Judicial
Cayeron “Los Madereros II”
Fiscalía pone en evidencia a los señalados articuladores de la deforestación en el parque natural cueva de los guácharos en Huila
Seis personas que tendrían roles específicos en la tala de especies protegidas y la comercialización de la madera fueron judicializadas.
DEBERÁN CUMPLIR CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO.
La pérdida acelerada de vegetación nativa y los parches de deforestación en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, ubicado entre Pitalito y Acevedo (Huila), fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que contó con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.
Luego de varias verificaciones en el terreno y monitoreos, y otras actividades desplegadas, fueron identificados seis de los presuntos articuladores de la obtención de madera en el área de reserva forestal y su comercialización.
Los elementos de prueba indican que serían los responsables de la tala acelerada de roble blanco y roble negro, especies vegetales amenazadas, y de afectar el hábitat de animales como el mono tití y la rana de cristal, que se encuentran en peligro de extinción.
Estas personas harían parte de una red delictiva conocida como ‘Los Madereros II’. Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, deforestación, daño en los recursos naturales y concierto para delinquir.
Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento, uno de ellos en centro carcelario. Entre los afectados con la decisión está Milton Guevara Yate, quien era el cabecilla de la organización.
Este hombre había sido condenado por estas conductas ilícitas; sin embargo, continuaría dedicándose a la tala, transporte y venta de material maderable.
Los otros investigados son Jesús Hernando Paz Ojeda, Norberto Andrade Narváez y Willington Toro Ojeda, señalados aserradores, encargados de obtener la madera en el Parque Nacional Natural; Obdulia Yaneth Ojeda Guevara, quien estaría implicada en la venta del producto; y Diego Andrés Alzate Torres, presunto responsable del transporte de los listones de madera a diferentes establecimientos de comercio.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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