Judicial
Judicializados a 16 presuntos integrantes de ‘la inmaculada’, responsables del homicidio de tres funcionarios públicos
• Entre las víctimas mortales están dos concejales y una funcionaria de la Alcaldía de Tuluá. Además, habrían participado en el intento de asesinato de un funcionario del Inpec.
• ‘La Inmaculada’ sería responsable de coordinación homicidios bajo la modalidad de sicariato, extorsiones a comerciantes y de controlar las rutas de distribución de estupefacientes.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Inmaculada, entre quienes se encuentra un menor de 17 años.
Los procesados serían responsables del asesinato de cuatro funcionarios públicos en hechos ocurridos en Tuluá (Valle del Cauca), además de otros delitos.
El material de prueba recaudado por un fiscal seccional adscrito a la Estructura de Apoyo (EDA) les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tráfico y porte de estupefacientes y; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados estarían involucrados en el homicidio del concejal de Tuluá Elieced Ávila, ocurrido el 31 de diciembre de 2023.
También, habrían participado del ataque armado que el pasado 19 de abril acabó con la vida de Clarivel Ocampo Fernández y el concejal Carlos Arturo Londoño, cuando se encontraban en el coliseo de Ferias de Tuluá.
Además, estarían implicados en el intento de asesinato del funcionario del Inpec Nicolás Torres Noreña, sucedido el 9 de abril de 2024.
A ‘La Inmaculada’ se le atribuye la coordinación de homicidios selectivos bajo la modalidad de sicariato, extorsiones a comerciantes organizados, así como de implementar acciones ilícitas para controlar las rutas de distribución de estupefacientes, y de coordinar la comercialización de armas de fuego con organizaciones que delinquen en la zona.
La captura de los 15 adultos, y la aprehensión del adolescente se concretó durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en 17 viviendas.
De estas acciones estuvieron encargados servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Sijín de la Policía Nacional.
En los operativos fueron incautadas municiones de diferentes calibres, celulares, estupefacientes y una motocicleta.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los 15 adultos.
El menor de edad continuará vinculado a la investigación.
Judicial
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova
La señalan de trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en LA UNGRD.
Sandra Liliana Ortiz Nova es señalada de recibir 3.000 millones de pesos de los involucrados en los hechos de corrupción detectados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entregárselos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Luego de valorar los argumentos y los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida aseguramiento de detención preventiva a la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, por su presunta participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, los cuales no aceptó en su momento. Los cargos están relacionados con el transporte y entrega de 3.000 millones de pesos que corresponderían al pago de coimas.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estableció que la exconsejera presidencial habría organizado reuniones entre algunos directivos de la UNGRD y el entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez.
Productos de lo acordado en los encuentros, la tarde del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la señora Ortiz Nova, al parecer, recibió de Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al senador Name Vásquez.
Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a pasar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el expresidente del Congreso.
Por disposición de la juez de control de garantías, la exconsejera deberá permanecer privada de la libertad en una guarnición militar donde se garantice su seguridad.
Judicializado presunto responsable del homicidio de un hombre en vichada
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Edwin Cumanaica Gaitán, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un ciudadano, ocurrido el pasado 15 de noviembre, en una finca en zona rural de Cumaribo (Vichada).
Un fiscal seccional en Vichada le imputó el delito de homicidio agravado.
Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La investigación permitió establecer que el procesado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento habría sacado un arma de fuego de su habitación y le disparó causándole la muerte. El hombre huyó del lugar y posteriormente se presentó ante las autoridades.
Allí aceptó ser el responsable de la muerte de la víctima.
La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, permitió la judicialización de tres personas que estarían involucradas en extorsiones ocurridas en hechos distintos, en Villavicencio y municipios del sur de Meta.
Se trata de Carlos Andrés Arenas Varela, Juan Carlos Ríos Garzón y Johan Sebastián Canchón Fajardo.
Fiscales Gaula les imputaron, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión, tentativa de extorsión y hurto calificado, todas las conductas agravadas.
Los cargos no fueron aceptados y jueces de control de garantías les impusieron medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.
Inicialmente, Arenas Varela fue capturado en vía pública del sur de Villavicencio (Meta), cuando recibía 200.000 pesos de una joven, de 15 años, producto de una extorsión.
Por su parte, Ríos Garzón, al parecer, le hacía exigencias económicas a agricultores y ganaderos de Fuentedeoro, San Juan de Arama y Granada (Meta).
El hombre indicaba ser integrante de las disidencias de las Farc para intimidar a las víctimas. Los cobros, presuntamente, oscilaban entre 3 y 30 millones de pesos, a cambio de no ser declarados objetivos militares.
Finalmente, Canchón Fajardo fue capturado en flagrancia en el área rural de Puerto Lleras (Meta), donde presuntamente, estaba exigiendo dinero desde noviembre del año en curso, a los dueños de fincas de las veredas Unión y Caribe de ese municipio.
Estos hombres fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Grupo Gaula del Ejército Nacional, en Villavicencio, Granada y Puerto Lleras (Meta)
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