Noticias Nacionales
Dos resguardos indígenas víctimas de reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado
Los dos resguardos, que están en el departamento de Guaviare, se convierten en intervinientes especiales en el Caso 07: ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’.
Se trata del cuarto pueblo indígena en ser acreditado en el Caso 07. Los pueblos Hitnü, Koreguaje y el Resguardo Motilón del Pueblo Barí hacen parte de este listado de víctimas colectivas de la línea étnica del caso.
6.745 víctimas están acreditadas en el Caso 07. De ellas, 852 son víctimas individuales (61% de ellas son mujeres y 39%, hombres) y 5.893 son víctimas colectivas.
Tras una jornada de pedagogía y dos días de diligencia judicial, la Sala de Reconocimiento de la JEP acreditó como víctima colectiva a dos resguardos del Pueblo Sikuani en el Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Estos resguardos cuentan con más de 360 integrantes y habitan entre los ríos Guaviare, Manacacías y Orinoco. Históricamente, la étnia Sikuani ha sido víctima de violencias como el reclutamiento de niñas y niños, desaparición forzada, desplazamiento y persecución por parte de la extinta guerrilla de las Farc-EP o la Fuerza Pública, entre otros.
Durante las audiencias, 18 integrantes del Pueblo Sikuani, entre ellos un capitán y una capitana, líderes y sabedores de los resguardos le contaron a la magistrada encargada, Luisa Fernanda López, mediante dos intérpretes de la lengua sikuani, las formas en que el conflicto armado impactó la cultura y tradiciones de sus comunidades, así como su territorio ancestral.
Las autoridades explicaron en la audiencia del 30 y 31 de mayo, en San José del Guaviare, que la lengua propia, las danzas tradicionales, el intercambio de semillas y el trabajo colectivo ‘únuma’ son rasgos identitarios del Pueblo Sikuani que se han visto gravemente afectados por el conflicto armado. “Sin el territorio es como si no fuéramos indígenas Sikuani”, dijo con vehemencia una autoridad indígena.
Despedir a sus muertos
La diligencia comenzó con un acto de armonización: ‘El baile del cacho de venado’, que se hace tradicionalmente para despedir a un ser querido cuando fallece. “Esto para nosotros es algo triste. Es un baile que hoy hacemos para honrar a esas personas que nunca volvieron y que creemos que están muertas”, dijo una de las autoridades Sikuani.
La atmósfera se llenó de los sonidos que emiten los cráneos del venado cuando son soplados. Son las flautas de la despedida que suenan al ritmo de una maraca fúnebre.
Una de las participantes de la armonización cargaba un catumare de calavera, que en lengua sikuani se conoce como un ‘deiposikote’. Esta malla de palma de güichire tejida “la usamos cuatro años después para sacar los huesos de una persona que ha fallecido y darle su último entierro, su última despedida. Es símbolo de esos seres queridos que no sabemos dónde están enterrados, pero esperamos poderlos recuperar y darles el adiós”, finalizó el mayor.
Daño diferencial y desproporcionado
El diálogo judicial se centró en ampliar la información contenida en el informe “Pueblo indígena Sikuani de los resguardos del departamento del Guaviare: reclutamiento de menores y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado”, que ambas comunidades habían presentado previamente ante la JEP.
Las autoridades describieron cómo las niñas y los niños fueron reclutados por las Farc-EP. “Ellos llegaban a los resguardos y a los niños con la invitación de un dulce, con un billete, con alcohol. Eso es engaño”, señaló un integrante de la comunidad.
El reclutamiento, expresaron las comunidades, menguó significativamente la población Sikuani y dejó una herida colectiva que aún no han podido sanar. Denunciaron que, en el año 2000, de las 35 niñas y niños que había en la comunidad, 22 fueron reclutados.
La ausencia de estas niñas y niños provocó grandes impactos. “Si estuvieran aquí, si no se los hubieran llevado, ya serían líderes. Podrían ser profesionales que estarían guiando a toda la comunidad hacia un mejor futuro”, enfatizó un participante.
