Judicial
Imputado exjuez señalado de ordenar el pago irregular a 112 docentes de Sucre
Sus acciones habrían generado el desembolso injustificado de 1.103 millones de pesos. Bogotá D.C., 28 de abril de 2024.
La Fiscalía General de la Nación recaudó suficiente material probatorio que da cuenta del posible actuar irregular del exjuez primero promiscuo de Corozal (Sucre), Iván Francisco Daza Ramírez, quien en dos fallos de tutela ordenó el pago de 4.328 millones de pesos a 112 profesores del departamento.
Los docentes acudieron ante el funcionario judicial para que se les reconocieran los dineros que supuestamente dejaron de recibir por cada día de atraso en el desembolso de las cesantías.
Mediante seis autos, emitidos entre abril y mayo de 2008, el exjuez ordenó el embargo y secuestro de las cuentas a nombre del municipio de Corozal (Sucre) para cubrir los montos establecidos en los fallos.
Días después, dispuso que los recursos fueron entregados al abogado que representaba a los docentes para que los distribuyera a los reclamantes.
La investigación estableció que las decisiones de Daza Ramírez habrían sido contrarias a la ley, en el entendido de que indexó valores y tuvo en cuenta intereses moratorios, algo que no procedía en este caso y generó que el municipio pagara 1.103 millones de pesos de más.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Los cargos no fueron aceptados.
Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’
Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.
En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.
El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.
De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.
El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.
Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.
Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).
En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).
Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.
Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.
La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.
De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.
Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.
La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.
Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.
La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.
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