Gobierno Nacional
Parteras y parteros en Nariño y autoridades indígenas del Amazonas, Magdalena y La Guajira podrán certificar nacimientos
* La autorización fue otorgada por la Registraduría Nacional y el DANE, atendiendo la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los nacimientos.
* “Mediante estas autorizaciones eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil”: directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mediante las circulares conjuntas 001, 002 y 003 de 2025, autorizaron a parteras y parteros en algunos municipios de Nariño, así como a autoridades indígenas de ciertas comunidades del Amazonas, Magdalena y La Guajira para certificar los nacimientos ocurridos en sus territorios.
Esta decisión tiene como objetivo continuar garantizando el derecho a la identidad de personas pertenecientes a grupos étnicos, salvaguardar los saberes ancestrales asociados a la partería afro del Pacífico y reconocer la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del país.
En Nariño, las parteras y los parteros inscritos en la Asociación de Parteras La Cigüeña, de las veredas y comunidades de los municipios de Tumaco, La Tola, Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco, podrán certificar los nacimientos que atiendan utilizando el formato de notificación de nacimiento para personas pertenecientes a grupos étnicos, expedido por el DANE con fines estadísticos y registrales.
En Amazonas, la autorización fue otorgada a las autoridades indígenas de las comunidades adscritas al Consejo Indígena Territorio Mirití Amazonas (CITMA): Santa Isabel, Jariyé, Mamura, Bellavista, Puerto Libre, Wakaya, Puerto Guayabo, Puerto Nuevo, Oiyacá, Puerto Castaño, Villanueva, Quebrada Negra y Puerto Lago, habitadas por las etnias indígenas yukuna, matapi, tikuna, letuama, tanimuka, makuna cabillari y yauna.
Asimismo, las autoridades indígenas de la Organización Indígena Wiwa Golkushe Tayrona, de los departamentos de Magdalena y La Guajira, podrán certificar los nacimientos que tengan lugar en la comunidad a través del mencionado formato. Este documento acredita el nacimiento de una persona viva y sirve como antecedente para la inscripción en el registro civil durante los dos años siguientes al hecho.
“Mediante estas autorizaciones otorgadas por la Registraduría Nacional y el DANE, atendemos la necesidad de estas comunidades de contar con un mecanismo para certificar los hechos vitales que allí ocurren y eliminamos las barreras que se presentan para la inscripción de los nacimientos en el registro civil.
De esta manera, estas poblaciones podrán acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado”, afirmó la directora nacional de Registro Civil, María Cristina Manzano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará adelantando todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la identidad de las comunidades étnicas, en especial de aquellas que habitan en los territorios más apartados del país y que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de registro civil e identificación.
Gobierno Nacional
Superintendencia Nacional de Salud activa Plan de Choque para garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la entrega oportuna y efectiva de medicamentos.
Bogotá, 1 de diciembre de 2025.
Ante el incremento sostenido de peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con barreras de acceso y demoras en la entrega de medicamentos y tecnologías en salud, la Superintendencia Nacional de Salud activó un Plan de Choque Nacional que busca proteger de manera inmediata el derecho fundamental a la salud de los colombianos y garantizar el uso adecuado, transparente y eficiente de los recursos del sistema.
Este Plan, con una duración inicial de nueve (9) meses y alcance nacional progresivo, articula de manera obligatoria a las EPS (intervenidas y no intervenidas), IPS, gestores farmacéuticos, secretarías de salud territoriales y demás actores del aseguramiento y prestación, bajo el liderazgo técnico y sancionatorio de la Superintendencia.
Objetivos centrales del Plan de Choque:
- Identificar y corregir de inmediato las causas raíz que generan barreras administrativas, logísticas y financieras en la entrega de medicamentos.
- Garantizar la oportunidad, continuidad y calidad en el acceso a las tecnologías en salud prescritas, como expresión concreta del derecho fundamental a la salud.
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el flujo y destinación de los recursos de la UPC y otros fondos públicos, evitando su desviación o uso inadecuado que afecte la prestación del servicio.
- Reducir drásticamente los tiempos de respuesta y cierre definitivo de las PQR relacionadas con medicamentos.
Acciones inmediatas en territorio:
- Visitas integrales de auditoría y verificación sorpresa a EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Requerimientos formales con plazos perentorios y seguimiento diario.
- Mesas técnicas obligatorias de concertación y solución de controversias.
- Revisión exhaustiva del flujo de recursos entre actores para identificar glosas injustificadas, retardos en pagos o cualquier práctica que comprometa la liquidez necesaria para la adquisición y dispensación oportuna de medicamentos.
- Activación prioritaria de mecanismos de conciliación jurisdiccional para la recuperación ágil de cartera, evitando que la falta de pago entre actores se traduzca en afectación directa al usuario.
Fase de seguimiento y medidas de control:
La Superintendencia mantendrá un monitoreo continuo y en tiempo real de los indicadores de desempeño, con aplicación inmediata de medidas cautelares, sanciones, órdenes administrativas y, de ser necesario, extensión o prórroga de intervenciones cuando se evidencie riesgo sistémico para el derecho a la salud o manejo irregular de recursos.
Cierre y evaluación:
El Plan culminará con una evaluación integral de resultados, verificación independiente del impacto en los usuarios y cierre definitivo de las PQR priorizadas, dejando consolidadas las mejoras estructurales alcanzadas y las responsabilidades individuales e institucionales en caso de incumplimiento.
Con esta estrategia extraordinaria de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud reafirma su función constitucional de proteger el derecho fundamental a la salud, garantizar la destinación exclusiva y transparente de los recursos del sistema y asegurar que ningún colombiano vea vulnerado su acceso oportuno a los medicamentos que requiere para preservar su vida y su dignidad.
