Judicial
Les llegó la Justicia Humana, pendiente la Divina
Dos señalados cabecillas de las disidencias de las FARC y una funcionaria judicializados por crimen de integrantes de una comunidad religiosa
Estarían implicados en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de ocho personas señaladas equivocadamente de querer conformar una estructura armada del ELN en Guaviare.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, tres señalados integrantes del autodenominado frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc que estarían implicados en el crimen de ocho líderes religiosos y sociales, el pasado 4 de abril, en zona rural de Calamar (Guaviare).
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas tres personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución la desaparición y posterior homicidio de las víctimas.
En ese sentido, se conoció que Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de una estructura armada, presuntamente ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare.
Esta afirmación se sustentaba únicamente en que llegaban a la región provenientes de Arauca. Sin más opción, los representantes de la comunidad cuestionada acudieron a la cita. Al llegar hombres armados los retuvieron, trasladaron a la fuerza a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y los atacaron con armas de fuego hasta causarles la muerte.
Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación. Entre tanto, a alias Yucape se le atribuye haber custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente que materializó la acción criminal.
Asimismo, estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos.
De otra parte, Angie Liseth Jaramillo Arias, que se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, habría suministrado detalles relacionados con el área en la que habitaban las víctimas y detectado los puntos exactos en los que hacía presencia la fuerza pública para así facilitar el crimen.
De igual manera, hay evidencia que la relacionarían con el frente Armando Ríos y la filtración de datos a los cabecillas sobre las acciones militares previstas en su contra. Por todo lo anterior, ‘Miller’, ‘Yucape’ y ‘La Crespa’ fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal.
Los cargos no fueron aceptados.
Es preciso indicar que los cuerpos de los tres líderes religiosos fueron localizados, exhumados y entregados a sus familiares el pasado mes de julio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
Un escándalo de presunta corrupción sacude a Mistrató (Risaralda). La Fiscalía General de la Nación llevó ante la justicia al exalcalde Francisco Javier Medina Carvajal, junto a su exsecretario de Planeación y un contratista, por maniobras que habrían direccionado un contrato de casi 3.000 millones de pesos.
Según la investigación, el proceso habría sido “armado” desde el inicio: requisitos hechos a la medida para dejar por fuera a otros oferentes y abrirle el camino a un solo ganador. Como si fuera poco, el contratista César Augusto Ortega Ramírez habría presentado hojas de vida de profesionales sin su permiso, inflando la propuesta con experiencia inexistente.
Lo más delicado: la Fiscalía sostiene que el entonces alcalde sabía lo que estaba pasando y aun así dio luz verde al contrato financiado con recursos del Sistema General de Regalías, dineros destinados a mejorar vías rurales.
Ahora, los implicados enfrentan cargos por contrato sin requisitos legales, y en el caso del contratista, también por falsedad y uso indebido de datos personales. Un caso que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en proyectos clave para las regiones.
Hombre que habría agredido sexualmente a su hijastra en Casanare deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a un hombre señalado de abusar sexualmente a su hijastra menor de edad en hechos ocurridos en 2019.
En ese sentido, un fiscal de la seccional Casanare, le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación el procesado se movilizaba con la víctima en una motocicleta por una vereda de Paz de Ariporo (Casanare).
En el trayecto se habría desviado a una zona boscosa donde atacó al menor de edad. Este hombre de 36 años fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en zona céntrica de Sogamoso (Boyacá), en cumplimiento de una orden judicial.
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