Judicial
Dos policías imputados por homicidio y detención ilegal
Imputados dos integrantes de la policía nacional que estarían implicados en el homicidio de un soldado y la detención ilegal de un líder indígena en Putumayo
El militar era buscado por haber disparado y causado la muerte a tres de sus compañeros; sin embargo, al momento de ser localizado se movilizaba en una canoa y se encontraba en estado de indefensión, por lo que la reacción del uniformado que le disparó habría sido desproporcionada.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al subcomandante de la estación de policía de La Tagua, subintendente William Armando Mendoza Chilama; y al patrullero Darwin Emilio Arcos Martínez, por su presunta participación en los hechos ocurridos el 27 de febrero de 2024, en el corregimiento La Tagua de Puerto Leguízamo (Putumayo), en los que murió el soldado regular Alexander Orozco Zambrano y fue detenido de manera ilegal el líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigatoque.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los dos uniformados los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados.
De acuerdo con la investigación, el 26 de febrero de 2024, el soldado Orozco Zambrano presuntamente accionó su fusil de dotación, les causó la muerte a tres de sus compañeros del Batallón de Selva 49 y escapó.
Al día siguiente, unidades de la Policía Nacional lo vieron remando en una canoa por el río Caquetá, y el patrullero Arcos Martínez presuntamente le disparó, dejándolo herido. Dos días después falleció en un centro asistencial de Florencia (Caquetá).
Las evidencias y los elementos materiales probatorios dan cuenta de un posible uso desproporcionado de la fuerza, en el entendido de que el soldado se encontraba en estado de indefensión y no representaba peligro alguno. Posterior a la reacción del patrullero, el subintendente Mendoza Chilama dispuso la captura del líder indígena Luis Evelio Rodríguez Arigatoque, quien observaba el traslado del soldado lesionado.
En el procedimiento le fueron incautados 27 millones de pesos que llevaba en un maletín para pagarles a los trabajadores de un proyecto social.
La actuación policial fue soportada con el supuesto de que el detenido había ayudado al soldado Orozco Zambrano a escapar, pero no había fundamento ni sustento para tal afirmación, por lo que fue dejado en libertad.
Adicionalmente, no se hizo referencia del dinero ni se puso a disposición de la Fiscalía. A la fecha no ha sido devuelto al líder indígena y se desconoce su paradero.
Capturado exalcalde de Segovia (Antioquia) que estaría implicado en homicidio de líder sindical.
El crimen fue ejecutado por integrantes del extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), por las continuas denuncias que realizaba en contra de la extracción ilegal de minerales.
Ante la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición el exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, capturado por unidades de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla (Atlántico), para atender una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por la presunta participación en el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, en Segovia.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Los elementos materiales probatorios indican que Rodríguez Luján estaría implicado en la planeación del ataque sicarial en contra de Olarte Gaviria.
Integrantes de una estructura armada del denominado Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta y le dispararon hasta causarle la muerte.
El líder social habría sido atacado en retaliación por las continuas denuncias que hacía sobre minería ilegal en el nordeste antioqueño, en su condición de excabildante y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica) Seccional Segovia.
Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.
Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento a Erik Stiven Socha Galvis y Duber Arley Ramírez Barón, por su presunta participación en el hurto a una mujer, bajo la modalidad de raponazo, en Yopal (Casanare).
Un fiscal de la Seccional Casanare, les imputó el delito de hurto agravado, luego de que fueran capturados en flagrancia por parte de personal de la Policía Nacional, el pasado 31 de diciembre.
Los hechos ocurrieron en una vía pública, cuando los procesados que se movilizaban en una motocicleta se apoderaron del bolso y sus pertenencias, entre ellas un celular y dinero en efectivo.
Las autoridades incautaron el vehículo que habría sido utilizada para el ilícito.
Por decisión del juez, los hoy imputados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Condenado a siete años de prisión funcionario judicial que ordenó la libertad de un hombre que habría asesinado a una mujer
El servidor público omitió elementos materiales probatorios durante una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, en el marco de un proceso judicial por homicidio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, demostró en juicio que el exfiscal tercero de la Seccional Caquetá, Diego Francisco Mosquera Rodríguez, actuó contrario a la ley al solicitar la libertad de un hombre capturado por causarle la muerte a una mujer el 25 de junio de 2017, en el barrio Las Avenidas, en Florencia (Caquetá).
Durante las audiencias preliminares el servidor judicial incurrió en distintas actuaciones contrarias a su deber y no presentó al juez de control de garantías elementos materiales probatorios que daban cuenta de la configuración del delito de homicidio agravado.
En ese sentido, retiró la solicitud de imposición de la medida privativa de la libertad en contra del procesado. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá) sentenció a Mosquera Rodríguez a 7 años de prisión y lo declaró responsable del delito de prevaricato por acción agravado.
Asimismo, le impuso una multa equivalente a 149.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y una inhabilidad de 9 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El fallo decretó como pena accesoria de pérdida del cargo como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Florencia.
La decisión conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
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