Explicaron que las niñas y los niños que fueron vinculados a los grupos armados y lograron regresar perdieron capacidades fundamentales para aportar a su comunidad. “Cuando se es niño, la mente es más blanda para adquirir el conocimiento ancestral, ahora es más difícil”, dijo uno de los asistentes y añadió: “para volver a aprender la cultura, los rezos, las plantas medicinales que a uno le enseñan desde pequeño me ha costado”.
Respecto a la Fuerza Pública, se mencionaron hechos de utilización contra las niñas del Pueblo Sikuani. También relataron hechos de violencia sexual.
Sobrevivientes y desaparecidos
En esta audiencia también participaron sobrevivientes de reclutamiento, a quienes se los llevaron con la promesa de poder rencontrarse con sus hermanos dentro de las filas. Sin embargo, no volvieron a saber nada de sus seres queridos y hoy los siguen buscando.
“Quiero agradecerles por la confianza que nos han dado para contar en detalle lo que vivieron. Solo ustedes conocen el dolor de volver a traer al presente esas vivencias”, expresó la magistrada López tras escuchar los relatos.
Al conocer la decisión sobre su acreditación, las autoridades afirmaron: “Ahora las cosas van a pesar más ante la ley, ante los victimarios (…) ojalá las instituciones conozcan esta información que la JEP ha conocido”.
“Agradecemos a la JEP y estamos esperanzados con que algún día haya una respuesta a esas víctimas sobre las familias que están esperando todavía, para que la comunidad pueda sentir alivio”, finalizó la uno de los intérpretes.
Al cierre de la diligencia, la magistratura también explicó que, en el marco de su participación en la JEP, estos resguardos Sikuani podrán presentar demandas de verdad a los comparecientes como, por ejemplo, la ubicación de las personas dadas por desaparecidas. Asimismo, las autoridades mencionaron que la educación escolar y profesional con enfoque étnico puede ser un posible camino para su restauración.
Noticias Nacionales
“Sector de combustibles líquidos requiere la creación de un Consejo Nacional de Operación para fortalecer el abastecimiento nacional”: Frank Pearl
· Diferentes eventos pusieron en riesgo la distribución de combustibles líquidos en Colombia en 2024 y demostraron la necesidad de lograr una coordinación estructurada entre todos los actores para garantizar el suministro.
· Es imprescindible habilitar mecanismos, como el Centro Nacional de Operación y los almacenamientos estratégicos, y habilitar importaciones para fortalecer la continuidad y confiabilidad del abastecimiento y atender la demanda que se mantiene en crecimiento.
· Durante 2024, la cadena de distribución de combustibles líquidos generó ingresos a la Nación y a las regiones por $9,1 billones, y más de 264 mil empleos.
Las crecientes dificultades de conflictividad social y orden público, entre otros factores que ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en el país, exigen acciones estructurales y de mayor coordinación para mantener la continuidad y confiabilidad del suministro; esta es la principal conclusión del informe económico “Combustibles líquidos: energía de hoy y mañana”, que presentó la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
En 2024, se registraron147 bloqueos a plantas y vías, más de 300 válvulas ilícitas en poliductos y más de 40 atentados a oleoductos. En este contexto, la ACP propone la creación de un Consejo Nacional de Operación (CNO) para el abastecimiento de combustibles líquidos, como una instancia que propendería por una mejor planeación y coordinación tanto de la operación recurrente como ante cualquier eventualidad y en escenarios con mayores requerimientos de importación, en la que todos los agentes de la cadena son corresponsables del garantizar el suministro.
La creación de este CNO esta es una de las principales propuestas y prioridades planteadas en el informe, el cual registra el contexto del sector en 2024 y las expectativas a 2030, así como una hoja de ruta para la seguridad energética en combustibles, producto de la visión de un grupo representativo de agentes de toda la cadena: refinador, transportador, empresas distribuidoras mayoristas y gremios representantes de los minoristas y consumidores finales.
