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Opinión

¿Toma nuevo rumbo el sistema general de participaciones?

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Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.

Con la apertura de la COP16 en Cali, pasó desapercibida la discusión preliminar de la enmienda constitucional más importante de este cuatrienio, con la que el Expresidente del Senado Iván Name materializa su consigna de darle más autonomía a las regiones, siendo ésta una idea que no le disgusta al Presidente Gustavo Petro –como lo expresó en la instalación del Congreso- y que la misma se encuentra mañana lunes en el tercer punto del orden del día de la Plenaria del Senado –último debate- y que consiste en duplicar las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos, para educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Se trata del Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 Senado – 437 de 2024 Cámara, que se discute en último debate en la Plenaria del Senado (Segunda Vuelta), que plantea aumentar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) de manera gradual en diez años –a partir del 2027- hasta llegar al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación –actualmente están en un 21 por ciento- lo que se convierte en ni más ni menos que pasar de transferir 70 a 140 billones de pesos, dándole entonces “dientes” a la descentralización administrativa y autonomía financiera de la Constitución Política de 1991, como lo explicó el ponente del mencionado Proyecto, Senador Verde Ariel Ávila. 

La Senadora Angélica Lozano no dudó en respaldar en la Plenaria a esta  enmienda constitucional, pero con un incremento mucho más conservador: pasar del 21 al 37 por ciento, porque mantener un techo del 46,5 por ciento, significa  desafiar sin sentido la regla fiscal, aún más cuando en este año se recortaron veinte billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, y en noviembre vienen otros cuarenta, y en época de la pandemia el Presidente Iván Duque retiró el proyecto de ley Reforma Tributaria, lo que nos redujo de inmediato la calificación crediticia, generando al País un pérdida anual de más de cinco (5) billones de pesos, por lo que se puede entender a simple vista la preocupación de Lozano, ante un panorama fiscal tan incierto y desolador.

Es sensata la propuesta de la Senadora Lozano, en el sentido de nombrar una Subcomisión Accidental, que permita reducir el incremento porcentual de este proyecto, aún más cuando en los pasillos del Congreso se rumora que el Presidente Petro estaría de acuerdo con un porcentaje de crecimiento cercano al de Lozano, mientras que el Senador Humberto de la Calle Lombana –coautor de la iniciativa-  propuso que se adelante este incremento paso a paso, con una gradualidad controlada, en donde cada “incremento” de estas transferencias, pueda tener la respectiva verificación del caso, en donde más recursos sean acordes con más y reales competencias.

En el mismo sentido, la enmienda acierta al establecer el principio de  “no descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”, y no “(…) modificar las participaciones de las entidades beneficiarias del Sistema General de Participaciones sin la previa asignación de competencias”, a lo que a juicio de una proposición del Senador José Vicente Carreño, este traslado de competencias y recursos de la Nación a los entes territoriales, se puede consolidar realmente con la creación de un respectivo régimen de transición para cada caso, teniendo en cuenta las condiciones diferenciales y específicas de municipios y departamentos.

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Coletilla: El proyecto de Acto Legislativo aún no cuenta con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, teniendo entonces su trámite cierto “pronóstico reservado”, porque si bien la Corte Constitucional ha autorizado iniciar la discusión de un proyecto de ley o un Proyecto de Acto Legislativo sin ese aval, tarde o temprano debe contar con ese tipo de autorización gubernamental –antes de terminar su trámite- so pena de ser declarado inconstitucional.

En los pasillos del Congreso se comenta sobre las aparentes reservas del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a esta iniciativa, que contrasta con la intervención del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien aseguró que esta enmienda constitucional implica necesariamente una posterior ley de competencias, lo que intrínsecamente significa un verdadero espaldarazo al proyecto de acto legislativo, y que –en palabras del Ministro- vendría a abonar un acuerdo nacional sobre la autonomía territorial.

