Judicial
Condenado a 40 años exparamilitar
Condenado a 40 años de prisión exparamilitar involucrado en el crimen y desaparición de siete integrantes del CTI en Cesar.
Las víctimas hacían parte de una comisión que realizaba una diligencia judicial en zona rural de La Paz (Cesar).
Hombres armados las abordaron, sometieron y asesinaron sin que hasta el momento se conozca la ubicación de los cuerpos.
Una estructura armada del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interrumpió la diligencia de exhumación que realizaba una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una finca del corregimiento Minguillo, en zona rural de La Paz (Cesar).
Ese 9 de marzo de 2000, en medio de amenazas, los siete funcionarios fueron trasladados a un lugar despoblado, atacados con armas de fuego y sus cuerpos desaparecidos.
Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que Óscar Darío Cuadrado fue uno de los paramilitares que intimidó a las víctimas y las trasladó al punto donde fueron asesinadas.
En ese sentido, un juez penal especializado de Valledupar (Cesar) lo condenó a 40 años de prisión por los delitos de homicidio y desaparición forzada.
La sentencia también impone una multa equivalente a 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por 18 años.
Oscar Darío Cuadrado se desmovilizó junto a otros señalados integrantes del extinto Bloque Norte de la AUC el 10 de marzo del 2006.
En octubre de 2021, fue capturado y vinculado formalmente por el crimen y desaparición de los servidores del CTI en La Paz (Cesar), en atención a los parámetros establecidos en la Ley 600 de 2000.
Desde entonces permanece privado de la libertad.
La investigación indica que el crimen fue ejecutado en su momento por instrucción expresa de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; y Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias Tigre, cabecillas del Bloque Norte de las AUC. El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Asegurados dos hombres señalados de abusar sexualmente a menores de edad en Meta.
Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta), 28 de abril de 2026
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, quienes, en hechos diferentes, presuntamente agredieron sexualmente a dos menores de edad, en Villavicencio y Puerto Gaitán (Meta).
Fiscales de la Seccional Meta les imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.
Uno de los casos, ocurrió en Villavicencio (Meta), en diciembre de 2024, cuando el procesado se habría aprovechado de la convivencia con la madre de la víctima, de 11 años, para abusarla sexualmente, además la amenazó de muerte si contaba lo sucedido.
Este hombre fue capturado por la Policía Nacional, en vía pública de Puerto Gaitán (Meta). Por otra parte, el segundo hombre fue capturado en flagrancia en Puerto Gaitán (Meta) el pasado 18 de abril, cuando, presuntamente, accedió sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 6 años, mientras, supuestamente, la cuidaba.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Mexicanos, quienes estarían involucrados en al menos 89 hurtos bajo la modalidad de fleteo cometidos en Quibdó y otros municipios del departamento entre 2023 y 2025.
Los procesados fueron identificados como Jhonathan David Romaña Pérez, Angie Meliza Maquilón Chaverra, alias La Sobrina; Luis Miguel Mosquera Quejada, alias Miguelito; Jhon Alexander Moreno Córdoba, alias Santiago; y Jesús Arley Pandales Valencia, alias Sensey. Según la investigación, estas personas cumplían distintos roles dentro de la organización criminal, como marcadores, encargados de identificar a las víctimas en entidades bancarias; seguidores, que realizaban labores de vigilancia; y ‘tomadores’, quienes ejecutaban los asaltos.
De acuerdo con las autoridades, los implicados coordinaban las acciones delictivas mediante sistemas de mensajería de redes sociales y habrían logrado apropiarse de más de 7.800 millones de pesos.
Las capturas se llevaron a cabo en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional de Colombia en Quibdó y Medellín. Posteriormente, un fiscal especializado les imputó delitos como concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Con este resultado, ya son 31 los presuntos integrantes de esta estructura criminal judicializados por su posible participación en casos de fleteo en el departamento del Chocó.
Un médico especialista en urología quedó en el centro de la atención judicial en Medellín tras la recopilación de múltiples denuncias de mujeres que acudieron a consulta. La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso contra Alberto Posada Peláez, a partir de señalamientos que evidenciarían un comportamiento reiterado en su consultorio.
De acuerdo con la investigación, el profesional habría citado a sus pacientes, realizado comentarios de carácter íntimo y solicitado que se cambiaran de ropa bajo el argumento de practicar chequeos médicos. Varias de las denunciantes coinciden en describir situaciones similares ocurridas durante las consultas.
Las autoridades consideran que el médico habría aprovechado su posición, conocimiento y la confianza depositada por quienes acudían a su atención.
El hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sur de la ciudad y presentado ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
La investigación sigue en curso y busca establecer si existen más personas que no han presentado denuncias hasta el momento.
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