Judicial
Producían cocaína a gran escala en laboratorios clandestinos de Norte de Santander
El presunto cabecilla de la estructura criminal, alias Rey; y siete posibles integrantes fueron capturados y judicializados.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de una red narcotraficante a la que se le atribuye el procesamiento, transporte y comercialización de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander y zona de frontera con Venezuela.
En 23 meses de actividades investigativas se estableció que esta organización trasladaba insumos, maquinaria y demás elementos a laboratorios clandestinos ubicados en el corregimientos San Roque, en Sardinata (Norte de Santander), donde era producida a gran escala la sustancia ilícita.
Posteriormente, transportaba el estupefaciente en pequeñas cantidades a Cúcuta (Norte de Santander), camuflado en volquetas que cargaban carbón y en taxis y otros vehículos de servicio público acondicionados con caletas.
Las evidencias dan cuenta de que la cocaína era vendida a grupos trasnacionales que se encargaban de sacarla a Venezuela, rumbo a destinos internacionales; y a estructuras de narcomenudeo que tenían injerencia en el área metropolitana. En el último año a esta red le fueron incautados cerca de 50 kilogramos de cocaína, en tres procedimientos distintos.
Uno ejecutado en un taller de El Zulia (Norte de Santander), en el que se encontraron algo más de 12 kilogramos en una volqueta; y otros dos en controles viales en inmediaciones de Cúcuta, en los cuales los alijos estaban ocultos en taxis.
Las ocho personas que harían parte de este entramado fueron capturadas en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en Cúcuta.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó, de acuerdo con el posible rol y participación en los hechos conocidos, los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos no fueron aceptados.
Entre los investigados está Reynaldo Rivera Rodríguez, alias Rey, señado cabecilla y financiador principal de la organización; y su compañera sentimental, Leivy Vianeth Amaya Arias, quien sería la encargada de realizar algunos pagos por la elaboración y traslado de la sustancia ilegal.
Los demás presuntos integrantes cumplirían diferentes actividades relacionadas con el procesamiento del narcótico, como Jhon Piña Pico, alias Majumba; y Jesús Hernández Antolínez, alias Anillos; y el transporte y comercialización de la cocaína, entre ellos Albeiro Becerra Rosas, alias Nené; los hermanos Jonny Alexander y Óscar Leonardo Flórez Llanes, conocidos como ‘Firma’; y Edison Iván Herrera Piñerez, alias Gordo.
Todos los investigados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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