Noticias Nacionales
Dos resguardos indígenas víctimas de reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado
Los dos resguardos, que están en el departamento de Guaviare, se convierten en intervinientes especiales en el Caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’.
Se trata del cuarto pueblo indígena en ser acreditado en el Caso 07. Los pueblos Hitnü, Koreguaje y el Resguardo Motilón del Pueblo Barí hacen parte de este listado de víctimas colectivas de la línea étnica del caso.
6.745 víctimas están acreditadas en el Caso 07. De ellas, 852 son víctimas individuales (61% de ellas son mujeres y 39%, hombres) y 5.893 son víctimas colectivas.
Tras una jornada de pedagogía y dos días de diligencia judicial, la Sala de Reconocimiento de la JEP acreditó como víctima colectiva a dos resguardos del Pueblo Sikuani en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Estos resguardos cuentan con más de 360 integrantes y habitan entre los ríos Guaviare, Manacacías y Orinoco. Históricamente, la étnia Sikuani ha sido víctima de violencias como el reclutamiento de niñas y niños, desaparición forzada, desplazamiento y persecución por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP o la Fuerza Pública, entre otros.
Durante las audiencias, 18 integrantes del Pueblo Sikuani, entre ellos un capitán y una capitana, líderes y sabedores de los resguardos le contaron a la magistrada encargada, Luisa Fernanda López, mediante dos intérpretes de la lengua sikuani, las formas en que el conflicto armado impactó la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como su territorio ancestral.
Las autoridades explicaron en la audiencia del 30 y 31 de mayo, en San José del Guaviare, que la lengua propia, las danzas tradicionales, el intercambio de semillas y el trabajo colectivo ‘únuma’ son rasgos identitarios del Pueblo Sikuani que se han visto gravemente afectados por el conflicto armado. “Sin el territorio es como si no fuéramos indígenas Sikuani”, dijo con vehemencia una autoridad indígena.
Despedir a sus muertos
La diligencia comenzó con un acto de armonización: ‘El baile del cacho de venado’, que se hace tradicionalmente para despedir a un ser querido cuando fallece. “Esto para nosotros es algo triste. Es un baile que hoy hacemos para honrar a esas personas que nunca volvieron y que creemos que están muertas”, dijo una de las autoridades Sikuani.
La atmósfera se llenó de los sonidos que emiten los cráneos del venado cuando son soplados. Son las flautas de la despedida que suenan al ritmo de una maraca fúnebre.
Una de las participantes de la armonización cargaba un catumare de calavera, que en lengua sikuani se conoce como un ‘deiposikote’. Esta malla de palma de güichire tejida “la usamos cuatro años después para sacar los huesos de una persona que ha fallecido y darle su último entierro, su última despedida. Es símbolo de esos seres queridos que no sabemos dónde están enterrados, pero esperamos poderlos recuperar y darles el adiós”, finalizó el mayor.
Daño diferencial y desproporcionado
El diálogo judicial se centró en ampliar la información contenida en el informe “Pueblo indígena Sikuani de los resguardos del departamento del Guaviare: reclutamiento de menores y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado”, que ambas comunidades habían presentado previamente ante la JEP.
Las autoridades describieron cómo las niñas y los niños fueron reclutados por las Farc-EP. “Ellos llegaban a los resguardos y a los niños con la invitación de un dulce, con un billete, con alcohol. Eso es engaño”, señaló un integrante de la comunidad.
El reclutamiento, expresaron las comunidades, menguó significativamente la población Sikuani y dejó una herida colectiva que aún no han podido sanar. Denunciaron que, en el año 2000, de las 35 niñas y niños que había en la comunidad, 22 fueron reclutados.
La ausencia de estas niñas y niños provocó grandes impactos. “Si estuvieran aquí, si no se los hubieran llevado, ya serían líderes. Podrían ser profesionales que estarían guiando a toda la comunidad hacia un mejor futuro”, enfatizó un participante.
Explicaron que las niñas y los niños que fueron vinculados a los grupos armados y lograron regresar perdieron capacidades fundamentales para aportar a su comunidad. “Cuando se es niño, la mente es más blanda para adquirir el conocimiento ancestral, ahora es más difícil”, dijo uno de los asistentes y añadió: “para volver a aprender la cultura, los rezos, las plantas medicinales que a uno le enseñan desde pequeño me ha costado”.
