Judicial
Clan del Golfo pierde 32 bienes
• Los bienes afectados superarían en valor los 17.500 millones de pesos, y habrían sido adquiridos a través de algunos de sus familiares y allegados.
• A esta persona se le atribuye el blanqueo de, por lo menos, 65.000 millones de pesos. Por petición de la Fiscalía el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria.
En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración. Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20. De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello.
Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.
Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander
Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).
Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.
Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.
La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.
En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años
Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.
Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.
Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.
La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.
Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.
El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.
El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.
Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.
Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.
Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.
La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.
La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.
Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.
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