Sus integrantes habrían constituido sociedades comerciales para montar parqueaderos y recibir automotores afectados judicialmente, sin tener la autorización para prestar ese servicio. De esta manera presuntamente se apoderaron de, por lo menos, 13 carros. Sincelejo (Sucre), 19 de febrero de 2025.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red delincuencial señalada de hurtar vehículos embargados en medio de procesos civiles para posteriormente comercializarlos a terceros interesados en diferentes municipios de Sucre y Cesar.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los integrantes de esta estructura ilegal se habrían articulado para constituir sociedades comerciales y abrir dos parqueaderos en Sincelejo, que les sirvieron para recibir automotores inmovilizados y afectados en procesos judiciales, cuando en realidad no tenían autorización para prestar este servicio.

Una vez tenían los bienes en su control presuntamente se apoderaban de estos y los vendían a ciudadanos que los adquirían de buena fe y desconocían su origen. De esta manera, al parecer, se apropiaron y sacaron provecho económico sobre 13 vehículos.

En una primera fase investigativa fueron capturados cuatro particulares, en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional. Se trata de William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias.

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Por su parte, Carlos Enrique Campo Salina se presentó de manera voluntaria ante las autoridades. Estas personas fueron presentadas ante un juez penal de control de garantías y un fiscal de la Seccional Sucre les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado.

Tres de los procesados aceptaron cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria.

Condenados exintegrantes del bloque oriental de la extintas FARC EP por secuestros, homicidios, desplazamientos y otros hechos criminales perpetrados entre 1995 y 2005

Los sentenciados son cabecillas y guerrilleros rasos que se postularon a la Ley de Justicia y Paz.

Luego de valorar los argumentos y pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc EP, que tuvo injerencia en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.

Se trata del excabecilla de una estructura armada, Efraín Quiñones Barreiro; el articulador principal de un componente financiero, César Díaz; un hombre que realizaba actividades de inteligencia, identificado como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; y dos guerrilleros rasos, Daniel Zarate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.

A estas personas se les atribuyen 44 hechos criminales ocurridos entre 1995 y 2005, los cuales dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.

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Entre los casos que motivaron la sentencia está el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto (Meta) y su familia en 2002; y el secuestro del exalcalde de Chiscas (Boyacá), el 17 de abril de 2002.

El entonces mandatario fue retenido por tres días en medio de cuestionamientos por desatender una instrucción del grupo armado ilegal que prohibió y ejerció presiones para que no se realizaran elecciones en el municipio.

De igual manera, está el secuestro de un agente de la Policía Nacional, durante una incursión violenta al casco urbano de El Espino (Boyacá), el 9 de junio de 1999.

El uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc EP acordaban un denominado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, que se materializó en junio de 2001. L

a condena precisa que los cinco postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión, multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena, con la alternativa que contempla la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo.

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Cuatro presuntos integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico transnacional fueron capturados con fines de extradición, señalados de movilizar cargamentos de clorhidrato de cocaína desde distintas zonas de producción ilegal en Colombia hacia puntos costeros, desde donde se coordinaba su envío a destinos internacionales.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), logró la captura de los ciudadanos Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Mario Fernando Henríquez Gómez, Isaac Gabriel Barrios Pana y Reinaldo Rafael Castellar Carmona.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Rionegro (Antioquia), San Jacinto (Bolívar), Riohacha (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de una solicitud formal de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida, que los requiere por cargos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, los capturados serían responsables de obtener cargamentos de cocaína en zonas de producción ilegal, coordinar su traslado hasta puntos estratégicos del Caribe colombiano —especialmente en La Guajira— y asegurar su salida en lanchas rápidas con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Para el desarrollo de estas actividades, habrían establecido alianzas criminales con estructuras del ELN y del ‘Clan del Golfo’.

La Fiscalía indicó que a Gustavo Adolfo Gallego Bedoya se le atribuye el contacto con organizaciones narcotraficantes de México, Honduras y Jamaica, mientras que los demás implicados estarían vinculados al almacenamiento de la droga, la definición de rutas marítimas, el soporte logístico y el abastecimiento de las embarcaciones y sus tripulaciones.