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Desmantelada peligrosa red de explotación sexual

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Descubierta red delictiva señalada de explotar sexualmente a menores de edad en un establecimiento de comercio en Santander

Seis de los presuntos integrantes de la organización fueron capturados y judicializados. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

En un establecimiento nocturno de Piedecuesta (Santander), una red delictiva explotaba sexualmente a menores de edad en situación de vulnerabilidad que eran contactadas y atraídas a través de redes sociales con ofrecimiento laborales y altas remuneraciones económicas.

Niñas y adolescentes que creyeron en las ofertas y acudieron al lugar fueron alojadas en el sitio e inducidas a ejercer actos de tipo sexual a cambio de pagos que oscilaban entre los 40.000 y 50.000 pesos.

El dinero en realidad no lo recibían porque debían destinarlo para cubrir multas que les imponía la organización ilegal por proporcionarles hospedaje, alimentación, entre otros conceptos.

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En el curso de la investigación se conoció que, para evadir los controles de las autoridades y evitar ser detectadas, las menores de edad recibían documentos de identidad nuevos en los que aparecían como mujeres mayores de 18 años.

Seis de los presuntos involucrado en esta actividad ilícita fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías.

Se trata de Jeison Eduardo Morales Moreno, Marisol Carrillo Villamizar, Carlos Antonio Ruiz Crespo, Yosbelys Carolina Alvarado Rodríguez, Johnny Alexánder Lucena Díaz y Sergio Luis Andrade Retamoza.

Un fiscal de la Seccional Norte de Santander, destacada para la lucha contra la trata de personas, les imputó los delitos de trata de personas y proxenetismo con menor de edad.

Adicionalmente, a los dos últimos procesados les formuló cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Estas cinco personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Son unos monstruos

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Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.

Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).

Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.

Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba. 

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A la cárcel cinco presuntos integrantes de ‘Los Mexicanos’ por fleteo en Chocó

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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.

Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.

De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.

Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.

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Judicial

Urólogo bajo investigación por denuncias de pacientes

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Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.

De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.

Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.

El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.

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