Judicial
Cárcel por chiviar documentos para migrantes
• Cuatro funcionarios, entre ellos el registrador municipal de La Paz (Cesar); un ciudadano dominicano y otras cinco personas harían parte del entramado ilegal.
• Este grupo concentraba su actuar delictivo en Cesar, y tenía injerencia en Risaralda, Nariño, Valle del Cauca, Atlántico, Sucre y en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías argumentos y elementos de prueba que dan cuenta de la existencia de una red delincuencial, conformada por funcionarios y particulares, señalada de tramitar y obtener irregularmente documentos de identidad para migrantes que buscaban permanecer transitoriamente en el país o salir con la fachada de ciudadanos colombianos rumbo a Estados Unidos y distintos destinos de Europa.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a 10 señalados integrantes de esta estructura, conocida como ‘Granada’, los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático y obtención de documento público falso.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son el registrador municipal de La Paz (Cesar), Oswald Morales López; y otros funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificados como Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judith Maury Rojas y Leonel Agudelo Restrepo.
Asimismo, están Jorge Iván Ramírez Mosquera, alias Granada, presunto cabecilla; Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, Fakerson Gutiérrez Pérez, Franckin de Jesús Suárez Amaya y el ciudadano dominicano Jorge Aníbal Duluc Gaslin, quien sería el encargado de contactar a otros extranjeros para ofrecerles los servicios ilícitos.
Este grupo de alcance trasnacional concentraba su actuar delictivo en Valledupar (Cesar), y tenía injerencia en Bogotá, Pereira y La Virginia (Risaralda), Pasto (Nariño), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Sincelejo (Sucre).
Al parecer, por cifras que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 dólares, facilitaba el ingreso al país de migrantes de diferentes nacionalidades, y les proporcionaba transporte, alojamiento y alimentación.
Simultáneamente, les gestionaba documentación espuria, como actas de bautismo, registros civiles, cédulas de ciudadanía, de tal manera que los extranjeros adquirían la fachada de ciudadanos colombianos y podían solicitar el pasaporte, visas a Estados Unidos y se movían sin mayores restricciones en su propósito de instalarse en Norteamérica o Europa.
Los presuntos integrantes de ‘Granada’ fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional y Migración Colombia, en Valledupar y La Paz (Cesar), Cartagena (Bolívar), Pereira y La Virginia (Risaralda).
En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, tres computadores portátiles, tres documentos de identidad, dos pasaportes, un registro civil, entre otros documentos de identificación.
Radicado escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, señalado cabecilla de una red que favorecía el contrabando.
Deberá responder en juicio como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o Hugo, señalado articulador principal de una red delictiva dedicada al ingreso de mercancía de contrabando al país y corromper funcionarios públicos para facilitar su actuar ilegal.
La diligencia de formalización de la acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer se realizará en la fecha que disponga el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogotá, que le correspondió por reparto el proceso.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Marín Buitrago habría favorecido el contrabando de cigarrillos, licores, textiles, zapatos y cacharrería por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Cartagena (Bolívar).
Adicionalmente, estaría involucrado en la entrega de 13 millones de pesos en efectivo y un celular de alta gama a tres oficiales de Policía Nacional, y sería el responsable de auspiciar encuentros en los que terceras personas ofrecieron a distintos funcionarios dádivas representadas en el pago de arriendo de un apartamento en Cartagena, la entrega de una camioneta, dos celulares de última generación y 902 millones de pesos.
El 24 de enero del año en curso una juez de control de garantías de Bogotá declaró en contumacia al hoy procesado, luego de no atender tres citaciones y manifestar su intención de no comparecer ante la justicia colombiana.
Posteriormente, el pasado 4 de febrero, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.
Fiscalía afecta a red delictiva señalada de gestionar visas estadounidenses con información falsa.
Tres de los presuntos integrantes fueron judicializados. Serían los responsables de crear perfiles con información laboral y financiera falsa para inducir en error a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, los presuntos integrantes de una red delictiva con injerencia en la Costa Atlántica que sería la responsable de gestionar visas estadounidenses con información falsa de los aspirantes.
Una fiscal del Grupo de Tráfico de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hoy procesados estarían involucrados en, por lo menos, cinco eventos delictivos ocurridos entre 2023 y 2024.
Al parecer, contactaron a ciudadanos residentes en Barranquilla (Atlántico) y, a cambio de sumas que ascendían a 800.000 pesos, les garantizaron la obtención o renovación de visas de turista a Estados Unidos.
Para este propósito habrían elaborado perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes, y plasmado en los formularios datos que no correspondían a la realidad, como altos ingresos, titularidad sobre bienes y negocios entre otras inconsistencias.
De esta manera, fueron inducidos en error los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, quienes tramitaron y en algunos casos alcanzaron a autorizar la expedición de las visas.
Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
El homicidio estaría relacionado con las acciones violentas de intimidación y control que ejerce el grupo delincuencial ‘Los Mexicanos’.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Eccehomo Córdoba Mena, alias Juanma, por su presunta participación en el crimen del líder social Jackson Emilio Romaña Cuesta, ocurrido el 21 de febrero de 2024, en el barrio Obrero de Quibdó (Chocó).
La investigación da cuenta de que el hoy procesado habría realizado labores de vigilancia y proporcionado información para la ejecución de la acción sicarial.
Con esos detalles, un grupo de hombres armados incursionó en el sector, derrumbó las puertas de varias viviendas, ingresó al lugar de residencia de la víctima, quien estaba descansando, y le propinó varios disparos que le ocasionaron la muerte.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a alias Juanma los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios indican que el crimen estaría relacionado con diferentes actos de intimidación y presión a las comunidades promovidos por la estructura delictiva ‘Los Mexicanos’ para ejercer control de las rentas ilícitas en diferentes zonas de Quibdó.
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