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Opinión

La admirable rendición de Fredy Guarín

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Por:  Juan Carlos Niño Niño – Asesor legislativo – Escritor.

El testimonio de Fredy Guarín es absolutamente conmovedor.

Un individuo reconociendo -hasta la médula de los huesos- que no puede tomarse la primera copa, totalmente derrotado, lo que en palabras de Alcohólicos Anónimos es admitir que “éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”.

El reconocimiento de esa “ingobernabilidad” es la clave de toda recuperación, teniendo Guarín la punta de lanza para consolidar su proceso -similar a una concentración futbolística- porque sin esa admisión se estaría condenado al fracaso, quedando ahora un largo camino por recorrer, que sin duda ha iniciado el excentrocampista del Inter de Milán, con su reciente graduación de sobriedad en la “Fundación Caminando Hacia La Luz”.

A Guarín le esperan incontables partidos, diversos campeonatos de fogueo, cientos de tiros libre y tiros de esquinas, un puñado de pases de centro campista y su espectacular tiro de larga distancia, para consolidar plenamente su vida en sobriedad, tan similar a lo que se denomina un proceso futbolístico -como diría mi amigo de infancia y fiel hincha juniorista Robert Morales- en donde el talentoso jugador debe empezar a buscar las causas reales que lo llevaron a beber, encontrar con suma minuciosidad -preferiblemente con lupa- en dónde reside el origen de ese “quiebre del alma”.

Y es que nadie bebe por beber, nadie consume por consumir, ni siquiera nuestro querido Fredy Guarín, quien aun tocando las puertas del cielo con el Inter de Milán, no fue suficiente para frenar esa enfermedad progresiva y fatal, llegando incluso con “guayabo” a los partidos, por lo que no necesariamente los logros laborales y económicos, personales o profesionales, o los grandes triunfos o reivindicaciones, son suficientes para dejar de beber, sino al contrario tanta “grandilocuencia”, se convierte en un combustible letal para consumir aún más, porque infortunadamente “una copa no basta y mil no son suficientes”.

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Entre los doce (12) pasos de Alcohólicos Anónimos, está “sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos”, porque en la medida que Guarín identifique de manera exacta y veraz lo que lo llevó a beber, puede iniciar un proceso para afrontar esas causas estructurales del consumo, o en otras palabras esos detonantes emocionales, que fueron el origen o el génesis de ese consumo compulsivo.

Y Freddy Guarín sin darse cuenta -probablemente está enterado de eso- ha adelantado el octavo (8) paso de Alcohólicos Anónimos, al hacer “una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos”, porque es evidente su reconocimiento claro y directo de hacerle daño a su familia y seres queridos, y con su testimonio de abstención está reparando en algo esa afectación -incluida supuesta violencia intrafamiliar- por lo que ahora le espera una reparación más directa, personal, con hechos contundentes para demostrar y generar confianza a esas personas.

A Guarín no le espera un camino nada fácil. No es solo alcanzar la sobriedad, sino mantenerla día a día, con un arduo trabajo -incluida la reparación constante, y las reuniones de Alcohólicos Anónimos- porque la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y fatal, que se detiene pero no se cura -como la diabetes- porque en la medida que Fredy Guarín vuelva a tomar la primera copa, se dispara nuevamente la compulsividad por beber, y beber significa morir.

Coletilla: Este Columnista pasa actualmente la temporada de diciembre en Yopal -adelanto virtualmente mi trabajo en el Congreso- y no deja de preocuparme un síntoma diciente y letal del creciente alcoholismo en la Capital de Casanare:

Es ver personas de cualquier edad, condición social o situación económica, consumiendo alcohol entre semana, en horas laborales, sin siquiera esperar que sean las seis de la tarde, sin tener problemas ni pudor de estar sentado en una tienda o bar al medio día o en horas de la tarde, con mesas repletas de botellas de cerveza, con la trillada y falsa premisa de “tomar algo” para la sed.