El derecho a la salud no admite demoras. Los recursos del sistema son sagrados y su uso será vigilado con rigor.
Gobierno Nacional
UNGRD entrega Papa a familias damnificadas por las lluvias en Casanare
• La entrega de papa como parte de Asistencia Humanitaria de Emergencia beneficia a más de 59.000 familias damnificadas.
• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores para evitar la pérdida de sus cosechas.
• Con la estrategia “Buena Papa”, la UNGRD lleva alimentos del campo colombiano a los hogares más afectados por las emergencias, uniendo la solidaridad del Estado con el trabajo y esfuerzo del campesino colombiano.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) avanza en la entrega de 740 toneladas de papa a comunidades afectadas por la temporada de lluvias, en el marco de la estrategia “Buena Papa”, una iniciativa que refuerza la Asistencia Humanitaria de Emergencia con productos del campo colombiano.
Las entregas se realizan en 12 departamentos y benefician a 59.120 familias registradas en el Registro Único de Damnificados (RUD), quienes reciben una arroba (12,5 kilogramos) de papa como parte de las ayudas alimentarias distribuidas por la entidad.
Esta iniciativa se desarrolla en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adquirió 8.000 toneladas de papa a pequeños productores con el propósito de evitar la pérdida de cosechas, estabilizar precios y fortalecer los ingresos rurales.
“En la UNGRD atendemos a los damnificados con el corazón del campo colombiano. La asistencia humanitaria de emergencia ahora se refuerza con la entrega de papa.
Esta estrategia demuestra que es posible unir la producción agrícola con la gestión del riesgo, generando bienestar tanto para el campesino como para las familias damnificadas del país”, señaló Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
Las entregas avanzan en los departamentos de Nariño, Tolima, Caquetá, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, Sucre, Meta, Casanare, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila, donde los equipos técnicos y operativos de la UNGRD coordinan la distribución en conjunto con las autoridades locales, encargadas de realizar la entrega directa a las familias beneficiarias.
Con la estrategia “Buena Papa”, el Gobierno nacional fortalece la atención integral a las emergencias y promueve la reactivación del campo colombiano, demostrando que cada acción humanitaria puede convertirse también en una oportunidad para impulsar la reactivación productiva de los pequeños agricultores colombianos.
Gobierno Nacional
Cerca de 11.000 firmantes de paz siguen adelante en su proceso de reincorporación
- Más del 84% de las personas que dejaron las armas en 2016 han ratificado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización su compromiso con la construcción de paz.
- En los planes de reincorporación individual, el 77% de las y los firmantes priorizaron el acceso o mejoramiento de vivienda y el 76% se inclinó por participar en campañas de divulgación sobre el acompañamiento psicosocial.

A un año de que el Gobierno Nacional creara el Programa de Reincorporación Integral (PRI), 11.130 firmantes de paz, de un total de 13.216 personas, se encuentran vinculados activamente a este programa. Esto demuestra que un gran porcentaje de quienes dejaron las armas hace casi 9 años continúa apostándole a la paz y a la no repetición.
De la cifra de 11.130 firmantes, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha logrado la formulación de 10.724 Planes de Reincorporación Individual, que son la hoja de ruta definida por cada firmante en su proceso de reincorporación social, económica, política y comunitaria.
El PRI fue creado en julio de 2024, con el decreto 0846, con el objetivo de generar y fortalecer capacidades de personas y colectivos en proceso de reincorporación, sus grupos familiares y comunidades. Contempla 211 acciones, diseñadas para atender las necesidades y aspiraciones de los y las firmantes, garantizando los enfoques diferenciales y territorial.
Por eso, el PRI se adapta a las particularidades de los firmantes, y actualmente incluye a 828 jóvenes (18 a 28 años), 971 personas mayores de 60 años y a 1.901 personas con discapacidad, quienes representan el 17% de los ingresados al Programa, en respuesta al enfoque inclusivo y diferencial en la construcción de la paz.
Presencia territorial y proyectos de vida priorizados
La reincorporación integral es un proceso que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio colombiano. Los 11.123 firmantes activos en el PRI se ubican estratégicamente en 33 departamentos, con mayor concentración en Meta (1.456), Antioquia (1.262), Cauca (1.029), Caquetá (690) y Tolima (672). Bogotá D.C. también registra una alta presencia con 666 firmantes. Esto evidencia la amplitud geográfica del proceso.
En los Planes de Reincorporación Individual, en los que los firmantes seleccionan qué acciones priorizan, se destacan:
• Reincorporación Social: el 77% de los firmantes priorizan el acceso o mejoramiento de vivienda, y el 76% se inclina por la realización de campañas de divulgación del proceso de acompañamiento psicosocial, lo que demuestra un fuerte interés en el bienestar personal y comunitario.
• Reincorporación Económica: la asignación mensual es la acción más seleccionada por el 85% de los firmantes, seguida por la implementación de un programa de acceso a tierras (72%), lo que subraya la búsqueda de estabilidad financiera y productiva.
• Reincorporación Comunitaria: el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de acciones de reconciliación y la construcción de paz territorial (58%) lidera esta área, complementado por acciones de pedagogía de paz sobre el Acuerdo de Paz (49%). Esto muestra compromiso con la reconstrucción del tejido social.
• Reincorporación Política: la sensibilización sobre el alcance y funcionamiento de las veedurías ciudadanas (44%) y la formación para el liderazgo político (34%) al ser las acciones más elegidas reflejan el interés en la participación democrática y la construcción cívica.
Estos avances cuantitativos y cualitativos subrayan la solidez del Programa de Reincorporación Integral de la ARN como un pilar fundamental para la consolidación de la paz en Colombia, y demuestra la voluntad y el esfuerzo de miles de firmantes por construir un futuro sostenible y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
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