Respecto a la Fuerza Pública, se mencionaron hechos de utilización contra las niñas del Pueblo Sikuani. También relataron hechos de violencia sexual.
Sobrevivientes y desaparecidos
En esta audiencia también participaron sobrevivientes de reclutamiento, a quienes se los llevaron con la promesa de poder rencontrarse con sus hermanos dentro de las filas. Sin embargo, no volvieron a saber nada de sus seres queridos y hoy los siguen buscando.
“Quiero agradecerles por la confianza que nos han dado para contar en detalle lo que vivieron. Solo ustedes conocen el dolor de volver a traer al presente esas vivencias”, expresó la magistrada López tras escuchar los relatos.
Al conocer la decisión sobre su acreditación, las autoridades afirmaron: “Ahora las cosas van a pesar más ante la ley, ante los victimarios (…) ojalá las instituciones conozcan esta información que la JEP ha conocido”.
“Agradecemos a la JEP y estamos esperanzados con que algún día haya una respuesta a esas víctimas sobre las familias que están esperando todavía, para que la comunidad pueda sentir alivio”, finalizó la uno de los intérpretes.
Al cierre de la diligencia, la magistratura también explicó que, en el marco de su participación en la JEP, estos resguardos Sikuani podrán presentar demandas de verdad a los comparecientes como, por ejemplo, la ubicación de las personas dadas por desaparecidas. Asimismo, las autoridades mencionaron que la educación escolar y profesional con enfoque étnico puede ser un posible camino para su restauración.
Noticias Nacionales
La Corte exhorta a que la Policía Nacional reconozca sin dilaciones las pensiones de sobrevivientes a hijos en condición de discapacidad
La Sala Segunda de Revisión estudió la acción de tutela de Felipe, una persona en condición de discapacidad visual desde que contaba 27 años de edad y quien, tras el fallecimiento de su padre, solicitó la sustitución pensional, sin que la Policía Nacional accediera a su otorgamiento, por considerar que carecía de las pruebas para demostrar su condición de invalidez, entre ellas el dictamen de la Junta Médica de esa institución, y por entender que no era posible realizársela por no ser beneficiario de esta.
Felipe consideró que las accionadas vulneraban sus derechos al impedirle acceder efectivamente a dicha calificación, pese a que contaba con un dictamen de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, lo que le impedía el disfrute de la pensión que en vida le fue otorgada a su padre, quien velaba por su apoyo económico y emocional. En su criterio, las barreras administrativas que le fueron impuestas lesionaban injustamente sus garantías constitucionales, entre ellas al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social.
La Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, protegió los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de Felipe.
Al efecto recordó que el hijo inválido que reclame la sustitución de una pensión reconocida por la Policía Nacional sólo debe acreditar
- el parentesco con el causante
- la situación de invalidez anterior a la fecha del fallecimiento de aquel
- su dependencia económica
En criterio de la Sala, la Unidad Prestadora de Salud de la Policía Nacional no debió negarse a realizar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral a partir de las normas que regulan la calidad de beneficiarios del subsistema de salud, pues el subsistema pensional de los miembros de la Policía Nacional no impide que los eventuales beneficiarios de la sustitución pensional soliciten dicha calificación después de superar los 25 años.
También la Sala de Revisión consideró que el Grupo de Pensiones de la Policía Nacional no debió negarse al reconocimiento pensional y que le correspondía acoger el dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por una junta regional de calificación de invalidez, aportado por Felipe, pues los dictámenes de la Junta Médica de aquella institución no son una prueba solemne ni única para el efecto.
Además, la Sala de Revisión estimó que las pruebas obrantes en el expediente acreditaban el parentesco entre Felipe y su padre, que la patología fue anterior a su muerte y que dependía económicamente de este. En consecuencia, la Corte le ordenó a una de las accionadas reconocer la sustitución pensional a favor de Felipe, incluyendo el pago del retroactivo, con la respectiva inclusión en nómina.
La Corte exhortó a la Policía Nacional a que, para los efectos de las solicitudes pensionales por parte de los posibles beneficiarios de prestaciones de sustitución que señala el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, tenga en cuenta la calificación de invalidez realizada con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan la determinación de dicho estado. Asimismo, le indicó que no puede rechazar una solicitud de valoración de pérdida de capacidad laboral bajo el argumento de que la fecha de estructuración de la invalidez debe ser anterior a los 25 años de edad del solicitante.
