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Clan del Golfo pierde 32 bienes

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• Los bienes afectados superarían en valor los 17.500 millones de pesos, y habrían sido adquiridos a través de algunos de sus familiares y allegados.

• A esta persona se le atribuye el blanqueo de, por lo menos, 65.000 millones de pesos. Por petición de la Fiscalía el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria.

En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.

Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).

Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración. Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.

Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.

En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel  el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20. De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello.

Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Cárcel para un corrupto más en Colombia

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Ottomar Lascarro Torres condenado a más de 12 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘centros poblados’

Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural. 

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas. 

En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.

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De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.

Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

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Estaban cazando a este depravado

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Asegurado en centro carcelario hombre señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad.

El procesado habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de Cristian Gerardo García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.

Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este hombre, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.

Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar).

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En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).

Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años. 

El procesado no aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.

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Cae dura condena contra alias “Julito” por masacre que estremeció a Barranquilla

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Un juez penal condenó a 60 años de prisión a Julio César de la Hoz Román, conocido como alias “Julito”, por su participación en el ataque armado que dejó seis personas muertas y tres más heridas en el barrio Las Flores, en Barranquilla.

La decisión se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que señaló al condenado como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Costeños”.

De acuerdo con la investigación, alias “Julito” habría realizado labores de seguimiento y vigilancia para identificar a las víctimas y establecer la ruta de escape que usarían los atacantes antes de la incursión armada ocurrida el 12 de septiembre de 2022 en un establecimiento comercial del sector.

Las autoridades indicaron que, una vez recopilada la información, el hoy condenado llegó al lugar junto con hombres armados y participó en el ataque indiscriminado contra varias personas que se encontraban departiendo en el sitio.

La Fiscalía también estableció que la acción violenta habría sido ordenada por cabecillas de “Los Costeños” en medio de disputas criminales por el control de actividades ilícitas en distintos sectores de la ciudad.

Por estos hechos, Julio César de la Hoz Román fue hallado responsable de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. La pena deberá cumplirla en centro carcelario.

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La sentencia es de primera instancia y aún puede ser apelada por la defensa.

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