Judicial
Clan del Golfo pierde 32 bienes
• Los bienes afectados superarían en valor los 17.500 millones de pesos, y habrían sido adquiridos a través de algunos de sus familiares y allegados.
• A esta persona se le atribuye el blanqueo de, por lo menos, 65.000 millones de pesos. Por petición de la Fiscalía el procesado fue cobijado con medida de aseguramiento carcelaria.
En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya; una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del ‘Clan del Golfo’.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 17.500 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y la Policía Nacional en Medellín, Envigado, Turbo, Apartadó, Santa Rosa de Osos, Bello y Abejorral (Antioquia).
Los bienes afectados están representados en inmuebles, establecimientos de comercio, sociedades, cuentas bancarias y certificados de depósito.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá su administración. Las maniobras por las que ‘Soya’ fue enviado a la cárcel Las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos.
Para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades.
En ese sentido, se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20. De otra parte, los análisis patrimoniales evidenciaron inconsistencias en las declaraciones tributarias de Cardona Bello.
Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.
Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.
Judicializados presuntos responsables de crimen de dos menores de edad en Malambo (Atlántico).
Las víctimas de 14 y 17 años fueron encontradas sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego y signos de asfixia.
Las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación por el crimen de dos hermanas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 28 de febrero en zona rural de Malambo (Atlántico), permitieron identificar y judicializar a Juan David Taboada Olivera y a un joven de 17 años.
Los hoy procesados habrían retenido, mantenido en cautiverio y causado la muerte a las víctimas el pasado 18 de febrero.
Tras cometer el crimen, al parecer, enviaron a la mamá mensajes en los que exigían 50 millones de pesos por una liberación que nunca llegaría.
Los elementos materiales probatorios indican que el joven infractor presuntamente disparó contra la menor de las víctimas.
Posteriormente, junto con Taboada Olivera, habrían asfixiado a la hermana mayor, ocasionándole la muerte.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad Penal para Adolescentes (URPA) y un fiscal especializado de la Seccional Atlántico les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, el adolescente deberá cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.
La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para Taboada Olivera, petición que será resuelta por un juez penal de control de garantías el próximo 17 de marzo.
Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragán por presuntamente direccionar un contrato en favor de una persona cercana.
El funcionario habría ordenado al presidente de una empresa filial a la estatal petrolera asignar un proyecto gasífero en La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó al presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones distintas realizadas entre agosto y septiembre de 2024, habría ordenado al presidente de una filial de la estatal petrolera asignar a una persona específica el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira.
En atención a esa directriz, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado.
Delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y otros trámites, sin que finalmente se concretara el contrato por suspensión de la iniciativa.
La presunta intervención ilegal de Roa Barragán estaría relacionada con el posible interés que tenía en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, el cual le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses.
El presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo que le formuló una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Afectado grupo delincuencial señalado de diseñar huellas decadactilares de látex para suplantar personas y solicitar créditos de manera fraudulenta.
Seis personas fueron judicializadas, entre ellas la asesora de una entidad bancaria. Ibagué (Tolima), La Fiscalía General de la Nación identificó a seis presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado ‘Los Látex’, señalado de suplantar personas para obtener créditos de manera fraudulenta en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta) e Ibagué (Tolima), entre otras ciudades del país.
Se trata de Hermelinda Martínez, Javier García Ortiz, Jeiner Alfredo Comas Rodríguez, Horacio Rafael Sining, José Armando Baquero Sánchez y Lina María Rey Morales.
Estas personas habrían cumplido diferentes roles ilícitos como la recopilación de datos de las víctimas y de las cartas dactilares que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esta información, presuntamente elaboraban huellas de látex y cédulas falsas con las fotografías de los posibles integrantes de la red delincuencial, con el propósito de superar los controles biométricos de entidades financieras.
De esta manera, Rey Morales, quien se desempeñaba como asesora en un banco, al parecer, facilitaba la aprobación de las tarjetas de crédito y otros productos.
La labor investigativa permitió conocer y asociar 25 hechos delictivos en los que fueron apropiados 274 millones de pesos mediante compras, retiros y avances en cajeros automáticos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con las presuntas responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto y acceso abusivo a un sistema informático.
Cuatro de los procesados aceptaron cargos.
Por disposición de un juez de control de garantías todos deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
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