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Judicial

Producían cocaína a gran escala en laboratorios clandestinos de Norte de Santander

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El presunto cabecilla de la estructura criminal, alias Rey; y siete posibles integrantes fueron capturados y judicializados.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el procesamiento, transporte y comercialización de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander y zona de frontera con Venezuela.

En 23 meses de actividades investigativas se estableció que esta organización trasladaba insumos, maquinaria y demás elementos a laboratorios clandestinos ubicados en el corregimientos San Roque, en Sardinata (Norte de Santander), donde era producida a gran escala la sustancia ilícita.

Posteriormente, transportaba el estupefaciente en pequeñas cantidades a Cúcuta (Norte de Santander), camuflado en volquetas que cargaban carbón y en taxis y otros vehículos de servicio público acondicionados con caletas.

Las evidencias dan cuenta de que la cocaína era vendida a grupos trasnacionales que se encargaban de sacarla a Venezuela, rumbo a destinos internacionales; y a estructuras de narcomenudeo que tenían injerencia en el área metropolitana. En el último año a esta red le fueron incautados cerca de 50 kilogramos de cocaína, en tres procedimientos distintos.

Uno ejecutado en un taller de El Zulia (Norte de Santander), en el que se encontraron algo más de 12 kilogramos en una volqueta; y otros dos en controles viales en inmediaciones de Cúcuta, en los cuales los alijos estaban ocultos en taxis.

Las ocho personas que harían parte de este entramado fueron capturadas en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cúcuta.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con el posible rol y participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.

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Entre los investigados está Reynaldo Rivera Rodríguez, alias Rey, señado cabecilla y financiador principal de la organización; y su compañera sentimental, Leivy Vianeth Amaya Arias, quien sería la encargada de realizar algunos pagos por la elaboración y traslado de la sustancia ilegal.

Los demás presuntos integrantes cumplirían diferentes actividades relacionadas con el procesamiento del narcótico, como Jhon Piña Pico, alias Majumba; y Jesús Hernández Antolínez, alias Anillos; y el transporte y comercialización de la cocaína, entre ellos Albeiro Becerra Rosas, alias Nené; los hermanos Jonny Alexander y Óscar Leonardo Flórez Llanes, conocidos como ‘Firma’; y Edison Iván Herrera Piñerez, alias Gordo.

Todos los investigados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La justicia va llegando

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Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).

Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.

Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.

Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.

Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.

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Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.

Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados.

Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

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La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.

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Imputado Presidente de Ecopetrol

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Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.

El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.

La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.

En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.

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Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.

La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.

El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

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Cayeron los huelleros

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Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.

Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.

Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.

Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.

De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.

La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.

Cuatro de los procesados aceptaron cargos.

Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

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