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Cayeron lavadores de dinero del narcotráfico

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Fiscalía impacta a ‘Los del sur’, la red delictiva señalada de lavar más de 6.000 millones de pesos del narcotráfico.

Ocho de los presuntos integrantes fueron capturados y dos más, entre ellos el señalado cabecilla conocido con el alias de Poporro fueron notificados en centros carcelarios.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas ocho personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga.

En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), fueron incautados celulares, armas de fuego y 160 millones de pesos.

Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas 10 personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

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Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación.

Los elementos materiales probatorios indican que alias Poporro habría constituido un entramado que le permitió dar apariencia de legalidad a algo más de 6.000 millones de pesos, mediante inversiones en bienes raíces, compra de inmuebles y adquisición de vehículos de gama alta, entre otras actividades financieras.

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Por fin llegó la justicia para Jorge Luis Solano

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Condenado a 39 años de prisión hombre que participó en el crimen de un representante de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander

Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por su rol de defensor de derechos humanos y las continuas denuncias que hacía de malversación de recursos públicos en Ocaña (Norte de Santander).

Ante los argumentos presentados en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Cúcuta condenó a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, alias Mingui, a 39 años de prisión por participar en el crimen del defensor de derechos humanos, Jorge Luis Solano Vega, ocurrido en Ocaña (Norte de Santander), el 3 de noviembre de 2020.

Por estos hechos fue declarado responsable de los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

La víctima, que se desempeñaba como presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, fue atacada por hombres armados que la interceptaron frente a su lugar de residencia, ubicado en el barrio Miraflores.

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Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) estableció que alias Minguí se concertó con otras dos personas para planear la acción sicarial, y fue el encargado de identificar la vivienda del defensor de derechos humanos, conseguir el arma utilizada y repartir el dinero que pagaron por ejecutar el crimen.

En el curso del proceso se determinó que Jorge Luis Solano Vega fue asesinado por el rol social que ejercía y por las denuncias de irregularidades de contratación que hacía en el municipio.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

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Judicial

A la cárcel presunto pedófilo en Yopal

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En Yopal fue enviado a la cárcel un hombre que habría abusado sexualmente de dos menores de tres años

Servidores del CTI incautaron equipos de cómputo en los que aparecerían imágenes con contenido sexual explícito.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (Caivas) de la Seccional Casanare, presentó ante un juez con función de control de garantías de Yopal a Humberto Moreno Montealegre, presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas; y pornografía con persona menor de 18 años.

Los hechos investigados sucedieron entre el 11 de septiembre y el 11 de noviembre de 2024, cuando dos hermanas de tres años fueron agredidas sexualmente, al parecer, por el procesado.

La Fiscalía determinó que las dos niñas habrían sido grabadas por el supuesto agresor y almacenaba los videos en su residencia.

Durante el allanamiento fueron incautados tres computadores, dos celulares, varias tarjetas sim de diferentes operadores, discos duros, una tableta, dispositivos en los que se cree eran almacenados videos donde se presume, aparecen las menores.

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados del Gaula Ejército, quienes llegaron a su vivienda, ubicada en Yopal.

El procesado no aceptó los cargos imputados en su contra, no obstante, el juez acogió todas las pretensiones del ente acusador y le impuso medida carcelaria en su contra.

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Venezolana engañaba a otras mujeres de su país

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Judicializada ciudadana extranjera señalada de engañar mujeres, convencerlas de viajar a Colombia y obligarlas a ejercer actividades sexuales y de mendicidad.

Las víctimas llegaban a Medellín con la idea de trabajar en una confitería; sin embargo, eran retenidas en un inmueble.

Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a María Alejandra Brancho Sulbarán, una ciudadana venezolana señalada de engañar a jóvenes de su país, convencerlas de viajar a Colombia con ofertas laborales falsas y obligarlas a ejercer actividades sexuales o de mendicidad en Medellín (Antioquia).

Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó a la mujer el delito de trata de personas con fines de mendicidad ajena y explotación sexual, el cual fue aceptado.

Por su parte, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Uno de los eventos delictivos acreditados hasta el momento ocurrió entre marzo y abril de 2022.

La hoy procesada contactó por redes sociales a una joven y la indujo a viajar a Colombia para supuestamente trabajar en una confitería.

La víctima y su compañera sentimental se trasladaron a Medellín. Sin embargo, tan pronto llegaron fueron encerradas en un inmueble del barrio Robledo Aures y en medio de amenazas presionadas para que realizaran actos de mendicidad y una de ellas fue obligada a que atendieran servicios sexuales en municipios del oriente antioqueño.

Luego de dos semanas de sometimiento, las dos mujeres escaparon y denunciaron a su presunta agresora, de 40 años.

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