“La distribución de combustibles líquidos es un servicio público esencial y la columna vertebral de la movilidad en el país. Para garantizar su continuidad, debemos trabajar de manera articulada y estructurada, anticipándonos a los desafíos operativos y de abastecimiento que actualmente enfrentamos, pues los combustibles líquidos además de garantizar derechos fundamentales también respaldan el 6% de la matriz eléctrica del país, por ejemplo, el año anterior sostuvieron la generación térmica nacional y evitaron el riesgo de racionamiento de energía”, afirmó Frank Pearl, presidente de la ACP.
Además de la creación del Consejo Nacional de Operación, de acuerdo con los agentes de la cadena, será necesario avanzar en la habilitación de importaciones de manera estructurada, desarrollar los proyectos de poliductos y almacenamientos estratégicos, promover la libre competencia y aumentar la mezcla de biocombustibles y desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF), agregó Pearl.
Demanda se mantiene en crecimiento
De acuerdo con el Informe, el consumo total de combustibles líquidos (gasolinas, diésel y jet) en 2024 creció un 0,6% respecto a 2023, promediando 347 KBD9 (miles de barriles día). La demanda de diésel aumentó 5,2% y la del combustible de aviación (jet A1) un 9,5%, evidenciando que es el combustible con mayor potencial de crecimiento para los próximos años; mientras el consumo de gasolinas (corriente y extra) cayó 5,9%. Así que, teniendo en cuenta la capacidad de refinación del país y los eventos coyunturales presentados, fue necesaria la importación del 39% de la demanda de gasolina corriente, el 8% de la de diésel y el 2,4% de jet A-1.
Hacia adelante, la demanda total crecería, en promedio, al 1,2% en 2025 y al 1,8% promedio anual en el mediano plazo (2026-2030). Lo cual, considerando la capacidad actual de producción, implicará importaciones estructurales: en gasolina de hasta del 35% entre 2025 y 2030; en diésel, hasta del 10% entre 2027 y 2030; y en jet, hasta del 16% entre 2025 y 2030; proyección que no tiene en cuenta las importaciones coyunturales que se puedan requerir para asegurar el abastecimiento ante eventos de fuerza mayor, cambios en las condiciones operativas de las refinerías y/o mantenimientos.
$9,1 billones de aportes fiscales
Según cálculos de la ACP, en 2024, las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos representaron el 1,5% del PIB, generaron 264 mil empleos, y los impuestos al consumo de gasolinas y diésel representaron $9,1 billones de ingresos fiscales, de los cuales $5,2 billones al Gobierno nacional, y $3,9 billones a las entidades territoriales.
Finalmente, Frank Pearl, presidente de la ACP, reiteró que “el abastecimiento confiable, continuo y eficiente de combustibles líquidos es fundamental para la seguridad energética de Colombia, para la estabilidad económica, el bienestar social y la garantía de derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo, al viabilizar el funcionamiento de vehículos particulares, transporte público y de carga, aviones, barcos, y actividades críticas como el transporte de alimentos, insumos médicos y ambulancias”.
Ruta de la Identificación de la Registraduría llegó a Uribia, La Guajira, para beneficiar a más de 1.200 indígenas de la comunidad wayúu
o La jornada de registro civil e identificación se realiza en el corregimiento de Jojoncito hasta hoy y en el Cabo de la Vela se extendió hasta mañana, 18 de enero.
o “Regresamos con nuestra Ruta de la Identificación al departamento de La Guajira porque el subregistro de identificación en población indígena es muy alto”: registrador nacional, Hernán Penagos.
La Ruta de la Identificación de la Registraduría Nacional continúa su recorrido por el país para llevar los servicios de registro civil e identificación a las poblaciones más vulnerables. En esta ocasión, llegó al municipio de Uribia, en La Guajira, para beneficiar a más de 1.200 miembros de la comunidad indígena wayúu.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, lideró la jornada de atención en dos puntos del municipio: el primero, en la Institución Educativa Yotojoroin Matuu en el corregimiento de Jojoncito y, el segundo, en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de la Vela.