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Esa desconexión etílica -entre semana- es una prueba irrefutable que cada uno de esos consumidores “anormales”, tienen un serio y avanzado problema, no solo de consumo sino del mismo sentido de sus vidas, que se refleja en una enfermedad tan dolorosa y compleja como el alcoholismo.

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Opinión

ABC del presupuesto bienal de regalías 2025 -2026

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Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo – Escritor.

Lo confieso: nunca he entendido la función del Presupuesto Bienal de Regalías.

Si la distribución de estos recursos está tan claramente definidos en la Constitución y la Ley -con reformas que atentaron contra las entidades territoriales productoras- está por demás fijarlo en una disposición legal, que más parece una medida preventiva del Poder Central -desde hace quince años- para no perder el control de esos recursos, que de hecho le pertenecen a la instancia territorial.

Esta figura implica senda discusiones en Comisiones Económicas y Plenarias de Cámara y Senado, en donde paradójicamente es poco o nada lo que pueden hacer los legisladores de las entidades productoras, porque en últimas el proyecto de ley es prácticamente inmodificable, se mantiene casi intacto al inicialmente radicado por el Gobierno Nacional –en la Plenaria de Senado se dejaron todas las proposiciones como constancia- sin dejar de mencionar que su contenido es superfluo, en ningún momento contempla planes, programas y proyectos, sino que se reduce a criterios de distribución y a los respectivos montos presupuestales asignados.

El mencionado Presupuesto estaría dentro del conjunto de medidas para “centralizar” las regalías, al lado de los conocidos y lamentables OCAD, en donde cualquier delegado del Gobierno Nacional tenía voz y voto en la inversión de las regalías, incluso asumiendo un rol más decisivo que los mismos alcaldes y gobernadores, lo que se convirtió en una escena bastante “humillante” para nuestros líderes locales, y sin duda a la comunidad territorial como un todo.

Ese panorama desolador se  hizo menos gravoso, con la modificación constitucional y legal de las regalías, que se adelantó con un proyecto de acto legislativa del entonces Representante Cesar Ortiz Zorro -al que posteriormente se le acumuló otro del Gobierno de Duque- en donde participaron activamente congresistas como Jaime Rodríguez, Jairo Cristancho y José Vicente Carreño, siendo este último autor de una proposición previa para que se eliminara el OCAD para las regalías directas de los Departamentos y municipios productores, que incidió además para que casi la mitad de los recursos regionales no se sometieran al trámite de este órgano colegiado, pero subsistiendo esta controvertida y dudosa figura del Presupuesto.

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El Presupuesto Bienal del Regalías 2025-2026 -que fue aprobado la semana pasada por Plenarias de Cámara y Senado, y pasa ahora a sanción presidencial- asciende a un monto total de 26 billones de pesos: 766 mil millones de pesos para administración del Sistema, más el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control, siendo estos dos ítem bastante cuestionados por su eficiencia y eficacia –entre esos el seguimiento y control a la exploración y explotación de yacimientos- como también un presupuesto de inversión de 23 billones de pesos para inversión; un billón de pesos para ahorro del Sistema, que casi siempre es desembolsado a posteriori en una ley de última hora, y con el fin de solucionar “como sea” un faltante o contingencia fiscal de los municipios o departamentos. 

Coletilla: Este martes en la Plenaria del Senado, se discute un proyecto de ley sobre el acceso a baños públicos para personas en situación en discapacidad –restándole también el trámite en Cámara- en donde los establecimientos que se nieguen a prestar el servicio, serán multados por las autoridades competentes, para lo que el autor y ponente JP Hernández, acogió una proposición del Senador José Vicente Carreño, para que a las personas afectadas se les entregue –en el menor tiempo posible- las herramientas físicos y virtuales para presentar su respectiva queja.

