Judicial
Judicializados a 16 presuntos integrantes de ‘la inmaculada’, responsables del homicidio de tres funcionarios públicos
• Entre las víctimas mortales están dos concejales y una funcionaria de la Alcaldía de Tuluá. Además, habrían participado en el intento de asesinato de un funcionario del Inpec.
• ‘La Inmaculada’ sería responsable de coordinación homicidios bajo la modalidad de sicariato, extorsiones a comerciantes y de controlar las rutas de distribución de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Inmaculada, entre quienes se encuentra un menor de 17 años.
Los procesados serían responsables del asesinato de cuatro funcionarios públicos en hechos ocurridos en Tuluá (Valle del Cauca), además de otros delitos.
El material de prueba recaudado por un fiscal seccional adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tráfico y porte de estupefacientes y; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados estarían involucrados en el homicidio del concejal de Tuluá Elieced Ávila, ocurrido el 31 de diciembre de 2023.
También, habrían participado del ataque armado que el pasado 19 de abril acabó con la vida de Clarivel Ocampo Fernández y el concejal Carlos Arturo Londoño, cuando se encontraban en el coliseo de Ferias de Tuluá.
Además, estarían implicados en el intento de asesinato del funcionario del Inpec Nicolás Torres Noreña, sucedido el 9 de abril de 2024.
A ‘La Inmaculada’ se le atribuye la coordinación de homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato, extorsiones a comerciantes organizados, así como de implementar acciones ilícitas para controlar las rutas de distribución de estupefacientes, y de coordinar la comercialización de armas de fuego con organizaciones que delinquen en la zona.
La captura de los 15 adultos, y la aprehensión del adolescente se concretó durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en 17 viviendas.
De estas acciones estuvieron encargados servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de la Policía Nacional.
En los operativos fueron incautadas municiones de diferentes calibres, celulares, estupefacientes y una motocicleta.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los 15 adultos.
El menor de edad continuará vinculado a la investigación.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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