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Condenados por trata de personas

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Condenados responsables de explotación sexual de jóvenes colombianas que eran entregadas a red criminal en Grecia.

Estas personas captaron a jóvenes en Medellín con falsas promesas de empleo, para que después fueran víctimas de esta red que opera en Europa.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que Juan David Ceballos Madrid y Paola Andrea Acevedo García, aceptaran mediante preacuerdo su responsabilidad en la explotación sexual de jóvenes colombianas en Grecia.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y los condenó a 6 años y 7 meses de prisión, por el delito de trata de personas.

Adicionalmente Ceballos Madrid fue sentenciado por los ilícitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

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Las actividades investigativas desplegadas, establecieron que estas personas eran las encargadas de contactar a mujeres con dificultades económicas y en situación de vulnerabilidad en Medellín (Antioquia), y ofrecerles falsas ofertas laborales para trabajar en restaurantes y sitios públicos en este país europeo.

Al llegar a su destino, les quitaban los documentos personales, las retenían y les notificaban de una supuesta deuda que oscilaba entre 3.400 a 3.600 euros, por concepto de tiquetes, alojamiento y manutención.

Estos dineros debían pagarlos ejerciendo actividades sexuales.

La Fiscalía asoció las denuncias de nueve mujeres entre 2023 y 2024, que fueron contactadas por los hoy condenados y que mediante engaños se convirtieron en víctimas de esta red de explotación sexual.

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A la cárcel por tráfico de estupefacientes en Mitú

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Frank Alberto Delgado Patria, Geovanny Martínez Trujillo y Cristian Mauricio Rodríguez Castillo; presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Mensajeros, que, al parecer, trasladaban estupefacientes desde Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander hacia Mitú (Vaupés).

Un fiscal de la Seccional Vaupés les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y falsedad personal.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados. De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2023, estos hombres, al parecer se concertaron para contactar proveedores de estupefacientes en Valle del Cauca, Meta y Norte de Santander.

Después, presuntamente, trasladaban las sustancias ilícitas ocultas en electrodomésticos y panelas de jabón hasta la capital de Vaupés.

Para el transporte de los estupefacientes, al parecer, utilizaban empresas de carga y mensajería. Una vez en Mitú, eran reclamados por personas, que simulaban ser los remitentes de la mercancía. En Mitú, los hoy procesados se encargarían de la dosificación, distribución y venta de las sustancias ilícitas.

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A la cárcel por cazadores

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Hombres señalados de caza ilegal de fauna silvestre en Neiva fueron asegurados en centro carcelario.

Los procesados, al parecer, transportaban a un ave muerta, cuatro perros adiestrados para cazar, una escopeta y munición.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeferson Sánchez Perea, Hugo Fernely Sánchez Perea e Isauro Claros Oviedo, quienes estarían involucrados en la muerte de animales silvestres en Neiva (Huila), mediante la caza ilegal.

El pasado 10 de julio, en una vía del corregimiento de Vegalarga en Neiva (Huila), los procesados fueron requeridos por las autoridades en un puesto de control instalado en el momento que se desplazaban en un motocarro.

Al adelantar la inspección del automotor, habrían sido encontradas un ave guacharaca muerta, cuatro caninos entrenados para labores de caza, una escopeta y tres cartuchos. Los presuntos responsables fueron capturados en flagrancia.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Huila, les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y por disposición del juez deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Caen 4 infiltrados de las FARC

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Golpe a red de apoyo de las disidencias de las FARC que se encargaría de captar información confidencial sobre operativos de las fuerzas militares en Meta y Boyacá.

Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.

En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.

Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.

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A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.

El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.

Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.

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Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.

El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.

En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.

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