Sentencia T-451 de 2025
M.P. Juan Carlos Cortés González
En los últimos días, productores y ganaderos han recibido información sobre el registro en SINIGAN V6 y la fecha del 15 de enero. Desde el sistema, es importante aclarar con precisión qué representa esta fecha y por qué es fundamental actuar oportunamente.
Es importante señalar que, después del 15 de enero, los productores y transportadores podrán continuar registrándose en SINIGAN V6. No obstante, esta fecha marca el cierre de la etapa de registro prioritario, un periodo clave para garantizar que la información de los predios y los datos de vacunación migren de manera más rápida, ordenada y oportuna al nuevo sistema.
A partir del 15 de enero iniciará la etapa de validación de predios. Durante esta fase, los productores y ganaderos podrán consultar en el sistema cuáles son los predios que tienen cargados y asociados a su información, datos que alimentan directamente el ciclo de vacunación. Es importante precisar que únicamente en el caso de que un predio previamente registrado no aparezca reflejado en la plataforma, el productor deberá acercarse a la oficina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para realizar la verificación correspondiente. Fuera de esta situación puntual, no es necesario acudir a las oficinas, ya que el proceso se gestiona directamente a través del sistema.
SINIGAN V6 representa un avance significativo en la gestión de la información ganadera del país. Esta nueva versión fue desarrollada para ofrecer una plataforma más intuitiva, ágil y eficiente, que simplifica los procesos administrativos y mejora la experiencia de los usuarios. Entre sus principales beneficios se destacan la actualización en tiempo real de la información de los predios, una mayor estabilidad del sistema y la optimización de los tiempos de respuesta en trámites clave para el sector.
Realizar el registro durante esta etapa prioritaria facilita los procesos posteriores, permite contar con información actualizada y contribuye a que los trámites se desarrollen con mayor agilidad y eficiencia, tanto para los usuarios como para las entidades responsables de la gestión sanitaria y productiva del país.
Por esta razón, se invita a los productores y ganaderos a realizar su registro en SINIGAN V6 lo antes posible. Hacerlo a tiempo no solo beneficia al productor de manera individual, sino que fortalece el funcionamiento del sistema en su conjunto, al garantizar datos confiables y procesos más fluidos para todos los actores del sector.
SINIGAN V6 fue diseñado para ser un sistema más fácil, más rápido y más eficiente, pensado para acompañar al sector agropecuario con herramientas que respondan a sus necesidades y aporten a una mejor gestión de la información ganadera en Colombia.
Ecopetrol entregó equipamiento para fortalecer la producción artesanal de lácteos en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul, beneficiando a 22 productores ganaderos que desarrollan esta actividad a escala familiar.
La dotación incluyó 330 elementos, entre ellos: baldes de ordeño, calderos, cantinas lecheras, coladores, utensilios en acero inoxidables y mesones de trabajo; los cuales permiten mejorar los procesos de transformación, higiene e inocuidad de los productos lácteos.
Para Wilmar Cuevas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Manoguía, el proyecto es una oportunidad de transformación productiva: “Hoy estamos contentos: la comunidad, los finqueros, este es un proyecto para mejorar la calidad de vida de la gente. Es como cambiar el chip petrolero por el sector agropecuario”.
Esta entrega hace parte del proyecto “Soluciones integrales ganaderas en la vereda Manoguía del municipio de Aguazul del departamento de Casanare, como parte del Programa en Beneficio de las Comunidades (PBC) de Ecopetrol 2021- 2022, convenio de exploración y producción de hidrocarburos Área Santiago de las Atalayas”, que contempla una inversión de $682 millones.
“El objetivo es fortalecer la producción ganadera familiar y generar valor agregado en el territorio, a través de acompañamiento técnico, formación y dotación adecuada”, señaló Jorge Martín Camargo, jefe Territorial Ambiental de Ecopetrol para Casanare.
El proyecto se ejecuta mediante un acuerdo de cooperación con la Asociación de Municipios del Meta (Asmeta) e incluye acompañamiento técnico, fortalecimiento de capacidades productivas, entrega de insumos, transferencia de conocimientos y mejora genética para incrementar la calidad y producción de leche en sistemas ganaderos familiares.
Con el avance de estas iniciativas, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades del área de influencia de sus operaciones.
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