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Tenía azotado al Caquetá

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‘Jimmy leal’, cabecilla de las disidencias de las FARC fue condenado por homicidios y otras acciones delictivas en Caquetá.

Este hombre también era el encargado de las exigencias y cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico (Caquetá).

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Wilmer David Celeita Morales, alias Jimmy Leal, cabecilla de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en homicidios, actos de terrorismo, y otras conductas delictivas en diferentes municipios de Caquetá.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 35 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y homicidio; ambas conductas agravadas; además de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; hurto calificado y secuestro extorsivo.

La Fiscalía demostró que, entre junio de 2022 y septiembre de 2023, ‘Jimmy Leal’ se desempeñó como uno de los cabecillas principales del grupo armado ilegal, y ordenó el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de Florencia, La Montañita, El Doncello y Puerto Rico.

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Otro de los hechos que se le atribuyen, ocurrió el 12 de septiembre de 2022, cuando les pidió a cuatro integrantes del grupo armado incinerar un vehículo de servicio público, en la vía que conduce a Puerto Rico, para presionar el pago de las extorsiones.

Asimismo, la Fiscalía demostró que el 29 de abril de 2023, en una finca ubicada en el corregimiento El Danubio, ‘Jimmy Leal’ ordenó a otros integrantes de la Segunda Marquetalia asesinar a tres hombres.

En el ataque armado resultó lesionada una mujer a la que le hurtaron sus pertenencias.

En ese mismo hecho, el cabecilla ordenó el secuestro de dos personas, con fines políticos, quienes fueron liberadas el 2 de mayo de 2023.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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