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Opinión

Se aproxima publicidad política en emisoras comunitarias

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Por: Juan Carlos Niño Niño – Asesor Legislativo Escritor

Una de las decisiones inexplicables del Legislativo, fue esa que autorizó la propaganda o publicidad política en el servicio de televisión y radio difusión comunitaria, única y exclusivamente para las elecciones presidenciales -en el trámite de la estatutaria Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías- dejando por fuera las campañas territoriales o al Congreso de la República, más exactamente en el Parágrafo del Artículo 24 de esta disposición legal, que entre otras cosas no recibió objeción alguna de la Corte Constitucional.

Lo curioso es que ni en las ponencias, ni mucho menos en los cuatro debates del proyecto de ley, se explicó el porqué de esa omisión, aún más cuando se sobreentiende que una disposición “estatutaria” como ésta -en donde se autoriza la pauta de las elecciones presidenciales en las comunitarias- tiene trascendencia o repercusión en el ámbito local, lo que significa que “tácitamente” las campañas regionales y del Congreso están autorizadas para pautar su publicidad política en las emisoras comunitarias.

En esa dirección, está un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate por la Comisión VI del Senado -tiene como ponente a Esteban Quintero, y autor a José Vicente Carreño Castro- en el sentido de que “en las campañas electorales al Congreso de la República, gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales y distritales, y Juntas Administradoras Locales (JAL) se podrá transmitir divulgación política o propaganda y publicidad electoral a través del servicio de televisión y radio difusión comunitaria” (Artículo 1), y conforme a la mencionada Ley 996 o Ley de Garantías Electorales.

La iniciativa legislativa tuvo tanta aceptación en la Comisión VI, que no solo fue respaldada por todas las bancadas –incluido el Senador del Pacto Histórico Robert Daza Guevara-  sino que se acordó con los Senadores José Vicente Carreño y Esteban Quintero  -autor y ponente respectivamente- incluir en la ponencia para segundo debate –que se radica mañana lunes- una proposición de la Senadora Conservadora Soledad Tamayo y otra de la bancada del MIRA, que sin duda enriquece y estructura aún más el contenido del proyecto, logrando además darle sostenibilidad técnica y financiera a la emisoras comunitarias. 

Es de lamentar que por casi veinte (20) años, el Ministerio de las TIC se opuso a esta iniciativa -Carreño con perseverancia y disciplina la ha presentado tres (3) veces- argumentando esta Cartera que el elemento “político” podría distorsionar el fin social de las comunitarias,  incurriendo entonces en una contradicción constitucional, en el sentido de que nuestra Carta Magna es “política” (Constitución Política de Colombia), y esta palabra etimológicamente  es un sostén de nuestra democracia (es el Verbo de una actividad proselitista), por lo que no tenía sentido “satanizar” la deliberación electoral, que entre otras cosas expone ideas y propuestas para gobernar,  o incluso legislar.

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El año antepasado, el Ministerio de las TIC finalmente reconoció que las campañas regionales y al Congreso, si pueden pautar propaganda o publicidad política en las emisoras comunitarias (cuñas), con la respectiva expedición de la Resolución 2614, en donde textualmente dice que “a través del Servicio Público de Radiodifusión Sonora comunitario podrá transmitirse publicidad, divulgación política y propaganda electoral”, apelando también a desarrollar el espíritu de la mencionada Ley de Garantías Electorales, por lo que este proyecto de ley busca darle una estabilidad permanente a la medida, o en otras palabras blindando legalmente este derecho adquirido de las mencionadas frecuencias radiales.

Coletilla: Esta iniciativa legislativa le proporciona a un salvavidas económico a las emisoras comunitarias, porque le permite tener unos ingresos adicionales en época de elecciones, que en nada afecta a las estaciones radiales comerciales, por la elemental y fácil suma aritmética, en donde las campañas políticas van a mantener intacto el presupuesto en su “plan de medios” para estas estaciones, y al contrario se puede fortalecer y promover la propaganda o publicidad política pagada, incluso con una válida y estratégica alianza entre las emisoras comerciales y comunitarias.

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