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Gobierno Nacional

Prosperidad Social fortalece el desarrollo de comunidades en 67 territorios étnicos

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• El Gobierno nacional, a través de la entidad, inició en Florida, Valle del Cauca, una nueva implementación del programa de atención con enfoque diferencial Iraca, que aporta a la generación de ingresos y a la erradicación del hambre.
• Participarán más de 9.400 hogares indígenas y afrocolombianos, en 67 territorios étnicos de 14 departamentos.

Florida, Valle del Cauca. 29 de octubre de 2024. En el marco de la COP16, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno (@GustavoBolivar), y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lanzaron la nueva implementación de Iraca, en el coliseo Los Fundadores, en Florida, Valle del Cauca.

Iraca es un programa de Prosperidad Social, que contribuye a la transformación de las condiciones de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades étnicas: facilita oportunidades para la generación de ingresos, promueve el acceso a alimentos para el autoconsumo, en el marco de la lucha contra el hambre, y enriquece la organización social y comunitaria.

La inversión es de 70.200 millones de pesos: Prosperidad Social aportará 54.798 millones de pesos; y el socio cooperante UNODC, 15.402 millones de pesos. En esta implementación, el programa está dirigido a hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas, que se encuentran en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o en riesgo de desaparición física o cultural.

El DANE reportó que, en 2023, la incidencia de pobreza extrema para hogares indígenas fue de 35,5 %, y en hogares afrocolombianos fue de 17,3 %. En ambos casos, fue muy superior a la incidencia nacional: 11,4 %; y a la incidencia para hogares sin autorreconocimiento étnico: 9,6 %.

“Beneficiaremos a 9.431 hogares: 8.341 hogares son indígenas y 1.090 son afrocolombianos. Los beneficiarios están en 67 territorios étnicos de 14 departamentos del país”, informó Bolívar. Los departamentos son: Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

“El mandato del presidente Gustavo Petro es garantizar que este sea el gobierno de los trabajadores, de la economía popular, del campesinado, de los indígenas y las comunidades étnicas. Esto es un acto de justicia. Les estamos regresando un poquito de todo lo que les han quitado en la historia de este país”, dijo Bolívar.

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Olivier Inizan, representante regional adjunto de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC), expresó: “Para nosotros este programa es muy importante, pues ha sido concebido para afianzar la seguridad alimentaria, así como la capacidad productiva de las familias, que es un elemento clave para asegurar la sostenibilidad. No es un programa asistencialista, sino que da insumos para que las comunidades puedan tener recursos propios”.

De hecho, Prosperidad Social, de acuerdo con Bolívar, busca que los beneficiarios de estos programas encuentren también soporte en la infraestructura social que financia la entidad.

“En Florida y en Pradera (también Valle de Cauca), vamos a construir Puntos de Abastecimiento Solidario, para que tengan lugar allí comedores solidarios, y centros de acopio, con comerciantes populares que, gracias a nuestro apoyo, compren los productos a los campesinos y los productores de los programas de inclusión productiva”, explicó Bolívar.

Programa con enfoque ambiental
Iraca también contribuye con la protección de la diversidad biológica de los territorios étnicos. Implementa proyectos ambiental y socialmente sostenibles, reconoce los usos y costumbres ancestrales y fortalece las prácticas tradicionales de producción, mediante el uso de semillas nativas y desde un enfoque del derecho humano a la alimentación.

El programa desarrollará tres componentes: fortalecimiento social y comunitario, seguridad alimentaria y generación de excedentes agroproductivos.

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Entregará incentivos en especie, con un proceso de acompañamiento en encuentros y visitas a los hogares participantes, en los que trabajará en el fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de los proyectos.

Todos los hogares recibirán insumos, para el desarrollo de un proyecto integral por territorio colectivo, que será formulado con las autoridades étnicas y los hogares de las comunidades focalizadas por el programa. Los valores de los insumos son:

  • Para seguridad alimentaria: 906.000 pesos por unidad familiar.
  • Para generación de excedentes agroproductivos: 2.570.000 pesos por unidad familiar, grupal o colectivo.
  • Para fortalecimiento social y comunitario: 204.000 pesos por hogar.

Asistentes al evento de lanzamiento
Al evento de lanzamiento de esta intervención asistieron Rayan El Barkachi Abou Trabi, director regional de Prosperidad Social en Valle del Cauca; Andrea Feo Mahecha, directora de Inclusión Productiva de Prosperidad Social; 300 personas del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez y 100 mujeres capacitadas por Prosperidad Social en patronaje y confección, gracias a una alianza con Asonorvi, en Pradera y Florida, Valle del Cauca.

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Gobierno Nacional

Superintendencia Nacional de Salud activa Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos.

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Bogotá, 1 de diciembre de 2025. 

