio agravado y tortura.

Durante el juicio oral se acreditó la participación en tres homicidios ocurridos el 25 de agosto de 2022.

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En estos casos, las víctimas fueron llevadas a un inmueble, agredidas con elementos cortopunzantes, envueltas en bolsas plásticas negras y trasladadas en una carreta al sector de El Amparo, donde fueron abandonadas en vía pública.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció en su momento que los cuerpos presentaban signos de violencia extrema, tenían entre 24 y 59 heridas provocadas con armas blancas.

El fallo de primera instancia, además de la pena en centro carcelario, impuso a los condenados multas de 8.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de funciones y derechos públicos por 20 años.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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