“Regresamos con nuestra Ruta de la Identificación al departamento de La Guajira porque el subregistro de identificación en población indígena es muy alto. La Registraduría Nacional seguirá trasladándose con todo su equipo humano y tecnológico hasta estas comunidades para lograr identificarlas”, indicó el Registrador Nacional.
Mujeres líderes de la comunidad wayúu, presentes en la jornada en Jojoncito, agradecieron la presencia de la Registraduría en sus territorios.
“Estamos muy complacidos porque hoy nuestros niños, niñas, adolescentes y ancianos, que se les dificulta llegar hasta la zona urbana de Uribia, están siendo atendidos por la Registraduría, casi que en su propia casa. La Registraduría Nacional ha traído la institucionalidad al territorio y estamos muy agradecidos”, sostuvo Hortensia Deluque.
La comunidad wayúu en el Cabo de la Vela también destacó la realización de estas jornadas de identificación.
“Aquí somos de escasos recursos. Viajar hasta Uribia para tramitar documentos es costoso y muchas veces volvemos sin nada porque el dinero no alcanza. Hoy, gracias a esta jornada de la Registraduría, mi familia y yo tenemos una oportunidad que antes parecía imposible”, aseguró María Dolores Ponce, una madre wayúu beneficiaria de la jornada.
Finalmente, el Registrador Nacional resaltó que, a través del registro civil de nacimiento, la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía estas poblaciones tienen la oportunidad de acceder a sus derechos fundamentales y a los servicios sociales del Estado colombiano.
Qué pasa con la migración en Colombia? Según estimaciones de la ONU y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Colombia alberga a más de 2,5 millones de venezolanos, lo que ha convertido al país en uno de los principales receptores de migrantes en el planeta.
Este fenómeno ha generado una gran presión sobre los recursos y servicios del país, pero también ha llevado a una serie de iniciativas de integración y apoyo a los migrantes por parte del gobierno colombiano y organizaciones internacionales.
Por eso desde la Cámara de Representantes se han adelantado debates de control político a entidades encargadas de velar por los derechos e integridad de los migrantes, buscando articular políticas que regulen el transito de estas personas y eviten generar problemas sociales a los colombianos.
Vladimir Olaya mancipe, uno de los representantes citantes dio a conocer cifras de la Defensoría del Pueblo que señalan el alarmante crecimiento de migrantes por pasos como el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, donde en muchas ocasiones se violan los derechos de estas personas y están a merced de bandas criminales que los explotan y sólo buscan un beneficio económico.
Según datos de las autoridades panameñas, dadas a conocer por el Representante Vladimir Olaya, en el año 2018, 9.222 personas traspasaron la frontera entre Colombia y Panamá; mientras que en el año 2019 se empezó a incrementar el tránsito de personas migrantes, para el año 2021 se registró una cifra sin precedentes en este tránsito irregular, con un total de 133,726 personas.
En la actualidad Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ACNUR, se estima que más de 400 mil migrantes pasaron por el Tapón del Darién durante el año 2024, un número superior al de años anteriores. La mayoría de estos migrantes provienen de países de América Latina, el Caribe, África y Asia, pero el mayor flujo de personas proviene de Venezuela, Haití, y más recientemente de ciudadanos de Cuba, Ghana, Somalia, entre otros.
Por eso el Representante Vladimir Olaya señaló que este 2025 seguirá trabajando para que el gobierno nacional articule políticas y haga mayor presencia en los territorios vulnerables, teniendo en cuenta que la situación actual en el vecino país de Venezuela ha empeorado en los últimos días, lo que genera que se aumente el número de personas que buscan refugio en otras regiones y en donde Colombia es casi que un paso obligado.
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