Judicial
Les llegó la Justicia Humana, pendiente la Divina
Dos señalados cabecillas de las disidencias de las FARC y una funcionaria judicializados por crimen de integrantes de una comunidad religiosa
Estarían implicados en la planeación y ejecución de la desaparición y posterior homicidio de ocho personas señaladas equivocadamente de querer conformar una estructura armada del ELN en Guaviare.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa; y Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape, tres señalados integrantes del autodenominado frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc que estarían implicados en el crimen de ocho líderes religiosos y sociales, el pasado 4 de abril, en zona rural de Calamar (Guaviare).
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que estas tres personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos en la planeación y ejecución la desaparición y posterior homicidio de las víctimas.
En ese sentido, se conoció que Garrafa Neira, quien sería el cabecilla de una estructura armada, presuntamente ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare.
Esta afirmación se sustentaba únicamente en que llegaban a la región provenientes de Arauca. Sin más opción, los representantes de la comunidad cuestionada acudieron a la cita. Al llegar hombres armados los retuvieron, trasladaron a la fuerza a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y los atacaron con armas de fuego hasta causarles la muerte.
Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación. Entre tanto, a alias Yucape se le atribuye haber custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente que materializó la acción criminal.
Asimismo, estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos.
De otra parte, Angie Liseth Jaramillo Arias, que se desempeñaba como secretaria en la Personería de Calamar, habría suministrado detalles relacionados con el área en la que habitaban las víctimas y detectado los puntos exactos en los que hacía presencia la fuerza pública para así facilitar el crimen.
De igual manera, hay evidencia que la relacionarían con el frente Armando Ríos y la filtración de datos a los cabecillas sobre las acciones militares previstas en su contra. Por todo lo anterior, ‘Miller’, ‘Yucape’ y ‘La Crespa’ fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal.
Los cargos no fueron aceptados.
Es preciso indicar que los cuerpos de los tres líderes religiosos fueron localizados, exhumados y entregados a sus familiares el pasado mes de julio, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, unidades del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).
Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.
Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.
Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.
Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.
Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.
Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.
Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.
El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.
Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.
Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.
Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.
Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.
De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.
La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
-
Opinión1 semana agoLe salió mal la obra de teatro
-
Judicial1 semana agoCayeron los huelleros
-
Judicial1 semana agoLa justicia va llegando
-
Sin categoría1 semana agoA la cárcel por contrabandistas
-
Judicial1 semana agoImputado Presidente de Ecopetrol
-
Judicial4 semanas agoRed delictiva señalada de hurtar vehículos embargados para comercializarlos quedó en evidencia en la costa atlántica
-
Judicial4 semanas agoDescubierto taxista que ofrecía servicio de datáfono para presuntamente hacer ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias
-
Opinión1 semana agoEs María Corina, no Delcy