Ante el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional que busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.

Este Plan, con una duración inicial de nueve (9) meses y alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.

Objetivos centrales del Plan de Choque:

  • Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
  • Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.
  • Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio.
  • Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.

Acciones inmediatas en territorio: 

  • Visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
  • Requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario.
  • Mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias.
  • Revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas, retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación oportuna de medicamentos.
  • Activación prioritaria de mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.

Fase de seguimiento y medidas de control: 

La Superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos.

Cierre y evaluación: 

El Plan culminará con una evaluación integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento. 

Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su función constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la destinación exclusiva y transparente de los recursos del sistema y asegurar que ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.

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El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.​

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Gobierno Nacional

UNGRD entrega Papa a familias damnificadas por las lluvias en Casanare

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• La entrega de papa como parte de Asistencia Humanitaria de Emergencia beneficia a más de 59.000 familias damnificadas.

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores para evitar la pérdida de sus cosechas.

• Con la estrategia “Buena Papa”, la UNGRD lleva alimentos del campo colombiano a los hogares más afectados por las emergencias, uniendo la solidaridad del Estado con el trabajo y esfuerzo del campesino colombiano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.

Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.

Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.

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“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa.

Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.

Con la estrategia “Buena Papa”, el Gobierno nacional fortalece la atención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano, demostrando que cada acción humanitaria puede convertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.

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Cerca de 11.000 firmantes de paz siguen adelante en su proceso de reincorporación

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  • Más del 84% de las personas que dejaron las armas en 2016 han ratificado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización su compromiso con la construcción de paz.
  • En los planes de reincorporación individual, el 77% de las y los firmantes priorizaron el acceso o mejoramiento de vivienda y el 76% se inclinó por participar en campañas de divulgación sobre el acompañamiento psicosocial.

A un año de que el Gobierno Nacional creara el Programa de Reincorporación Integral (PRI), 11.130 firmantes de paz, de un total de 13.216 personas, se encuentran vinculados activamente a este programa. Esto demuestra que un gran porcentaje de quienes dejaron las armas hace casi 9 años continúa apostándole a la paz y a la no repetición.

De la cifra de 11.130 firmantes, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha logrado la formulación de 10.724 Planes de Reincorporación Individual, que son la hoja de ruta definida por cada firmante en su proceso de reincorporación social, económica, política y comunitaria.

El PRI fue creado en julio de 2024, con el decreto 0846, con el objetivo de generar y fortalecer capacidades de personas y colectivos en proceso de reincorporación, sus grupos familiares y comunidades. Contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, garantizando los enfoques diferenciales y territorial.

Por eso, el PRI se adapta a las particularidades de los firmantes, y actualmente incluye a 828 jóvenes (18 a 28 años), 971 personas mayores de 60 años y a 1.901 personas con discapacidad, quienes representan el 17% de los ingresados al Programa, en respuesta al enfoque inclusivo y diferencial en la construcción de la paz.

Presencia territorial y proyectos de vida priorizados
La reincorporación integral es un proceso que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los 11.123 firmantes activos en el PRI se ubican estratégicamente en 33 departamentos, con mayor concentración en Meta (1.456), Antioquia (1.262), Cauca (1.029), Caquetá (690) y Tolima (672). Bogotá D.C. también registra una alta presencia con 666 firmantes. Esto evidencia la amplitud geográfica del proceso.

En los Planes de Reincorporación Individual, en los que los firmantes seleccionan qué acciones priorizan, se destacan:

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• Reincorporación Social: el 77% de los firmantes priorizan el acceso o mejoramiento de vivienda, y el 76% se inclina por la realización de campañas de divulgación del proceso de acompañamiento psicosocial, lo que demuestra un fuerte interés en el bienestar personal y comunitario.

• Reincorporación Económica: la asignación mensual es la acción más seleccionada por el 85% de los firmantes, seguida por la implementación de un programa de acceso a tierras (72%), lo que subraya la búsqueda de estabilidad financiera y productiva.

• Reincorporación Comunitaria: el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de acciones de reconciliación y la construcción de paz territorial (58%) lidera esta área, complementado por acciones de pedagogía de paz sobre el Acuerdo de Paz (49%). Esto muestra compromiso con la reconstrucción del tejido social.

• Reincorporación Política: la sensibilización sobre el alcance y funcionamiento de las veedurías ciudadanas (44%) y la formación para el liderazgo político (34%) al ser las acciones más elegidas reflejan el interés en la participación democrática y la construcción cívica.

Estos avances cuantitativos y cualitativos subrayan la solidez del Programa de Reincorporación Integral de la ARN como un pilar fundamental para la consolidación de la paz en Colombia, y demuestra la voluntad y el esfuerzo de miles de firmantes por construir un futuro sostenible y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

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