Judicial
Judicializado por el crimen de un fiscal en barranquilla
Es señalado de transportar en motocicleta a la persona que le robó el celular al funcionario judicial y posteriormente le propinó varios disparos.
La Fiscalía General de la Nación recopiló elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible participación de Yesid de Jesús Flórez Benavides, alias El Beso, en el crimen del fiscal de la Seccional Atlántico, Norvey Ruíz Correa, ocurrido durante un asalto armado el pasado 19 de febrero, en Barranquilla (Atlántico).
Esta persona habría trasladado en motocicleta al hombre que interceptó al funcionario judicial en su vehículo, justo cuando pretendía bajar para ingresar a su lugar de residencia en el barrio Las Dunas; y lo intimidó con arma de fuego para obligarlo a entregar sus pertenencias. En medio de un forcejeo, el atacante le arrebató el celular a la víctima y le propino varios disparos.
Posteriormente, subió a la motocicleta que presuntamente conducía Flórez Benavides, y juntos escaparon del lugar de los hechos.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico imputó a alias El Beso los delitos de homicidio, hurto calificado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Yesid de Jesús Flórez Benavides fue detenido por servidores del cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sector de El Rodadero, en Santa Marta (Magdalena), luego de que se presentara voluntariamente para atender la orden de captura que en su contra había obtenido la Fiscalía.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
Fiscalía identificó a mujer señalada de engañar a jóvenes con falsas ofertas laborales para inducirlas a viajar a México y explotarlas sexualmente.
Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales en Villavicencio (Meta) y convencidas de trasladarse a Cancún, donde trabajarían en un hotel. Sin embargo, al llegar eran despojadas de sus documentos, retenidas y obligadas a ejercer actividades sexuales.
La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una mujer que sería el principal enlace en Colombia de una red criminal señalada de engañar jóvenes con falsas ofertas laborales y convencerlas de viajar a México para explotarlas sexualmente en ese país.
A la presunta involucrada, identificada como Lix Verónica Novoa Montenegro, un fiscal especializado de la Seccional Meta le imputó el delito de trata de personas, cargo que no fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios indican que la hoy procesada, al parecer, ubicaba a las víctimas por redes sociales, les hacía ofrecimientos de trabajo en un hotel cinco estrellas de Cancún (México); y les tramitaba documentación, tiquetes aéreos y dinero para que pudieran trasladarse al extranjero.
Las jóvenes que aceptaban y llegaban a México eran recibidas por un grupo de personas que las movilizaba al sector de Playa del Carmen, en zona costera del estado Quintana Roo; las despojaba de sus papeles, las retenía y las obligaba a ejercer actividades sexuales en un establecimiento nocturno para cumplir el pago de multas impuestas para cubrir su manutención, alimentación y otros gastos.
Una de las víctimas de esta red ilegal escapó del lugar en el que era explotada sexualmente, acudió ante las autoridades y denunció.
En su declaración señaló que viajó a México en marzo de 2024, junto a otras tres víctimas. Con los detalles entregados y otras evidencias recopiladas en investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Novoa Montenegro, la cual fue materializada en Villavicencio por funcionarios del CTI, con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
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