El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.

En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).

La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.

Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los cargos no fueron aceptados.

Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.

Afectados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a red delictiva señalada de desviar sustancias químicas para procesar estupefacientes.

Una empresa de pinturas en habría sido utilizada para mover de manera ilegal insumos desde Bogotá a las zonas de producción de cocaína en Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 2 inmuebles y 1 vehículo, y medidas jurídicas a 1 sociedad y 3 establecimientos de comercio que harían parte del patrimonio ilícito de un grupo delincuencial dedicado a desviar sustancias controladas a zonas de procesamiento de estupefacientes.

En el curso de la investigación se estableció que los bienes, que superan en valor los 5.000 millones de pesos, habrían sido destinados por la representante legal de una empresa de pinturas usada como fachada para obtener insumos químicos a gran escala con operaciones ficticias y moverlos ilegalmente de Bogotá a laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander.

Las propiedades identificadas fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Chinácota y Villa del Rosario (Norte de Santander), y Bogotá.

Algunos de los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Afectados con fines de extinción de dominio bienes que habrían sido utilizados para almacenar y vender estupefacientes y armas de fuego en el barrio san bernardo, en Bogotá.

Los dueños de las propiedades son señalados de incumplir el deber de velar por el uso legal de los inmuebles y permitir que estuvieran al servicio de estructura delincuenciales que tiene injerencia en el sector.

La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción del derecho de dominio seis casas ubicadas en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que habrían sido utilizados para la venta de estupefacientes al menudeo y el almacenamiento de armas de fuego, munición de diferente calibre y granadas de fragmentación.

En varias diligencias de registro y allanamiento realizadas en los inmuebles fueron incautadas diversas cantidades de cocaína, bazuco y marihuana; así como revólveres, pistolas y artefactos explosivos, y ejecutadas capturas en situación de flagrancia.

Ante esta situación los propietarios de los bienes continuaron arrendando los predios a integrantes de grupos delincuenciales que tienen injerencia en el sector y no ejercieron acciones para evitar que fueran destinados para actividades ilícitas.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre las seis casas, las cuales fueron materializadas por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los predios, que en valor ascienden a 2.000 millones de pesos, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.